“Para olvidar todo lo que me ha pasado tendría que morirme y volver a nacer”, relata Luz Mary Gómez, una mujer de 55 años, víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno colombiano. Su historia lastimosamente es común dentro de las historias de la guerra en Colombia, hecho que la motivó a crear una fundación que ayuda a las mujeres que vivieron situaciones similares para buscar verdad, justicia y reparación.
Desde pequeña, descubrió su espíritu revolucionario y alegre, aunque detrás de su sonrisa esconde un gran dolor. Éste se acentúa cada vez más con las promesas incumplidas del Gobierno Nacional, consagradas en el acuerdo de paz y en general en todos los procesos por los que ha tenido que pasar. Aunque casos como el de Luz Mary pasaron por Justicia y Paz, muchos siguen en el limbo a la espera de una nueva respuesta por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Si bien Luz Mary en el 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos recibió 17 millones de pesos como reparación, los cuales destinó para solventar deudas y ayudar a las mujeres que pertenecen a su fundación, la proporción de lo sufrido y lo recibido es muy poca. Le brindaron atención psicológica por el Programa de Atención Psicosocial y de Salud Integral a las Víctimas (PAPSIVI) pero estas solo fueron ocho sesiones, en las cuales fue muy difícil sanar su dolor.
Lo que padecen algunas mujeres: desplazamiento, violación, amenaza, tortura...
Luz Mary puede hacer una lista de todo lo que sufrió durante la guerra: desplazamiento, violencia sexual, amenaza, tortura, y reclutamiento forzado. Un caso más que pareciera perderse en el oceáno de las 15.738 víctimas de violencia sexual que dejó el conflicto, de las cuales el 66.5% se encuentran solo en 144 municipios de los 1.103 del país, como lo indica la Unidad de Víctimas. Las cifras no terminan allí pues Luz Mary, también fue víctima de desplazamiento forzoso, situación que comparte con otras de las 7.585.536 personas que se vieron presionadas a salir por las balas y las amenazas. De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz, el 66 % del territorio nacional, es decir 21 de los 32 departamentos sufrieron los estragos de la guerra, uno de estos departamentos fue el del Tolima
Luz Mary, quien por circunstancias de la vida terminó en el municipio de Palocabildo da fe de lo allí vivido. Este departamento fue una zona de gran disputa entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el bloque de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), que era comandado por Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’. Allí muchas personas como Luz Mary construyeron su casa y su familia, pensando que estaban lejos de las zonas del conflicto, más nunca pensaron que todos sus sueños se nublarían con una guerra que nunca vieron venir. Primero a esta zona llegaron las FARC-EP y el ELN, o ‘los elenos’ como ellos les decían, y aterrorizaban la zona, allí estuvieron cuatro décadas.
Esta zona era un punto estratégico por ser un punto central en el país, lo que permitía movilidad, expansión, retaguardia y abastecimiento para estos grupos armados. Esta situación, generó que los paramilitares quisieran esta zona, lo que derivó en disputas entre los distintos grupos armados. Por lo cual, la presencia de los paramilitares no demoró en llegar a la zona, “se escuchaba que los amigos de los amigos de uno estaban siendo asesinados” menciona Luz Mary, pero a ella aún no le llegaba su hora. “Los paramilitares decapitaban a la gente en frente de todo el mundo y jugaban fútbol con las cabezas”, recuerda Luz Mary con un poco de miedo en su rostro. El frente Ómar Isaza (nombrado así en honor al hijo de Ramón Isaza) estuvo en esta zona entre 1997 y 2002, especialmente en los municipios de Mariquita y Fresno y durante este periodo el miedo era constante, especialmente cuando se incumplía el toque de queda porque se llevaban a la gente solo por salir tarde de sus casas.
'Yo no parí hijos para la guerra'
Esta situación la vivieron Jhonatan y Nelson, dos de los cuatro hijos de Luz Mary. En busca de una respuesta sobre la situación de sus hijos, Luz se encontró con dos paramilitares que solamente le atinaron a decir “Si tranquila, en tres días se los devuelvo, para que usted vea cómo los estoy preparando para la guerra”. Frente a esa respuesta, lo único que piensa Mary es “yo no parí hijos para la guerra”.
Cuando los muchachos regresaron luego de esos tres días, con marcas en su piel de los golpes, quemaduras de cigarrillos en su pecho y en los pies alfileres dentro de las uñas, el paramilitar que los traía le informa a Luz Mary que tiene alrededor de dos horas para llevarse a sus hijos. De inmediato ella reacciona y los envia en ambulancia hasta Bogotá. Pero si bien para ellos ese fue el último recuerdo vivo de la guerra, para ella no. Al día siguiente, tocaron a su puerta Ramón Isaza; Walter Ochoa Guisao, alias “El Gurre” y un tercer paramilitar a quien no alcanza a diferenciar.
“Perra, malparida”, fueron las primeras palabras que recibió de ellos y lo siguiente fue el golpe en su cara que hizo que se desplomara su dentadura. Corría sangre con lagrimas sobre el suelo cuando la forzaron a realizar sexo oral y, poco a poco, la despojaron de su ropa para abusar de ella y dejar una marca para siempre en su cuerpo, con un cuchillo le quitaron uno de sus pezones. Después de esto le dieron 24 horas para salir de su pueblo y como garantía a su silencio le retuvieron a su hijo Arvey de cinco años. Al día siguiente, temiendo por su vida huyó hacia la casa de su hermana en Bogotá y se encuentra con sus otros dos hijos.
