Menos de la mitad del periodo de gobierno le queda al presidente Iván Duque y a su Plan Nacional de Desarrollo ´Pacto por Colombia Pacto por la Equidad´ para que el 2022 parta en dos la historia de las mujeres en Colombia en lo que va del siglo, y se convierta en el año en que su participación en los cargos de poder del Estado sea del 50%.

En lo que va de 2021 ese porcentaje de nombramientos en los empleos del ejecutivo a nivel central, según una medición del Departamento Administrativo de la Función Pública que los califica como MND (máximo nivel decisorio) por corresponder a los cargos desde donde se adoptan y ponen en marcha las políticas más importantes del gobierno, es apenas del 38,3%. En las regiones es del 42,55%. Esto significa que el 61,7% de los jefes o altos funcionarios de entidades del gobierno del orden nacional son hombres. A nivel departamental y municipal esa cifra es del 58,46%.

Al ´Pacto por Colombia Pacto por la Equidad´, le antecedió el Conpes 3918, del 15 de marzo de 2018, que estableció en 44,5% el porcentaje de cumplimiento de la meta de equidad de género para 2019. La equidad de género hace parte de la preocupación mundial. En septiembre de 2015 la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la ´Agenda 2030´, que estableció, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promocionados desde el 2000 como Objetivos del Milenio, acciones para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Ya en la Cumbre de Rio + 20, de junio de 2012, Colombia impulsaba los ODS.

El quinto objetivo aboga por la igualdad de género y está pensado para que sea una realidad en 10 años (2030). “Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.

Los desafíos son grandes. De acuerdo con el Reporte Global de Brecha de Género (Global Gender Gap Report 2020) del Foro Económico Mundial, que cada año compara las estadísticas de igualdad y desigualdad en más de un centenar de naciones, se necesitarán 99,5 años, en promedio, para poner fin a esa diferencia en los 107 países evaluados desde la primera edición de 2006. Sin embargo, si se mantiene el ritmo actual y el cambio no es profundo, antes de dos siglos y medio el mundo no verá la paridad. Actualmente, Finlandia es el único país liderado por una mujer – primera ministra -, quien trabajará con una coalición compuesta por otras cuatro mujeres.

Aunque el reporte trae como dato esperanzador el hecho de que en 12 años se cerraría la brecha en el campo educativo, deja en claro que las siguientes cuatro generaciones no verán el empoderamiento político de la mujer.

“Sin la inclusión equitativa de la mitad del talento mundial, no seremos capaces de cumplir la promesa de la Cuarta Revolución Industrial para toda la sociedad, hacer crecer nuestras economías para una mayor prosperidad compartida o lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Al ritmo actual de cambio, llevará casi un siglo lograr la paridad, una línea de tiempo que simplemente no podemos aceptar en el mundo globalizado de hoy, especialmente entre las generaciones más jóvenes que tienen puntos de vista cada vez más progresistas sobre la igualdad de género”, precisa una de las conclusiones del informe.

Desde 2006 a hoy, Colombia ha experimentado importantes cambios llegando a la equidad en las categorías de logros educativos y salud y supervivencia, dos de las cuatro que mide el GGG Report, que clasificó al país en el puesto 22. Sin embargo, en cuanto participación y oportunidad económica y empoderamiento político, la inequidad sigue creciendo. Mientras en el 2006 ocupó los puestos 39 y 27 en esas clasificaciones, para 2020 cayó al 42 y al 33, respectivamente. 

Iván Duque es el presidente número 14 desde que las mujeres, el 1 de diciembre de 1957, ejercieron por primera vez el derecho al voto aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Su esposa Carola Correa de Rojas y su hija María Eugenia fueron las primeras en tener cédula y sufragar. En 63 años, los hombres han concentrado los cargos de poder en el ejecutivo nacional.

El presidente Duque sacó pecho en escenarios nacionales e internacionales por gobernar con un gabinete paritario y por contar con mujeres en la primera línea de la administración, como lo hizo en septiembre de 2018 ante la Asamblea de Naciones Unidas cuando anuncio que “la equidad que queremos construir ya está en marcha”, en la mitad de su mandato esa balanza se sigue desbalanceando.

Sin embargo, en 18 ministerios solo tiene 5 ministras, y para los cargos con mayor asignación salarial, algunos de los cuales superan, incluso, sus propios ingresos, como las direcciones de Colpensiones o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que rondan los $45 millones, la designación no ha recaído en ninguna líder o profesional destacada.

