Desde enero de 2016 hasta marzo de 2017 se registraron 156 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, quienes desarrollaban actividades relacionadas con el manejo de tierras y pedagogía para la paz. Además de los asesinatos, en esos 14 meses se presentaron 501 amenazas, 33 atentados y cinco desapariciones forzadas.

El liderazgo indígena ha sido uno de los más afectados, pues representa el 25 por ciento del total de las víctimas. Oscar Montero, asesor de la oficina de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señala que se enfrentan a una emergencia humanitaria: “Llegamos en la mañana y nos informan que mataron un compañero en Caloto y, solo hace un par de días, que mataron una lideresa en Corinto. Y así sucesivamente. Esto no es una cuestión aislada, es una cuestión sistemática que se agudiza cada día más”.

Según el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, “el retiro de las Farc de las zonas donde antes ejercían control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial y económico”, lo que ha derivado en una serie de represalias violentas contra la población y, en especial medida, contra quienes lideran procesos en las comunidades.

Distintos centros de estudio y ONGs, señalan como principales responsables a grupos paramilitares. Sin embargo, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, asevera que “en Colombia no hay paramilitarismo”, sino que existe “crimen organizado que en su gran mayoría está siendo debidamente contenido”.

Sea quien sea el responsable, lo que más preocupa son las dificultades para frenar estos ataques que, paradójicamente, se cometen en las zonas con mayor número de efectivos de la Fuerza Pública.

Las víctimas de los ataques

Los informes expedidos por el Programa Somos Defensores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Defensoría del pueblo, apuntan a que los líderes comunitarios, indígenas y campesinos son los más afectados. Sin embargo, no dejan de ser relevantes los casos de ataques a líderes LGTBI, afro, ambientalistas, y activistas políticos, en especial de Marcha Patriótica.

En el caso de los líderes indígenas, afro y campesinos, los ataques suelen desatarse por actividades relacionada con la defensa y recuperación de territorios étnicos, la exigencia de Zonas de Reserva Campesina o de Territorios Campesinos Agroalimentarios. Asimismo, la Defensoría señala que la denuncia por el acaparamiento de tierras y privatización de bienes comunes, así como la vinculación a programas de restitución de tierras han sido las causas de ataques contra dirigentes comunales y campesinos. En cuanto a líderes ambientalistas, los crímenes se han presentado por su oposición a programas mineros y extractivos, o de sustitución de cultivos ilícitos.

Lo que resulta paradójico es que casi todas las causas de los asesinatos, corresponden a alguno de los ejes principales del Plan Victoria, una estrategia de las Fuerzas Militares que pretende “neutralizar las estructuras criminales, estabilizar el control institucional del territorio y brindar niveles más altos de seguridad en la vida rural y urbana”.

Por otra parte, no se pueden perder de vista los asesinatos de exguerrilleros de las Farc y sus familiares, que según cifras de Indepaz, han sido 10 en lo corrido del año: ocho contra familiares y dos de desmovilizados.

Tierras manchadas de sangre 

“La guerra la vivimos es en el territorio, porque en las ciudades llega muy poco de eso”, señala Telésforo Achicué*, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. En efecto, el 87.5 por ciento de las muertes contra líderes y defensores de DDHH han ocurrido en zonas rurales pertenecientes a 23 de los 32 departamentos del país.

El rastreo de los lugares en donde se cometen estos crímenes ha implicado una tarea mancomunada y de contraste para distintas organizaciones. Desde la Defensoría del Pueblo, se estima que hay seis departamentos que reúnen el 66 por ciento de las muertes: Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño y el Valle del Cauca. La situación más dramática se vive en el Cauca, que con 41 asesinatos representa casi una tercera parte del total de víctimas del país.

Por otra parte, preocupan las amenazas de grupos armados ilegales en el magdalena medio, la región caribe, el Catatumbo y la costa pacífica, especialmente en municipios como Tumaco o Buenaventura. Allí se siembra el terror con mensajes grabados como “Somos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a todas las niñas de 15 años que nos encontremos en las calles las vamos a violar y las vamos a matar”, y notas de voz que dicen “vamos a hacer barrida después de las 10p.m., persona que encontremos después de esa hora, la mataremos instantáneamente. No den papaya en la noche”.

El rastro y rostro de los victimarios

La tarea de identificar responsables le ha costado trabajo a la Fiscalía. Sin embargo, algunas ONG como Indepaz, en su más reciente informe sobre crímenes contra líderes y/o defensores de DDHH, señala que, de los 44 asesinatos presentados desde enero de 2017 hasta el pasado 11 de mayo, se presume que 13  fueron perpetrados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); uno, por vigilantes de la empresa de seguridad de Incauca; otro, por la Policía, y los 26 casos restantes están sin identificar.

En este mismo sentido, el vice defensor del Pueblo, Jorge Calero, señala que “el principal responsable de estos asesinatos son las AGC, pero también se tiene referencia de otros grupos criminales como “La Constru”, en el Putumayo; el “bloque Meta” y el “bloque Libertadores del Vichada”, los “Rastrojos Costeños”, las “Águilas Negras”, y también hay amenazas desde las disidencias de las FARC y el EPL, como por miembros del ELN”.