Justicia y Paz
Pasaron varios años, antes de poder vislumbrar justicia para lo vivido por Luz Mary y seguramente para las muchas víctimas que dejaron los paramilitares. Fue solo hasta 2005 que fue sancionada la ley 975, mejor conocida como la ley de Justicia y Paz, la cual tenía como objetivo “la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional”. Los agresores de Luz Mary se acogieron a esta ley y dos años después de la tragedia una amiga le informa que sus agresores ya están presos y puede regresar por su hijo.
Pero la felicidad no fue eterna, Ramón Izasa quedó libre en 2016 y después de pagar ocho años de cárcel, que era la condena más alta establecida en este mecanismo de justicia transicional. Frente este aspecto, Luz Mary afronta el dolor de sentirse olvidada por el Estado, dice que “el gobierno ni se acuerda, me dieron una indemnización y ya se olvidaron de mí”. A pesar de prometerle frente al Procurador General de la Nación en ese momento, Alejandro Ordóñez, que le devolverían su casa y su negocio, la restitución nunca se presentó, así como tampoco se ha evidenciado progreso frente a las casi 100.000 hectáreas reclamadas en el departamento del Tolima, convirtiendo a éste el cuarto departamento con más reclamos de restitución de tierras.
Realmente Justicia y Paz, según cifras reveladas por la Contraloría General de la República, fue un proceso deficiente. Ya que, este proceso le costó al país 11.1 billones de pesos y solo otorgó alrededor de 47 sentencias, que involucran 5.401 hechos delictivos, 26.788 víctimas, que corresponden solo al 6.6 % de los hechos y al 12.7 % de las víctimas identificadas, según lo reportó la Fiscalía. Estas cifras fueron las últimas conocidas de Justicia y Paz, pues todo lo que esta unidad manejaba fue enviado al nuevo modelo de justicia construido por el acuerdo de paz, es decir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Justicia Especial para la Paz
La JEP busca “establecer la verdad y los derechos fundamentales de las víctimas de un conflicto armado duró mucho tiempo”, explica Andrés Martín, abogado de la Universidad del Rosario, quien además es investigador y magíster en Derechos Humanos. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para este nuevo proceso, según Juan Francisco Soto, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en el tema de restitución de tierras “se concluye con la grandísima paradoja de que se ha cumplido con la restitución de tierras negando más del 60 % de las solicitudes”, lo que evidencia problemas serios en la implementación de un pilar esencial del nuevo sistema, la verdadera reparación a las víctimas.
Para generar eficiencia en los resultados y para dar una mejor respuesta a las víctimas, el alto tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha considerado generar los conocidos “macro casos”, que buscan “expedir grandes sentencias que cobijen las responsabilidades colectivas más allá de individuos en particular” según Danilo Rojas, magistrado de la JEP. Es así como “La priorización de casos se pensó hacia la verdad, con el fin de generar una dignificación de las víctimas”, indica Andrés Martín.
Por su parte Danilo Rojas, presidente de la sección de apelación de la JEP, destaca la importancia que tiene la veloz resolución de estos casos con un objetivo en mente, al igual que la reconciliación y reparación de las víctimas mediante la verdad. Aunque este sea el propósito con el que se construyó el sistema de justicia transicional, los macro casos atienden de forma muy global a las violaciones sistemáticas más comunes, de manera que reúnen casos como: el reclutamiento de menores, los ‘falsos positivos’, la victimización a la Unión Patriótica y los secuestros, además de la priorización de algunas zonas del país, generando así los siete macro casos que está actualmente desarrollando el alto tribunal.
Pero, esta manera de tratar de forma sistemática los crímenes que se dieron en el marco del conflicto no está libre de críticas, como se ha evidenciado incluso en declaraciones como la que hizo el presidente Iván Duque el pasado 29 de octubre, quien dijo que “la entrega de una verdad real, la existencia de una justicia implacable con los responsables de atrocidades; también es urgente una reparación seria a las víctimas a través de la entrega total de los bienes de las Farc” haciendo especial referencia al trabajo de la JEP.
¿Hasta qué punto la JEP puede subsanar los daños de la guerra?
Las víctimas como Luz Mary tienen la esperanza de ser realmente escuchadas, de tener voz y participación en los procesos de construcción de verdad, pues no se puede olvidar el hecho de que los paramilitares también fueron actores del conflicto armado. Además, aunque algunos cabecillas de la extinta guerrilla de las FARC-EP han aceptado algunos crímenes quedan dudas sobre su compromiso con la verdad y justicia. Pero, si bien, el actual proceso que se está llevando a cabo en la JEP, para muchos genera simultaneidad en el reconocimiento de responsabilidad y verdad por parte de los actores del conflicto, para otros como como Luz Mary, y probablemente muchas víctimas de los paramilitares, no se sienten reparadas, escuchadas y con justicia en mano, frente a los hechos cometidos contra ellas.
De esta forma la búsqueda de justicia que viene desde la ley de Justicia y Paz ha evidenciado procesos poco fructíferos para las víctimas. La falta de priorización de zonas como el Tolima, la ausencia de llamamiento de víctimas en procesos en los que se mencionan los nombres de sus victimarios, deja un sinsabor en muchas víctimas sobre la realidad del país y la supuesta paz, que vendría con todo este proceso. Se han visto casos donde las víctimas sienten que el verdadero legado del proceso ha sido la impunidad de quienes les causaron tanto dolor. por lo tanto, sobre estos procesos el interrogante de “¿hasta qué punto la JEP puede subsanar los daños de la guerra, si igualmente el país sigue sumido en un conflicto de nunca acabar?”, como lo menciona Andrés Martín.