En la elección de los últimos ministros, el presidente no ha tenido en cuenta mujeres. El nuevo jefe de la cartera de Minas es Diego Mesa Puyo, el de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Escaf; el de Interior, Daniel Palacios y el de Cultura, Felipe Buitrago. Tras la muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, víctima del covid-19 fue desginado Diego Molano Aponte, quien venía de ser del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia – DAPRE. En su reemplazo asumió Víctor Muñoz, quien ejercía como Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como nuevo director de Parques Naturales fue nombrado el arquitecto, Orlando Molano, y como secretario Jurídico de la Presidencia, Germán Quintero.

Con esos nombramientos el mandatario habría desconocido el artículo primero y el parágrafo primero de su Decreto 455, del 21 de marzo de 2020, que señala: “Las reglas anteriores (relacionadas con la paridad en los empleos del nivel ejecutivo) se deberán aplicar en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del nivel directivo vayan quedando vacantes”.

En el ámbito diplomático, la representación de Colombia ante las 10 potencias mundiales desde el punto de vista económico está en cabeza de siete hombres y dos mujeres. Rompen esa tendencia la exfiscal Viviane Aleyda Morales Hoyos, representante ante el gobierno de Francia, y la experta en estrategia, comunicaciones y relaciones públicas Gloria Isabel Ramírez Ríos, acreditada ante el gobierno de Italia. En India, el cargo permanece vacante.

Los Cargos

De los 19 cargos de primera línea en la Casa de Nariño, solo siete están en cabeza de una mujer. Estos puestos se pueden encontrar en el organigrama funcional actualizado por el Departamento Administrativo de la Presidencia, el 30 de septiembre de 2020. Debajo del despacho del mandatario y sin tener en cuenta la distribución de cargos en la vicepresidencia, estan las oficinas de la jefa de Gabinete, María Paula Correa Fernández, y del director del DAPRE.

Además de la jefa de Gabinete se enuentran las consejeras presidenciales para la Competitividad y Gestión Público Privada en encargo, Paula Andrea Escobar García; para las Regiones, Ana María Palau Alvargonzalez; para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda; la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado Lozano, y para la Gestión y Cumplimiento, Alejandra Carolina Botero Barco.

Siguiendo el organigrama de la Función Pública, debajo del presidente, la vicepresidenta y los consejos superiores de la administración se encuentran los ministerios, en donde las mujeres apenas representan el 27%, por debajo de la Ley de Cuotas, que hace 20 años estableció un mínimo 30% de los cargos del nivel directivo en Estado en manos de las mujeres. Solo las carteras de Relaciones Exteriores, Educación, TIC´s, Transporte y Ciencia, Tecnología e Innovación tienen una ministra.

La Corte Constitucional en la Sentencia C371/00, además de encontrar ajustada a la Constitución la Ley 581 de 2000, estatableció que acciones afirmativas como la Ley de Cuotas “son necesarias para lograr la igualdad real y efectiva consagrada en el artículo 13 de la Constitución, de manera que puedan ser abolidas las situaciones de desventaja o marginalización en las que se encuentran ciertas personas o grupos. Es así como establecen un trato “desigual” para quienes son desiguales, con el fin de disminuir distancias económicas, culturales o sociales”. 

La decisión, de la que fue ponente Carlos Gaviria, a quien se le recuerda como un magistrado de avanzada, y que contó con el apoyo de la corte en pleno, también contempla entre los cargos del ejecutivo del máximo nivel decisorio los viceministerios y las secretarías generales. Antes de los cambios en el gabinete, de 37 viceministerios solo 11 estaban ocupados por mujeres, lo que equivalía al 29,72%. En las 18 secretarías generales hay equidad. En los ministerios de Vivienda y de Hacienda y Crédito Público en ninguno de los altos cargos - ministro, viceministros y secretario general -, figura una mujer. 

Siguiendo el recorrido por las entrañas del ejecutivo en el nivel central aparecen los departamentos administrativos. De seis cargos en Planeación, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Función Pública, el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el DAPRE y Prosperidad Social, solo este último está ocupado por una mujer. Se trata de Susana Correa Borrero, ingeniera industrial de la Universidad Javeriana, especialista en administración de negocios y gerencia de la Universidad de Harvard.