Todo esto deja ver que los Grupos Armados Organizados (GAO), Bacrim, neo paramilitares, paramilitares, o como quiera que se les denomine, son los principales perpetradores de asesinatos contra líderes sociales, pero es necesario que los entes investigadores cumplan a cabalidad la tarea de identificación. Sobre esto, Oscar Montero, vocero de la ONIC, señala que “el Estado, por ser un Estado Social de derecho, por acción u omisión, tiene responsabilidades. Con casos como el de Gerson Acosta, el gobernador del cabildo de Kite Kiwe, con sistema de protección, con tres escoltas y camioneta blindada, que aun así terminó asesinado, no se sabe qué se puede esperar del resto de líderes del país (que están desprotegidos)”.

Aunque la mayoría de instituciones del Estado –comenzando por el Ministerio de Defensa y la Fiscalía–, niegan la existencia de grupos paramilitares e insisten en que no son más que GAO o bandas criminales, distintas organizaciones y asociaciones en territorio dan fe de la existencia del paramilitarismo en Colombia.

De acuerdo con el último informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), durante 2016 se presentaron más de 1260 hechos victimizantes, de los cuales 550 se atribuyen a grupos paramilitares. Según explica el padre Javier Giraldo, investigador de este centro, aunque los “paras” ya no trabajan en gancho con la Fuerza Pública, como en años pasados, no quiere decir que sean autónomos. Sobre esto, el congresista Alirio Uribe ha llamado la atención, al señalar que “el país debe saber cómo se usa la información de inteligencia militar y quienes pueden acceder a ella, pues puede haber una relación entre los homicidios a líderes sociales y esos datos”. Según Uribe, resulta problemático el hecho de que lo asesinatos se hayan perpetrado en las zonas más militarizadas de  Colombia.

Raúl Hernández*, indígena Nasa de Santander de Quilichao, también señala que “los asesinatos se dan en zonas donde  hay retenes del ejército cada poco, y eso hace dudar de la fuerza pública”. Aunque en el Cauca no muchos se atreven a responsabilizar a grupos paramilitares, en regiones como San José de Apartadó la Comunidad de Paz ha denunciado, documentado y registrado la presencia de los “paras” en la zona, quienes incluso portan camuflados.

Asimismo, como asevera Camilo González Posso, presidente de Indepaz, con la reaparición de las Águilas Negras se dio “una proliferación de panfletos dirigidos a líderes y organizaciones sociales que consideran aliados de las Farc”. Sobre esto, Evelio Flórez*, miembro de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), narra que, por ejemplo, “el día 9 de febrero, cuando las Farc se movilizaron a la Zona Veredal, aparecen 16 hombres en el corregimiento La Gabarra, y se le presentan como paramilitares a los campesinos, diciendo que habían ido para quedarse. Y que quien se pusiera en contra de ellos ya estaba muerto”. Flórez también cataloga como preocupante que “ese mismo día, sobrevoló un helicóptero en la vereda La Timba, y a escasos metros aparecieron estos señores, armados”. El drama de la comunidad continuó al hacer la denuncia, pues “los militares se burlaban de los campesinos, diciendo que las únicas águilas negras que conocían eran las de la cerveza”, asevera el miembro de Ascamcat.  

¿Crímenes sistemáticos?

Aunque el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, ha señalado que “hay una multicausalidad en el origen de amenazas, asesinatos y afectaciones a la integridad de líderes sociales, por lo que no es posible hablar de un factor único que las motive”; existen patrones que abren la hipótesis de una sistematicidad en estos crímenes.

Según el representante Alirio Uribe, dichos factores comunes son: el tipo de liderazgo, en donde marcan la pauta los homicidios contra líderes comunales, campesinos e indígenas; el modus operandi, caracterizado por el sicariato, interceptación en motos o vehículos, y el uso de armas de fuego en el 90 por ciento de casos; la escena del crimen, que suele ser la residencia del líder o sus alrededores (lo que permite pensar en acciones de inteligencia previas); los presuntos responsables, que generalmente son miembros de grupos paramilitares; la actividad desarrollada por el líder o defensor asesinado; e incluso, la distribución geográfica de los ataques, que pone al Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle y Córdoba como principales zonas de riesgo, a pesar de ser regiones priorizadas por el Plan Victoria.

Y el Estado, ¿qué medidas toma?

Ante las crecientes cifras de asesinatos y ataques contra líderes sociales y defensores, los congresistas Alirio Uribe, Iván Cepeda y Ángela Robledo, citaron a debate de control político a organismos como la Fiscalía, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección y los ministerios de defensa y del interior; el pasado miércoles 17 de mayo. Aunque el debate estaba programado para el 5 de abril, se postergó durante casi un mes y medio, periodo en el que ocho líderes sociales fueron asesinados.

Desde la perspectiva institucional, los citados apuntaron a que se están adelantando las estrategias prevención e investigación para frenar los ataques y judicializar a los responsables. No obstante, llama la atención que, por ejemplo, mientras el Vice defensor del Pueblo habló de 180 líderes asesinados de enero de 2016 a mayo de 2017; el delegado de la Fiscalía, Luis González, mencionó que desde el ente investigador se le está haciendo seguimiento a tan solo 77 casos.

Por su parte, Aníbal Fernández, viceministro de Defensa, señaló que “en este momento Colombia tiene los mejores índices de seguridad de los últimos 40 años, pero somos conscientes de que hay territorios con muchos desafíos”. Aunque explicó los avances de las Fuerzas Armadas y sus operaciones en regiones, no ofreció alternativas concretas para contrarrestar los ataques contra líderes sociales.

Mientras el Estado sigue en su tránsito lento para tomar medidas, en los territorios afectados –como señala el gobernador Nasa, Luis Pechené-, “a veces parece que lo que se firmó fue la guerra en lugar de la paz”.

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