El nuevo intento por reformar la justicia es antecedido por escándalos de corrupción en los órganos judiciales. El más reciente la petición de la Fiscalía General para que se investigue a los tres expresidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Francisco Ricaurte, por supuestamente exigir sumas entre 1.000 y 5.000 millones de pesos a cambio de beneficiar a aforados con procesos judiciales.

La crisis en la justicia es evidente. Una reciente encuesta del periódico El Tiempo arrojó que, un 87% de los participantes considera que la corrupción es una práctica frecuente en la Corte Suprema, un 12% lo consideran ocasional. Solo un 1% cree que es inexistente. La urgencia por realizar cambios prudentes y oportunos, para evitar la corrupción, fue una fuerte influencia en este proyecto de ley.

La senadora y precandidata a la presidencia por el Partido Liberal, Viviane Morales, presentó el 22 de agosto un proyecto de ley ante el Congreso de la República para efectuar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de conseguir una reforma integral y estructural a la justicia. El análisis del proyecto y las declaraciones de Humberto de la Calle, precandidato a la presidencia, son vitales para  entender la posible reforma al sistema judicial colombiano.

Anteriormente, en la constituyente de 1991 se había reformado la justicia, dando poderes electorales a las altas cortes. De la Calle, exjefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, participó en aquella reforma, donde se tuvo “la ingenuidad de creer que las cortes debían tomar decisiones, por ejemplo en los órganos de control”. Ahora, es palpable que esta decisión no cumplió con acabar la corrupción. “El peor agujero negro que tienen todas las instituciones actualmente es la justicia”, según el precandidato.

También, Humberto de la Calle ha señalado “una dificultad de pasar una reforma a la justicia por medios ordinarios”, esto por los diferentes intentos fallidos de reformar el sistema judicial. Únicamente la Corte Constitucional puede controlar las reformas a la máxima ley colombiana por asuntos o reforma. Por tal motivo, ha sido muy difícil concebir y aprobar una reforma de tales magnitudes sobre la justicia colombiana.

El documento del proyecto tiene algunos puntos importantes a tratar que son: primero,  el sistema de juzgamiento de aforados constitucionales, que ha sido cuestionado por ser un ciclo donde “congresistas que investigan magistrados y magistrados que investigan a congresistas”, según De la Calle. Segundo, los procesos administrativos “ineficientes”, declarado en el proyecto de ley. Por último, el presupuesto elevado que ha manejado y que crece proporcionalmente con el tiempo, como menciona la senadora Morales.

El nuevo proyecto plantea una ley ordinaria, para poder pasar necesita de mayoría absoluta en cuatro debates en Cámara y Senado. Después de aprobado, la ley deberá pasar a revisión a la Corte Constitucional, y de ser avalada será el pueblo el que acepte o rechace la convocatoria. Si el pueblo aprueba, sigue una segunda plenaria donde se seleccionarían los delegatarios a la Asamblea Constituyente. Este procedimiento es dictado por la Constitución, lo principal es la elección del pueblo.

La Constituyente estaría compuesta por un 70% de integrantes elegidos por movimientos, partidos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos. El otro 30% serían miembros electos de las listas de universidades con acreditación de calidad. Los listados deberán ser “listas cremalleras”, esto significa que deben estar constituidos por un hombre y una mujer, mayores de 25 años que no hayan sido condenados por delitos no políticos y que no tengan antecedentes disciplinarios o fiscales. Regular la cantidad de participantes entre hombres y mujeres muestra equidad de participación, esto con el fin de conseguir las opiniones de ambos géneros.

A esta distribución, De la Calle agrega que se debe tomar también “la participación por estamentos como los expertos, los usuarios y los abogados”, con el fin de conseguir una combinación independiente. De este modo, existen muchas posibilidades de concebir una mejor reforma a la justicia. “El temor de una Constituyente es que termine con otros propósitos políticos”, según el precandidato. Esto podría limitar los beneficios que la reforma podría tener.

La Asamblea Nacional Constituyente deberá reunirse sólo en la capital de la República, agregando que todos los miembros están en compromiso de  presentarse libremente. También, tienen la facultad de crear su propio reglamento. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, los Tribunales de Distrito Judicial y los Tribunales Administrativos están obligados a entregar un informe para facilitar el acceso a la información a los miembros de la Constituyente. Asimismo, podrán citar a cualquier funcionario público, de igual modo, como invitar a cualquier ciudadano a escuchar su opinión, si lo consideran necesario. Esto abre  aún más la posibilidad de participación ciudadana. 

Una reformar tan importante a la Constitución no se ha llevado a cabo desde 1991. Los diversos intentos de frenar los fallos en el sistema judicial han sido ineficaces. “Urge purgar el sistema”, sentenciaba De la Calle, aunque sea algo descabellado, hay que abrir el espacio para crear una Constituyente centrada y parcializada, que obligue a las altas cortes a aceptar lo establecido, puede ser una buena solución para los problemas judiciales actuales.