En las ocho unidades administrativas especiales sin personería jurídica solo la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales –ITRC-, y Parques Nacionales Naturales de Colombia, están dirigidas por una mujer. Se trata de las abogadas Diana Patricia Richardson Peña, con especialización en derecho aduanero y tributario, y quien cursa un doctorado en derecho en la UBA de Buenos Aires, y Julia Miranda Londoño, a quien le pidieron la renuncia después de 16 años en el cargo y será reemplazada por el arquitecto Diego Molano.

El poder detrás del trono

Además del presidente, a nivel central, los ministros y directores de los departamentos administrativos constituyen lo que se llama Gobierno. Junto a ellos, en el organigrama del ejecutivo, aparecen en el sector descentralizado por servicios, las entidades adscritas, de las que hacen parte 33 establecimientos públicos, 10 superintendencias con personería jurídica, 31 unidades administrativas especiales con personería jurídica, 6 agencias nacionales de naturaleza especial, 5 entidades de carácter especial o naturaleza jurídica y 2 institutos científicos y tecnológicos. Son organismos encargados de atender funciones administrativas, y también están dedicados a la prestación de servicios públicos.

En total representan 87 puestos, de los cuales solo 17 están en cabeza de una mujer.

En los cargos del nivel central del ejecutivo también figuran las entidades vinculadas a los ministerios o departamentos administrativos, clasificadas en 8 grandes grupos. Se trata de 7 empresas Industriales y Comerciales del Estado como Coljuegos o Colpensiones, dirigida Juan Miguel Villa Lora, uno de los funcionarios con ingresos superiores a los $40 millones.

También figuran 37 de economía mixta en las que el gobierno tiene una participación superior al 50%, como Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA-, o Ecopetrol, el cargo mejor remunerado en el Estado, con ingresos de más de $70 millones; 4 empresas Sociales del Estado, 5 entidades de carácter especial, como Icetex y el ICFES; 4 institutos científicos y tecnológicos o corporaciones e instituciones de investigación, 1 sociedad pública, y 4 fondos con personería jurídica.

En total estas entidades vinculadas a ministerios o departamentos administrativos suman 62 cargos, de los cuales solo 11 están en cabeza de una mujer. Como parte de ese nivel central viene una última categoría denominada entidades descentralizadas indirectas, compuesta por tres grupos: las dos asociaciones entre entidades públicas, las 4 asociaciones y fundaciones de participación mixta y las dos corporaciones y la Caja de Compensación Familiar Campesina – COMCAJA -, clasificados como otros. De 9 cargos, solo 4 están liderados por una mujer.

Leyes: avances y desafíos

Cada año la Función Pública, encargada del mejoramiento continuo del trabajo de los servidores y de las instituciones en pro del bienestar de los ciudadanos, presenta un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas.

Para 2019, de acuerdo con la medición ese porcentaje de cumplimiento fue del 44,7%, muy cercano a la meta del 50% definida en el ´Pacto por Colombia Pacto por la Equidad´. La cifra puede ser cierta, pero no correspondería a la realidad. Solo respondieron a la encuesta 2.040 entidades de las 6.249 que debieron hacerlo. La Constitución de 1991 fue la primera en reconocer los derechos fundamentales de la mujer y la equidad de género. Tras la promulgación de la nueva Carta Política en 1991, el Congreso ha aprobado 17 leyes dirigidas a garantizar beneficios para ellas.

La primera fue la Ley 82 de 1993, que adoptó normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia. Le siguió la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas. En el Congreso existen dos instancias para gestionar iniciativas legislativas a favor de los derechos de las mujeres: la Bancada de Mujeres, creada en 2006 mediante la Resolución 01 del 27 de septiembre, de la que hacen parte todas las congresistas, y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (Ley 1434 de 2011), integrada por 9 senadoras y 10 representantes.

Desde la creación de la Bancada de Mujeres se ha logrado la aprobación de leyes en pro de la garantía de los derechos de las mujeres en el país, como la Ley 1257 de 2008, que estableció normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres; la Ley 1496 de 2011 o Ley de Igualdad Salarial, que dispuso que “tanto hombres como mujeres tendrán garantizada la misma retribución salarial, y establece los lineamientos generales para erradicar cualquier forma discriminatoria en la materia y se dictan otras disposiciones”.

