Para algunas culturas, el 1 de noviembre se celebra el día de todos los santos, en otras, el día de los muertos. Sin embargo, para los refugiados afganos, esta fecha significa someterse de nuevo al miedo de la persecución, a embarcarse a la deriva en un nuevo viaje y a ocultarse, ya que es la fecha límite que les dieron las autoridades migratorias para retirarse del territorio que estaban habitando. Esta vez, el sufrimiento no viene por parte de los talibanes o la guerra, sino de las autoridades en Pakistán, país dónde los migrantes afganos creyeron que tenían un futuro.

Tras las polémicas decisiones del Ministro del Interior pakistaní, Sarfraz Bugti, todos aquellos migrantes indocumentados que estén dentro del territorio de Pakistán serán detenidos y serán expulsados después del 1 de noviembre. Esas son aproximadamente 1.7 millones de personas, entre los que se encuentra población vulnerable como mujeres, niños y ancianos. Ya se registran más de 218 arrestos, según la agencia periodística Aj English Tv y la demolición de barrios enteros que eran famosos por albergar población afgana.

¿Cuál es la excusa? Una vieja bandera utilizada por todos aquellos que ostentan el poder y quieren mantener el statu quo, bandera de los intolerantes a la diferencia y de quiénes utilizan el marco jurídico ineficiente a su favor, con ustedes… La seguridad nacional. Esto, dado que varios ciudadanos afganos han sido responsabilizados por cometer delitos menores como el hurto y el contrabando y algunos acusados en escenarios más complejos como los atentados contra el gobierno y el ejército, incluidos 14 de los 24 atentados suicidas cometidos este año.

Ahora bien, cada nación tiene derecho a expulsar a quiénes atenten contra su seguridad, pero ¿es proporcional esta medida? ¿Por unos, pagan todos? Se desconoce hasta cuándo la sociedad seguirá permitiendo atropellos  y atrocidades en nombre de la seguridad, discurso ineficiente y perturbador en todo el mundo.

Aunque el anuncio se realizó a comienzos de octubre, hasta ahora es que los medios internacionales y la prensa le están dando relevancia a este hecho, dado que la crisis en Palestina se ha robado la sección del Medio Oriente en medios como DW, BBC y Le Monde. Quizá, si se hubiera reportado antes, ya que las amenazas empezaron desde septiembre, organizaciones de derechos humanos habrían podido acudir a lo que está en el Pacto Mundial para la Migración, y hacerle saber a Pakistán que está violando cientos de principios como la promoción de un discurso público que favorezca la migración, proporcionarle a los migrantes información oportuna sobre sus derechos, utilizar la detención como último recurso ante población vulnerable y evitar situaciones que puedan reforzar el tráfico de personas.

¿Quién responde ahora? Dispersos, como mariposas saltando de flor en flor, a los afganos los obligan a volver a emprender un camino tortuoso y revictimizante: dejar todo y empezar de 0 en un nuevo país, o aún peor, tener que recoger sus pertenencias y volver a esa tierra que les dio la espalda y tiene inmensas restricciones a la libertad, en especial para mujeres y niñas, quienes tienen vetado el derecho a la educación. Hasta ahora, se registran más de 6.500 personas que han evacuado en los pasos fronterizos por los pueblos de Torkham, al noreste y por Chamán, al suroeste. Algunos de ellos son hijos de migrantes, por lo que en sus 30 años de vida no han conocido Afganistán y ahora deben asentarse allí, el lugar “de dónde vienen”.  

Según las autoridades pakistaníes, quienes decidan “voluntariamente” salir del país obtendrán beneficios como transporte, acceso a casas de cambio y gestión de documentación para el retorno a Afganistán. Eso está por verse. Mientras tanto, solo queda seguir siendo testigos de desastres humanitarios que no tienen solución a corto plazo y esperar que la buena fe de ONGs, donantes y la comunidad internacional decidan sacarle un tiempo a la crisis migratoria y defender los derechos humanos de cientos de afganos, incluso si eso implica escudriñar con la soberanía de uno o dos países. A la fecha, la organización Refugees  International reporta que más de 1'700.000 personas han sido deportadas.