La hoja de ruta del Gobierno para activar la economía tras la pandemia en Colombia

Sábado, 13 Marzo 2021 10:00
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Daniel Gómez Gaviria, subdirector general del Departamento Nacional de Planeación (DNP), habla sobre las bases y la manera como se han diseñado los planes y las políticas que buscan aumentar el desarrollo en Colombia. Debido a las cuarentenas y las distintas medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus en Colombia se dieron varios efectos adversos, entre ellos, la regresión en la lucha contra la pobreza y una reducción del tejido productivo en la que los más afectados fueron los microempresarios. Prueba de esto es la caída en un 7 % del Producto Interno Bruto en el año 2020.

Retrato a Daniel Gómez||| Retrato a Daniel Gómez||| Archivo Departamento Nacional de Planeación|||
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Daniel Gómez Gaviria, subdirector general del Departamento de Planeación Nacional (DNP), explica en entrevista con Plaza Capital la esencia del extenso documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que recientemente emitió el DNP en el que se traza el camino que debe seguir el Estado para lograr la reactivación económica del país.

Gómez Gaviria expone varios pilares sobre los que se erigen las acciones que se están tomando. Algunas de estas son fomentar la contratación pública con micro, pequeñas y medianas empresas; la simplificación de trámites e impuestos para el sector productivo, fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en contextos agrícolas y metropolitanos, los negocios verdes y el insertarse en cadenas de valor internacionales. Cada uno de estos puntos hacían parte de anteriores documentos CONPES que debieron ser acelerados. Especialmente aquellos que tocaban temas sobre la salud y la transformación digital. Puntos importantes a la hora de proteger el recurso humano del país, clave a la hora de fomentar el desarrollo en el país comenta el subdirector.

¿Cómo reconstruir el tejido empresarial colombiano, el cual tuvo un fuerte golpe por la pandemia?

Hay que dar un contexto general sobre cuál es la política de reactivación: Lo primero es que cuando empezó la pandemia por allá en marzo hicimos un análisis de la pertinencia y relevancia sobre qué había quedado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en esa hoja de ruta había una agenda de políticas y unos lineamientos que requieren de distintas acciones. Lo que vimos ahí es que mucho de lo que había en el plan era absolutamente vigente, entonces en ese contexto decidimos acelerar muchas cosas en política social, empresarial y en transformación digital; esos tres temas en particular y darles un giro hacia la reactivación, nos preguntamos ¿Qué cosas de las que estaban pensadas pueden aportar en ese esfuerzo a corto plazo? Entonces, lo que hicimos fue empezar a sacar varias de esas políticas que se enfocan en proteger los ingresos y el capital humano de los hogares, proteger la liquidez, competitividad y productividad a largo plazo del sector productivo y modernizar el gobierno.

También sacamos dos cosas particulares por la situación del COVID, una fue la política de reacción inmediata a la crisis por la enfermedad y la otra fue la política de reactivación que en general tenía la visión de retomar esa senda de desarrollo que llevábamos antes pero enmarcado en una visión a más largo plazo para una reactivación sostenible e incluyente, teniendo en cuenta que se abrieron grandes brechas el año pasado, adicionales a las que ya existían. En el sector productivo hay tres objetivos principales. El primero, el fortalecimiento, la creación, la producción y el sostenimiento empresarial. Lo segundo es generar una producción más diversa y sostenible mientras lo tercero es fomentar la producción e innovación agropecuaria.

¿Qué acciones concretas se han tomado para apoyar a los empresarios?

Las acciones para el sector productivo tienen una financiación de 2.2 billones de pesos y son la parte más gruesa, el tipo de acciones que entran en este punto son: los temas de la misión de empleo y la reducción de carga regulatoria, hay acciones con la Dian para modificar y permitir que más empresas se beneficien del régimen simple de tributación, vamos a trabajar con la SuperSociedades para hacer más útil para MiPymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), la ley de insolvencia empresarial.

También hay un tema importante de aumento al acceso de compras públicas, sobre todo para MiPymes porque las compras públicas van a ser alrededor del 13% del PIB entonces eso puede jalonar mucha proveeduría y encadenamientos, entonces ahí hay un trabajo que se va a hacer con Colombia Compra Eficiente, MinComercio y cámaras de comercio para facilitarle el acceso a las MiPymes a la compra pública. Todo el tema de financiamiento empresarial ya que, junto con Bancoldex, vamos a usar el Venture Capital de distintos fondos para crear nuevas líneas de crédito para MiPymes mientras que fondo nacional de garantías va a crear una línea de refinanciación de pasivos dirigida a microempresarios.