Así mismo, la Ley 1475 de 2011 o Reforma de Partidos, que adopta reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y estableció la cuota de género del 30% en la conformación de todas las listas para cargos de elección popular cuando estén en disputa por los menos 5 curules; y la Ley 1773 de 2016 o Ley “Natalia Ponce”, que reformó el Código Penal y estableció penas, garantías y medidas de protección para las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos, como ácidos.

Para hacerle seguimiento al cumplimiento de algunas de esas leyes se establecieron controles, pero a la fecha no se han cumplido, como ocurre por ejemplo con la Ley de Igualdad Salarial, que en el parágrafo de su artículo 5 señaló que “Al inicio de cada legislatura, el Gobierno Nacional, a través de la autoridad que delegue, presentará a las Comisiones Séptimas Constitucionales del Congreso de la República informe escrito sobre la situación comparativa de las condiciones de empleo, remuneración y formación de mujeres y hombres en el mercado laboral. El informe podrá ser complementado con indicadores que tengan en cuenta la situación particular de las empresas o entidades”.

Al preguntar por el informe y los soportes entregados por el gobierno desde 2011 la comisión Séptima del Senado respondió con un requerimiento a la Presidencia de la República y al ministerio del Trabajo, que al cierre de la edición de escrito no habían sido respondidos por la cartera que tiene a su cargo la labor de fomentar políticas y estrategias para la generación de empleo estable.

Igual suerte correría el seguimiento al Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, que según la Ley de Cuotas están obligados a cumplir los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo, como el presidente, los ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes, directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas, gobernadores, alcaldes, entre otros.

El artículo 12 de esa ley establece la presentación de informes de evaluación y cumplimiento. “El Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Dirección Administrativa del Congreso de la República, presentarán al Congreso, al Procurador General de la Nación, antes del 31 de diciembre de cada año, un informe sobre la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las mujeres en cada rama y órgano de la administración pública”. Al preguntar en el Congreso por los dos últimos informes de evaluación y cumplimiento la respuesta fue: “desde cuándo se estableció”. Sorprendente si se tiene en cuenta que el 31 de mayo de 2020 la Ley de Cuotas cumplió 20 años de haber sido promulgada.

Pero no es la única solicitud de información sin respuesta, pese a las insistencias. Los mismo ocurrió con los derechos de petición enviados en septiembre al presidente Iván Duque, y a la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Marisela Gallo Santos sobre las acciones desplegadas por el gobierno para que el 2022 sea el año de la paridad de la mujer en los cargos directivos del Estado, las medidas adoptadas para atender las recomendaciones del Global Gender Gap Report 2020, y los argumentos del jefe de Estado para no nombrar mujeres en los cargos más importantes y/o en los mejor remunerados. La respuesta de la consejería llegó después de presentación del trabajo de grado, pero no respondía estas preguntas.

Brecha en las urnas

Colombia hace parte del grupo de 85 países del Reporte Global sobre Brecha de Género 2020 que en los últimos 50 años no han tenido una jefa de gobierno. “Quizás no sea coincidencia que cinco de los 10 países con mayor igualdad de género tengan mujeres a cargo”, precisa el informe (Ver gráfico Informe Foro Económico Mundial – Global Gender Gap Report 2020).

En 2019 las mujeres en los 153 países comparados ocuparon el 25,2% de los escaños parlamentarios y el 21,2% de los puestos ministeriales. En Colombia, para las elecciones locales de ese año, de 117.728 candidatos el 37% correspondía a mujeres (43.796). Su representación en las gobernaciones cayó del 15,6% en 2015 al 6,25%. De 32 departamentos, hoy el país solo tiene dos gobernadoras. La de Atlántico, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, y del Valle, Clara Luz Roldán González, lo que representó una disminución significativa frente a las 5 mandatarias de 2015. En las alcaldías, de 1.103 municipios, en 132 la titular es una mujer. En comparación con las elecciones locales de 2015 se pasó del 12,2% al 12,01%. Por primera vez dos mujeres fueron elegidas alcaldesas de Distritos Especiales. Claudia Nayive López Hernández, en Bogotá, y Virna Lizi Johnson Salcedo, en Santa Marta.

