Con el proyecto Sogamoso UPME 01-2013, que busca transportar energía desde Lebrija (Santander) hasta Soacha (Cundinamarca), el Grupo de Energía de Bogotá pretende instalar 864 torres de alta tensión con una línea de transmisión de 500 kilovoltios (el máxima voltaje en el país) a lo largo de más de 300 kilómetros.

La ruta propuesta por el grupo inversor, de ser aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), afectaría distintas zonas de reserva forestal y podría tener implicaciones en el sostenimiento del medio ambiente y en la salud de los habitantes de las zonas por intervenir.

Para socializar la propuesta se citó a un foro en el municipio de Bolívar, Santander, el pasado 13 de abril, al que no asistieron ni los representantes del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) ni el alcalde del municipio. Según el GEB, no fueron invitados formalmente al evento, por lo que no consideraron pertinente asistir.  En el evento, voceros de distintas organizaciones y campesinos de la región tomaron la palabra para expresar su desacuerdo con la y exponer las implicaciones que tendría.

Los riesgos y desventajas del proyecto

Según las organizaciones que intervinieron en el foro, los impactos de la instalación de redes de alta tensión no solo serían ambientales. La salud y el bolsillo de los habitantes de tres departamentos, por los que se prevé pasará el proyecto, también se verían afectados.

A pesar de que la ruta intervendría zonas forestales, el Grupo de Energía de Bogotá puede solicitar la sustracción, es decir, que los predios dejen de ser considerados protegidos, alegando que serán utilizados para el desarrollo de un proyecto energético en el que prima el bien común. Para la aprobación, el GEB no solo necesitaría el visto bueno de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), sino también tener derechos sobre los terrenos que serían utilizados y examinar el daño ambiental y el impacto en especies de flora y fauna que generaría.

El Grupo de Energía de Bogotá, encargado del proyecto, le explicó a Plaza Capital que “el proyecto UPME 01-2013 se desarrolla en el marco de la legalidad, por lo que ha realizado la identificación y evaluación de los impactos ambientales con el fin de planificar las medidas que buscan evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos que en las etapas del proyecto se pueden generar”. Además, afirman que están a la espera de la aprobación por parte de la ANLA para iniciar las obras correspondientes.

Según el ambientalista Mauricio Meza, especialista en Derecho Rural del Observatorio Mineroambiental de Santander, los campos electromagnéticos que se crean alrededor de las torres de conducción que instalaría el GEB pueden tener un alcance de cinco kilómetros. Meza advierte que la exposición continua a los campos electromagnéticos puede producir diferentes enfermedades.

Por su parte, el GEB explica que, aunque existen diferentes mitos alrededor de las líneas de alta tensión, como propietarios de instalaciones eléctricas “deben garantizar el cumplimiento de distintos manuales que tienen como objetivo proteger la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente”. También, explican que “para que el proyecto pueda entrar en operación, una vez sea construido, se hace la verificación de cumplimiento por un ente certificador”.

Para Gonzalo Romero, representante de la Organización para el Fomento Campesino, la servidumbre que plantea el GEB, que consiste en adquirir derecho legal sobre la tierra en donde se construirían las torres eléctricas o por donde pasarían las líneas de alta tensión,  afecta las construcciones y los proyectos productivos de los campesinos. Romero afirma que, como el acuerdo sería permanente, no se podrían realizar modificaciones, como la plantación de cultivos, corrales o casas en el terreno acordado con la empresa y sin que esta haya autorizado. Además, explica que en la zona rural del municipio, un alto porcentaje de la comunidad no cuenta con un título de propiedad y desconoce sus derechos frente a la posesión de la tierra.

Al respecto, el GEB señaló que “es importante aclarar que este tipo de proyectos no restringe las actividades agropecuarias, excepto en los casos en donde intervenga con los protocolos de seguridad que se establecen legalmente”. Según dichos protocolos, los campesinos no pueden tener construcciones bajo las líneas de transmisión o a menos de 30 metros de las torres de energía. Tampoco podrán sembrar cultivos que en estado adulto puedan interferir con los límites de altura especificados por la ley.

Las sillas vacías del Foro Ambiental

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad que presenta y adjudica los proyectos de redes de alto voltaje en el país, el Grupo de Energía de Bogotá es el encargado de adquirir la licencia ambiental, estudiar los planes de ordenamiento territorial de las regiones y socializar el proyecto a las comunidades.

Precisamente para esa socialización, el Comité Ambiental del municipio de Bolívar organizó el Foro Ambiental de Impactos de Redes de Alta Tensión, Títulos Mineros y Bloques Petroleros, al que aseguran haber convocado a representantes del GEB, la CAS, el gobierno municipal y diferentes organizaciones sociales de la región. Pese a la masiva asistencia de campesinos y residentes del casco urbano de Bolívar y de otros municipios de la provincia de Vélez, el personal del Grupo de Energía nunca se presentó para explicar el proyecto.

Plaza Capital consultó al GEB las razones para no asistir al evento y, según su respuesta, “a la fecha de la realización del foro, el Grupo de Energía de Bogotá no recibió invitación formal al evento”. Según voceros del Comité Ambiental de Bolívar, el personero del municipio, Miguel Torres, era el encargado de invitar formalmente a los funcionarios del GEB para que participaran en el foro.