Vamos a promover la internacionalización como palanca de crecimiento, ahí vienen todas las recomendaciones de la misión de internacionalización. Vamos a implementar estándares de calidad y bioseguridad, esto es clave, ya que siempre han sido una barrera para insertarse en las cadenas globales de valor, pero con el COVID todos estos temas se volvieron más apremiantes. También está el tema de adoptar el uso de ciencia, tecnología e innovación en el sector empresarial, tanto en el industrial como el agrícola. 

En el CONPES 4023 se habla de las dificultades que conlleva la formalidad para los negocios en Colombia ¿Son todas estas medidas propuestas anteriormente parte de una estrategia de fomento al sector privado en Colombia o solamente se pensaron en respuesta a la pandemia?

Lo primero es que no queríamos que esta política fuera un mini plan de desarrollo que intentara arreglar todos los problemas estructurales del país, el criterio que usamos fue pensar ¿Cuáles de estos temas fueron particularmente relevantes durante la pandemia? Entonces ahí identificamos la formalización empresarial como uno de los temas críticos, pero ahí hay una política de formalización empresarial que sacamos en 2019 que reconoce la existencia de costos y beneficios de ser formales, en esa política vemos unas cosas adicionales que queríamos impulsar, por ejemplo, el uso de un instrumento como el régimen simple de tributación para impulsar ese esfuerzo, pero eso se des enmarca en una política mucho más amplia. Está todo el esfuerzo de simplificación normativa y mejora regulatoria, temas que se fortalecieron al momento de entrar a la OCDE. Entonces hay todo un esfuerzo por entender los impactos sobre el sector productivo por normativas y regulación, buscando llegar a los objetivos con los que se regula causando el menor impacto negativo en materia de sobrecostos a las empresas.

El DNP funciona como un centro de pensamiento para el Gobierno, entonces hay mucho desarrollo de herramientas analíticas y mucho trabajo con multilaterales, sector privado y academia. De la manera como ellos nos nutren partimos para la construcción de políticas. Existe una cantidad de información y nos sentamos a analizar lo que está pasando. Aunque en esta política de reactivación hubo un trabajo mucho más profundo de consultas y labor conjunta para incorporar las prioridades de los empresarios y los representantes del sector privado. Con eso buscamos que haya una alineación de expectativas para ponernos todos en la misma longitud de onda cuando se habla de hacia dónde vamos.

La pobreza aumentó en 2020 durante la pandemia tras tener una tendencia a la baja en años pasados, ¿Cuáles son los planes a futuro para reducir situaciones como esta en Colombia?

El aumento en la pobreza fue uno de lo primero que identificamos como un punto importante cuando inició el COVID, cuando comenzamos a sacar los decretos de aislamiento y limitación de actividad económica para mitigar el contagio hicimos un análisis con el Banco Mundial para simular cual iba a ser el impacto en empleo y pobreza, en ese momento calculamos que estos podían aumentar hasta en diez puntos porcentuales. Con base en eso aceleramos varias cosas que había en el Plan Nacional de Desarrollo como el nuevo registro social que permite interoperabilidad entre la información del Sisben IV con los registros sociales de los distintos ministerios, Prosperidad Social y los distintos datos de inversión para entender qué hogares estaban recibiendo qué programas y qué impacto había, eso se aceleró para generar el ingreso solidario y para escalar el esquema de compensación del IVA (Impuesto al Valor Agregado), este nació antes de la pandemia con un espíritu de permanencia para corregir una regresividad en este impuesto.

La medida se usó como plataforma para aumentar los ingresos de los más vulnerables, como consecuencia logramos reducir el aumento a la pobreza en más o menos un 3.5%. Ahora, en esta política de reactivación identificamos el reducir la pobreza como uno de los objetivos principales. Entonces, planeamos construir sobre todo lo que se hizo el año pasado diseñando políticas para tumbar las barreras de ingreso a los programas de reducción de pobreza. También vimos que uno de los efectos a largo plazo podía ser la afectación a educación, salud y capital humano.

Por el lado de la educación el gran reto era evitar que la deserción escolar aumente, ahí se dio una serie de acciones para flexibilizar pedagogía, mejorar el acceso a la información y dar alternancia y virtualidad. Junto con esto se dieron estrategias de formación para el trabajo con el objetivo de cerrar brechas entre lo que demandan los empresarios y lo que ofrecen los centros de formación. Por el lado de capital humano hay un gran esfuerzo en capacitación y en salud donde lo principal es la vacunación, pero también se prevé un aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles ya que la gente dejó de hacer sus chequeos, también es crítico el tema de salud mental, todos estos aspectos son claves a la hora de evitar que aumente la pobreza en la medida que esto es muy diferencial por nivel de ingresos.