Para Congreso la cifra de representación en el Senado ha experimentado un crecimiento desde 2010, cuando fue del 16,6%, pasando al 18,1% en 2014, y al 22,5% en 2018. La cifra de 23 senadoras se mantuvo, aunque subieron a 25 las curules, como parte del acuerdo de paz y la llegada de dos mujeres en representación del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En la Cámara el número de representantes cayó de 33 a 31, pese a que el de candidatas aumentó en 168 frente a las 468 inscritas en los comicios de 2014. En porcentajes, la representación en 2018 fue del 19,9%, inferior a la de 2014 que estuvo en 23,4%. Un importante repunte para esas elecciones si se tiene en cuenta que en 2010 apenas había sido del 12,6%.

En las próximas elecciones a Congreso la lista del recién creado partido de las Farc será objeto de especial interés. Victoria Sandino, hoy senadora de esa colectividad, reconoce que desde los diálogos de paz de La Habana, internamente las mujeres están dando la pelea por tener una representación. “No fue fácil”, asegura, porque la comandancia del entonces grupo guerrillero recayó en el estado mayor, integrado por 31 hombres, y el secretariado, por otros 9. “Les quedaba muy de ‘pa´rriba’ no incorporar a una mujer y así fue que les abrieron espacio a dos”.

“En las elecciones de 2019, de 308 candidatos para corporaciones locales 138 eran mujeres. En el escenario territorial tenemos más oportunidades, la competencia es menor en ese ámbito, entre otras cosas porque las compañeras están más metidas en el territorio. A nivel nacional es más conflictivo, porque se imponen unas jefaturas del pasado en donde la mujer nunca tuvo representación”. Seis décadas han pasado desde que la mujer en Colombia conquistó el derecho al voto. Ese domingo 1 de diciembre de 1957 acudieron a las urnas 1´835.255 ciudadanas. La titularidad del sufragio, sin embargo, no representó derechos automáticos.

“La igualdad para hombres y mujeres para muchos aparece más como una amenaza que como una oportunidad. Sin embargo, más mujeres participando, más mujeres aportando al debate político, más mujeres calificadas y con herramientas de educación para investigar, pensar, crear soluciones innovadoras para los problemas de las comunidades y del país redundará en beneficios para la comunidad. Finalmente, se trata de la mitad de Colombia que tiene talento, fuerza, ideas y potencial para enriquecer al país”. La frase hace parte del discurso de la expresidenta chilena Michell Bachelet, el 12 de septiembre de 2012 en Bogotá, cuando en su condición de jefa de la agencia ONU Mujeres participó en el lanzamiento de los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres de Colombia.

De las leyes sobre equidad aprobadas por el Congreso, las de mayor recordación son la Ley de Cuotas y la Ley de Cuotas de Género de 2011. A partir de ese año, las mujeres constituyen el 30% de las listas a corporaciones, aunque no todas sean realmente candidatas, como lo afirma el representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, ponente de un proyecto de ley que propone un golpe de muerte a esa feria de nombres de supuestas dirigentes.

“En nuestra reforma política el mensaje es claro. Listas cerradas, de modo que sean los partidos por medio de un proceso democrático interno los que definan quienes son los candidatos y en qué orden van. Con listas paritarias, alternadas, conocidas como listas cremalleras, los partidos no podrán volver a inscribir a mujeres que hacen parte del personal administrativo. El país no necesita más candidatas, que fue en lo que terminó la Ley de Cuotas, sino más mujeres elegidas y empoderadas en cargos de elección popular”.

El proyecto no tuvo la suerte esperada, pero el nuevo Código Electoral subió de 30 a 50% la representación de las mujeres en las listas para corporaciones en las que se eligen más de 5 curules. Uno de los testigos de las primeras trampas a la Ley 1475 es Alfonso Portela, entonces Registrador Delegado para lo Electoral, a quien le tocó conocer las renuncias masivas de las candidatas, especialmente de los partidos tradicionales liberal y conservador, sorprendidas por la obligación de tener que rendir informes de cuentas de campaña. Las listas para corporaciones en los llanos orientales y las de Bogotá para las juntas administradoras locales casi no pasan el racero del 30%.

Participación Económica

En la lucha por la paridad, otro tema de preocupación es el retroceso en cuanto participación económica y oportunidad para la mujer, que según el reporte global apenas sería superado en 257 años, cuando el estimativo anterior ubicaba la meta en 202 años.

“Sin representar a la mitad de la población en la política nacional y local, el progreso se verá obstaculizado en otras áreas pertinentes a las mujeres y la búsqueda de la paridad de género. Esto se muestra claramente en la dimensión de participación y oportunidad económicas. Si no se modifica la legislación y las actitudes culturales y sociales respecto de la cantidad relativa de tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico no remunerado y al cuidado, la carga de las tareas domésticas y de cuidado no se reequilibrará, situación que seguirá socavando las oportunidades profesionales de la mujer”, advierte el GGG Report.