De acuerdo con Torres, “ese mismo día se le había invitado al Grupo de Energía a un conversatorio en el que iban a exponer el proyecto, pero como se cruzaba con el foro, y en ese evento se iban a tocar temas distintos como títulos mineros y bloques petroleros, tuvimos que cancelar la reunión con el GEB”. El personero agregó que el próximo 25 de mayo se tiene programado un conversatorio para que el personal del GEB exponga el proyecto a la comunidad bolivarense.

Tampoco se contó con la presencia del alcalde del municipio de Bolívar, Adriano Jerez, quien “tuvo que viajar a la ciudad de Bucaramanga a su nombramiento en el comité de la CAS”, según explicó su secretario de gobierno, Daniel Santamaría. No obstante, la comunidad expresó que la falta de interés del alcalde en este tipo de proyectos es recurrente. “El año pasado le enviamos un derecho de petición con más de mil firmas solicitándole su posición frente a realizar o no la consulta minera y es la hora en que no nos ha respondido”, señaló Ana Rincón, vocera del Comité Ambiental de Bolívar.

¿Irregularidades antes de la puesta en marcha?

A pesar de que el proyecto hasta ahora está en fase de socialización –lo que significa que no ha recibido aprobación de la Corporación Autónoma de Santander (CAS) ni de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre otros trámites–,  en el municipio de Bolívar denuncian que el Grupo de Energía de Bogotá ya ha comprado algunos lotes a los campesinos. Según la delegación que la CAS envió al foro ambiental, “aún no existe un acuerdo con la empresa”, lo que hace cuestionar dichas compras.

Víctor Fernández, vocero de la Organización Ambiental Chinauta, le dijo a Plaza Capital que “no se entiende por qué la empresa tiene que estar comprando predios al día de hoy, si aún no tiene licencia ambiental ni ha sido aprobada”. Fernández, quien encabezó la oposición a un proyecto de características similares en Risaralda, también explicó que “es un mensaje de imposición que la empresa siempre marca. Ellos llegan agrediendo a las comunidades, diciendo que si no venden les expropian. Ellos asumen, como nos pasó en el Eje Cafetero, que el proyecto va a ser una realidad”.

Las compras de terrenos son confirmadas por Daniel Santamaría, secretario de gobierno del municipio, quien confirmó que “130 campesinos ya vendieron los terrenos, a pesar de que no ha existido una discusión del proyecto ni con la comunidad ni con la Alcaldía”. Según habitantes del pueblo, las ofertas oscilan entre los tres y los seis millones de pesos pero pueden ser menores o mayores dependiendo del título que se tenga sobre el predio.

El GEB niega haber realizado compras de predios, debido a que el proceso de adquisición en estos proyectos es diferente.  Explican que “los inmuebles que se encuentren afectados dentro del trazado de las líneas de transmisión podrán gravarse con servidumbre legal de energía eléctrica; lo cual no implica la compra de terreno o predios”. Admiten que sí existen negociaciones frente a los predios, debido a que ya han hecho socialización en varias veredas del municipio. Sin embargo, hasta el momento se está realizando el cálculo de las indemnizaciones que deberían pagar a los campesinos cuyos predios estén en la línea del proyecto.

La resistencia de la comunidad

A pesar de que el Foro Ambiental de Impactos de Redes de Alta Tensión, Títulos Mineros y Bloques Petroleros fue el primer espacio para que los actores institucionales se pusieran en diálogo con las organizaciones sociales y la comunidad, la oposición de los bolivarenses se puso de relieve durante todo el evento, llevado a cabo en el coliseo del municipio.

Una instalación en el centro del recinto mostró, simbólicamente, el interés de los pobladores por preservar los recursos naturales: sobre un pueblo árido (elaborado con materiales reciclables) pasaban unas torres de energía construidas con tallos de árboles, en cuyos cables colgaban calaveras. A la escena se sumaron dos jóvenes vestidas de indígenas, que eran perseguidas por un hombre disfrazado con una máscara que representa a la muerte.

En las gradas del coliseo sobresalieron pancartas de campesinos y estudiantes, que con mensajes alusivos al cuidado del medio ambiente, los riesgos de las redes de alta tensión y el rechazo de los proyectos de extracción minera y petrolera, le hicieron saber a los representantes de la Corporación Autónoma de Santander su desacuerdo con el proyecto.

Las listas de asistencia también mostraron el interés de la comunidad. “Alrededor de 800 personas han participado en este foro y se han tomado medidas y compromisos para defender nuestro territorio, por eso nos organizamos para decir 'no a las redes de alta tensión' y también 'no a la minería'”, señaló Samuel García, sacerdote del municipio de Bolívar, uno de los principales promotores del evento.

Al foro también fueron invitados los alcaldes de ocho municipios de la provincia de Vélez (al suroccidente de Santander), por donde pasará el proyecto energético. Aunque ningún mandatario asistió, desde municipios como Cimitarra, El Peñón, Vélez, entre otros, llegaron líderes ambientales que, luego del foro, se reunieron para consolidar la Agenda Ambiental de Santander, una propuesta que pretende hacerle frente a los proyectos mineroenergéticos y defender la preservación de los recursos naturales del territorio. De hecho, municipios cercanos como Jesús María y Sucre ya realizaron consultas populares en las que dijeron ‘No’ a estas iniciativas.