El Acuerdo de Paz firmado en el 2016 abrió la puerta a la creación de 4,707 proyectos productivos, estos benefician a 9,498 excombatientes que dejaron las armas, según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). El propósito de la creación de estos negocios es “aportarle al país de alguna manera, a la gente, a sus regiones, al medio ambiente, en distintas formas de emprendimiento que nos den la oportunidad de crecer como proyecto, como microempresa”, menciona Arley de Jesús Betancourt, comercializador de la empresa Miel La Montaña.
Este negocio surgió hace tres años en la vereda La Plancha, en el municipio de Anorí, Antioquia, cuando miembros del antiguo Frente 36 de las Farc vieron en la apicultura una opción viable y sostenible para la producción y comercialización de la miel. Betancourt menciona que, aunque la ARN y organizaciones sin ánimo de lucro les han brindado apoyo, este no se considera constante ni estable, el emprendimiento se ha sostenido y ha tenido éxito gracias a sus propios esfuerzos.
El anterior congreso aprobó el pasado 08 de junio del 2022, la ley 2234 del 2022 de emprendimiento social, busca proporcionarle mayor apoyo a este tipo de negocios. Con la ley se busca un marco regulatorio que favorezca el nacimiento, crecimiento y consolidación de pequeñas y medianas empresas, lo que incentivará el desarrollo productivo, económico y social. Uno de sus ejes centrales es la promoción de la empleabilidad de los exguerrilleros, y con ellos genera efectos positivos en los territorios rurales.
El problema recae en que hasta el momento el actual gobierno no ha reglamentado la iniciativa, entre sus principales promotores está la organización sin ánimo de lucro, Recon, que se dedica a visibilizar, conectar y fortalecer emprendimientos, por lo que ha hecho un llamado para implementarla. La necesidad recae en que estos negocios dinamizan la economía y tienen un aporte importante en el PIB del país. Según el director de Recon, Andrés Santamaría, “el emprendimiento social está desarrollando su propia economía, pudimos identificar que en promedio cada uno de ellos genera siete empleos; esta es la gran contribución que les permite en los territorios dar soluciones a través de un modelo de negocio”.
Aunque este tipo de empresas generan grandes beneficios económicos, su principal contribución es a la construcción de paz. “Este proceso se puede dar desde la sociedad civil, desde el emprendimiento social sostenible, rentable pero que soluciona y brinda alternativas de desarrollo económico y social a problemáticas que aquejan a comunidades de las distintas regiones afectadas por el conflicto en Colombia”, menciona Santamaría.
Como Miel La Montaña, muchos de los emprendimientos de excombatientes son producidos en territorios rurales, por lo que es un reto para las diferentes entidades proporcionarles un apoyo constante. De esta forma, se estipula que los más beneficiados van a ser los ubicados en estas zonas, el asesor del director general de la ARN, Armando Fonseca, confirma que “la ley va a apoyar mucho en los territorios, en especial porque es un número muy importante de formas asociativas y de proyectos individuales que se han desarrollado en formas agropecuarias, entonces en lo rural cobra una vigencia muy importante".
La ARN tiene como uno de sus principales objetivos contribuir en el desarrollo de los proyectos de vida de los exguerrilleros en el marco de la legalidad, por lo que se enfocan en impulsar la productividad, para esto implementan programas de formación académica y para el trabajo. Sin embargo, estos negocios afirman que la ayuda que ha brindado la organización no ha sido muy significativa, no se ha involucrado más allá de proporcionar espacios para que estas empresas puedan exhibir sus productos. Betancourt menciona que “se han conseguido algunos apoyos, pero que uno diga que nos han apoyado constante y profundamente en el proyecto como tal, no”.
A pesar de esto, Fonseca señala que “la ARN para garantizar el empleo y la reincorporación de los excombatientes ha generado alianzas estratégicas con la empresa privada o con el SENA”. No obstante, para el desarrollo de estas empresas es imprescindible que no se mande un técnico una sola vez o se proporcione un espacio de venta cada cierto período de tiempo, el acompañamiento constante es necesario para poder aplicar las enseñanzas de manera eficaz y correcta, explica Betancourt.
Por este motivo, para darle mayor respaldo a estos negocios es elemental la implementación de la ley. Anteriormente, la mayoría de los emprendimientos sociales se daban en la informalidad, sin un escenario de fortalecimiento, sin un ecosistema que los pueda soportar y estando directamente presentes en territorios rurales. “Esto sucede también con los emprendimientos sociales de los exguerrilleros, que se dan en la informalidad, en los territorios más alejados, con las mayores dificultades sociales en términos de desigualdad, de desarrollo, de pobreza”, menciona Santamaría.
Los emprendimientos sociales están creando soluciones desde la propia comunidad y desde el entendimiento de sus dinámicas. Recon menciona que el impacto que va a tener la ley es que reconocerá el modelo de negocio con impacto, va a generar un nuevo escenario para acceso a crédito o financiamiento, formación, programas de fortalecimiento, acompañamiento e incentivos para un desarrollo que permita que surjan y sean sostenibles con el tiempo.
“Tenemos la convicción que los emprendimientos sociales junto a sus impactos están muy alineados con las visiones y objetivos de desarrollo que propone para las regiones el actual gobierno”, señala Santamaría. De este modo, él estima que el proceso pueda tardar aproximadamente un año, pero se estipula que se va a avanzar positivamente hacia la reglamentación de la ley.
Aunque hay una preocupación entre los empresarios de que el impuesto al patrimonio, que propone la reforma tributaria, afecte la inversión; una de las propuestas del programa de gobierno busca incentivar el surgimiento de emprendimientos por medio del apoyo económico. Esta dice que “La unificación de las diferentes entidades financieras del Estado, para lograr economías de escala, eficiencia administrativa y operacional, así como mayor impacto por cuenta de un patrimonio técnico más robusto”.
Con este último paso se conocerán y dispondrán los lineamientos bajo los que esta norma va a afectar a una buena parte de la población. En Colombia 83,3 % de los emprendedores sociales buscan generar un impacto social, 31,1 % un impacto ambiental y 19,3 % desarrollo económico. Del mismo modo, 62,7 % de las disposiciones para el reconocimiento y fortalecimiento del emprendimiento social benefician a algún grupo poblacional del conflicto armado.