Según el Foro Económico Mundial para que esta brecha pueda cerrarse se hace necesario garantizar que las mujeres estén mejor capacitadas y entrenadas para hacer frente a los desafíos y las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial, con la creación de culturas laborales inclusivas, para que las generaciones más jóvenes, especialmente en los países en desarrollo, estén equipadas con las habilidades para tener éxito en los trabajos del futuro.

El análisis identificó un estancamiento en la participación de la mujer en profesiones en las que el crecimiento salarial es más pronunciado, como informática en la nube, donde solo llega al 12%; ingeniería tecnológica, con 15%, y datos e inteligencia artificial, con un 26%. A nivel mundial, solo el 55% de las mujeres (de 15 a 64 años) están involucradas en el mercado laboral en comparación con el 78% de los hombres.

En el país, de los casi 40 millones de colombianos en edad de trabajar, el 51,1% corresponde a mujeres (20´393.000). Según el DANE, el 68,96% se encuentra en un rango de edad entre los 15 y 64 años, considerado el de mayor productividad, sin embargo, justamente son las mujeres las que mayor tasa de desempleo registran. Para el trimestre julio - septiembre 2020 esa cifra fue de 22,8% y para los hombres 13,9%. La pandemia del covid-19 afectó con más fuerza los sectores que concentran la mano de obra femenina, entre ellos el de servicios.

¿Techo de cristal, suelo pegajoso o laberinto?

Las mujeres sin empleo debieron dedicarse al cuidado exclusivo de la familia y a las labores del hogar, que a juicio del DANE las clasifica como población económicamente inactiva. De acuerdo con los indicadores del mercado laboral, de los 16´510 mil ciudadanos que hacen parte de este grupo, el 65,7% corresponde mujeres (10´840 mil).

“Tenemos esas barreras patriarcales, machistas de la cultura latina, que además se imponen y que durante la pandemia han contribuido a ese retroceso dramático para la mujer. Los derechos de las mujeres han sido recortados, restringidos, limitados y violentados, porque además de no poder exigirlos, también se han visto expuestas al abuso y a la violencia doméstica, por estar obligadas a vivir con sus victimarios”, aseguró el Procurador Fernando Carrillo, después de condenar los roles que la crisis del covid-19 le reasignó a la mujer.

En los países escandinavos para equilibrar a la mujer en el mundo del trabajo, se hace necesario hacer lo mismo con los hombres en la vida familiar. Cada vez toma más fuerza el llamado a vincular a los hombres en el cuidado de los hijos y las responsabilidades domésticas. Desde hace 11 años el país con mayor paridad de género es Islandia, que ya cerró casi en el 88% esa brecha y sigue trabajando para mejorar las cifras. Le siguen Noruega (84,2%), Finlandia (83,2%), Suecia (82,0%).

Economistas, sociólogos y antropólogos como la mexicana Martha Lamas afirman que el “techo de cristal” viene acompañado de un “suelo pegajoso”. La expresión techo de cristal la acuñó en 1978 en EE. UU. la consultora laboral, Marilyn Loden. En una mesa redonda sobre las aspiraciones de la mujer aseguró que existían barreras invisibles, soportadas en su mayoría en razones culturales y no personales, que impedían a las profesionales avanzar más allá de los primeros cargos de la gerencia media, y como ejemplo afirmó que la empresa para la que trabajaba decidió no promocionarla porque uno de sus compañeros era padre de familia y necesitaba más que ella el dinero.

La antropóloga mexicana profundiza el concepto con lo que llama el “suelo pegajoso”. “No siempre es un obstáculo cerca de la cima lo que impide que las mujeres lleguen, sino que a lo largo del proceso el suelo pegajoso implica ese conflicto entre la conciliación trabajo-familia, en el que la mujer no puede despegar porque las condiciones de juego no son parejas”.

Desigualdad en el sector privado

La sicóloga y doctora en educación, María Consuelo Cárdenas de Santamaría, profesora de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, lamenta que esta falta de

oportunidades para las mujeres no solo se concentre en el ámbito de lo público, donde el esfuerzo se mediría con el cumplimiento de unas metas, sino también en el privado, donde según el Global Gender Gap Report 2020 el porcentaje de empresas con una mujer en la alta gerencia es del 18%, mientras que el de empresas de propiedad de mujeres es del 14%.

“Si en el sector público hay unas metas por cumplir, en el privado es aún peor porque el Estado no se puede meter a decirle a las empresas que tienen que tener equidad de género”.

Al finalizar 2020, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez anunció el nacimiento de la “alianza público privada por más mujeres en juntas directivas”. El país se sumó al Club del 30%, una iniciativa global liderada por Mastercard, para que como mínimo un 30% de los altos cargos administrativos de las empresas prvadas sean ocupados por mujeres. El gobierno aspira a que esa cifra “en un futuro no muy lejano” también sea del 50%.

En Colombia actualmente la presencia de mujeres en altos cargos y juntas directivas del sector privado es del 17%. “En el escenario empresarial no solo es difícil, sino lento”, asegura Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la promoción y formulación de políticas públicas para mejorar la productividad y la competitividad. “La brecha salarial es alta. Existe un techo de cristal”, insiste Córdoba, quien lamenta que la mujer también siga siendo víctima de prejuicios, según los cuales género y ciencias exactas como las matemáticas, la física, la química, la informática, y la electrónica no sean compatibles.

La pregunta sigue siendo ¿Existe un techo de cristal que impide que las mujeres sean llamadas a ocupar los cargos más importantes en el Estado, con la mejor remuneración de toda la nómina oficial y que dependen directamente de la voluntad presidencial? Para las profesoras Alice H. Eagly y Linda L. Carli, autoras del libro ´Las mujeres y el laberinto del liderazgo´, lo correcto en este nuevo siglo es hablar de un laberinto y no de una barrera invisible en la penúltima etapa de la carrera. El paso por el laberinto requiere además de persistencia, un análisis cuidadoso de acertijos que surgen en el recorrido, entre ellos los prejuicios contra las mujeres, las críticas al estilo de liderazgo y las responsabilidades en el hogar.

Ese razonamiento familia o trabajo llevó a la hoy concejal de Bogotá por la coalición Colombia Humana, la politóloga de la Universidad de los Andes y máster en filosofía de la Universidad Stellenbosh (Sudáfrica), Susana Muhamad, a tomar la decisión junto con su esposo de no ser padres y de encaminar su apuesta de vida en torno a su futuro profesional. “El trabajo en la política es duro, porque no solamente se trata de que lleguen mujeres preparadas, entregadas al servicio de lo público y a la representación del ciudadano, sino dispuestas a derrumbar estructuras, a no disminuirse y a no dejarse creer que ellas solo son buenas como apoyo. Toca atreverse, lanzarse y derrumbar esa creencia de que las mujeres deben estar súperpreparadas para aspirar a un cargo, porque nos enfrentamos a un hombre que se cree con el derecho a tener el poder”.

Rajados con el pacto la equidad

Según el informe de la Función Pública, en el cumplimiento de la Ley de Cuotas a diciembre de 2019 la organización electoral se rajó. Apenas el 24% de sus cargos directivos, de un mínimo de 30%, los ejercen mujeres. En la rama ejecutiva no cumplen la Ley de Cuotas, ni el Conpes 3918, ni el Pacto por la Equidad el sector Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia, que llega al 20%; el de Defensa al 22,5% , y el sector de Estadística con 28%. De acuerdo con el documento de la Función Púclica ninguna de las ramas, organismos de control y entes autónomos cumplió con la meta de equidad de los ODS para 2019, fijada en 44,5%.

La rama legislativa llegó al 40%, la ejecutiva al 41% y la judicial al 43%; los órganos de control como la Procuraduría y a Contraloría se ubicaron en un 42%, mientras los autónomos e independientes, como el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los entes universitarios y la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV- llegaron al 37%.

Por debajo de la meta de paridad del 44,5% fijada para 2019 se encuentran además de la presidencia, los sectores del Interior, Transporte, Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación, que han tenido una mujer a la cabeza; los de Justicia y del Derecho y Relaciones Exteriores, que han tenido o tienen una ministra, y los de Trabajo, Comercio, Industria y Turismo, y Vivienda, Ciudad y Territorio, Salud y Protección Social, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, que han estado liderados por hombres (Ver infografía).

Ternas de uno

La procuraduría expidió la Directiva 030 e inició una acción preventiva de vigilancia y seguimiento al cumplimiento del Decreto 455 y la Ley de Cuotas, y pidió que en los cargos que deban proveerse por ternas siempre se incluya el nombre de una mujer. A Carrillo Flórez lo sucede en el cargo la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, la primera mujer en ser jefa del Ministerio Público en 190 años de existencia de la entidad. Su nombre lo impulsó el presidente Duque en la terna de la que también hicieron parte del exviceprocurador Juan Carlos Cortés González, postulado por el Consejo de Estado, y el hoy ministro de Justicia, seleccionado por la Corte Suprema. Era la favorita desde antes de su postulación y así quedó demostrado. Obtuvo 83 votos. A ella le corresponderá hacer cumplir la directiva.

Que las mujeres hagan parte de una terna no es noticia. Algunas aceptan sabiendo incluso que es una terna de uno. “Relleno? sí. El presidente no me conocía, de hacerlo ni me hubieran llamado, nuestros pensamientos no coinciden, pero ese era mi momento por la inclusión de la mujer. En un país donde más de la mitad de la población somos mujeres, urge introducir cambios culturales para que la igualdad y la inclusión dejen de ser novedad. Nuestro generó no puede seguir trabajando como un burro en la casa y fuera de ella y seguir siendo la ‘subdi’, la vice o la encargada, asumiendo casi siempre las funciones del titular”.

Quien habla es una externada. Prefiere mantener su nombre en reserva. Pese a su preparación, cuenta con especializaciones, maestrías y doctorado, a ella como a otras candidatas le ganó un contendor con mejores relaciones. Está convencida de que si no hay cambios en la forma de pensar entre quienes tienen el poder nominador, la única manera para que la mujer pueda llegar a los cargos de dirección seguirá siendo como hasta hoy: “ser amiga del poder”. Lamenta que la vida en familia les pase una factura tan alta a las mujeres. “Es un trabajo de mula en tiempo reducido. Admiro a quienes tienen familia y sacan adelante grandes seres humanos, buenos para la sociedad, pero la maternidad y la familia no pueden ser sinónimo de sacrificio. En esta época de pandemia el número de artículos escritos por mujeres se ha visto reducido por falta de tiempo”.

Tomando como punto de partida la Constitución de 1991, la participación de la mujer en las ternas para Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación evidencian no solo su reducida presencia, sino que eran ternas de uno. De 6 contralores elegidos por el Congreso desde 1994, en solo dos ternas incluyeron el nombre de una mujer. Sandra Morelli Rico fue elegida en 2010 como la primera jefa del ente de control fiscal. En 2018 se estableció que la elección se haría por convocatoria pública. De 109 inscritos solo una mujer quedó entre los 10 preseleccionados. El ganador fue Carlos Felipe Córdoba Larrarte, quien venía de ser director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

Desde la creación de la Fiscalía General de Nación hasta hoy el país ha tenido 9 fiscales. La única mujer en ocupar el cargo ha sido Viviane Aleyda Morales Hoyos, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado. Desde 1997, cuando fue elegido el exministro y exprocurador Alfonso Gómez Méndez, el nombre de una mujer siempre ha hecho parte de la terna. En los últimos 10 años se han inscrito para las vacantes de magistrados en la Corte Suprema de Justicia 800 mujeres y para el Consejo de Estado 502. De ellas el Consejo Superior de la Judicatura preseleccionó 225 para la corte y 140 para el consejo. Sus nombres fueron propuestos a las plenarias de los dos tribunales.

Actualmente, la Corte Suprema está integrada por 44 magistrados, de los cuales nueve son mujeres. En el Consejo de Estado de 31 magistrados que tiene la sala Plena solo 8 son mujeres. Curiosamente la Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene ni ha tenido nunca una magistrada. Para ser magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial se inscribieron ante el Consejo Superior de la Judicatura 367 abogados y fueron preseleccionados 80, entre ellos 34 mujeres. Solo una fue elegida. Para los otros tres cargos en ese tribunal que juzgará el actuar de los abogados, el presidente postuló ante el Congreso otros 12 nombres, entre ellos los de tres mujeres, y una sola obtuvo las mayorías.

* Sonia H. Rodríguez M., periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación. Este texto corresponde a su trabajo de grado en la maestría de periodismo de la Universidad del Rosario.

** Un resumen de esta investigación se publicó el  9 de enero de 2021 en el diario El Espectador