Tras un conflicto armado de alrededor de sesenta años que está en proceso de finalizar,millones de personas se registran como víctimas directas o indirectas de la guerra en Colombia. El Registro Único de Víctimas (RUV) tiene en su base de datos un total de 8.022.919 colombianos que padecieron las atrocidades de la guerra, lo que equivale a un poco menos de la población que hoy habita la ciudad de Bogotá.

De esa totalidad, el 52.4% está conformado por menores entre 0 y 17 años víctimas del conflicto armado; así lo afirma Katherine Herrera, directora del Grupo de Niñez y Juventud de la Unidad para las Víctimas.

La base de datos muestra un total de 2’398.186 menores de 18 años víctimas directas o indirectas del conflicto y que están siendo reparados mediante un proceso a cargo, principalmente, de la Unidad de Víctimas que trabaja de la mano con entidades del Estado.

“Hay una ruta de reparación a Víctimas, pero depende del hecho victimizante. Tenemos once de estos hechos. Cuando uno de estos muchachos es incluido en el registro por Desplazamiento forzado, este hecho es el único que permite que dentro de la ruta haya una sub ruta de atención y Reestablecimiento de Derechos antes de la reparación. De resto, para los otros diez hechos victimizantes, apenas la persona se inscribe, entra al proceso de reparación. Este proceso tiene cinco medidas: medida de indemnización, satisfacción, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición; y cada una tiene un sinnúmero de acciones y actividades de oferta del Estado”, explicó Herrera.

La directora del Grupo de Niñez y Juventud dentro de la Unidad para las Víctimas también agregó que siempre se procura que las entidades encargadas y competentes para llevar a cabo las medidas de reparación y las políticas sociales para las víctimas tengan en todo su actuar el componente de Niños Víctimas que, como afirma ella, “los hace más vulnerables entre los vulnerables.”

Entre estas entidades que trabajan con la Unidad y están adscritas al Estado se encuentran el Ministerio de Salud que, a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), es el encargado de la rehabilitación de niños y niñas. También está el Ministerio de Educación, que se responsabiliza de la garantía y cobertura de educación básica y media de los jóvenes. Incluso el SENA participa del proceso, ya que toda su oferta se extiende para las víctimas del conflicto.

Katherine Herrera aclaró, finalmente, que por obvias razones hay un trato diferencial para este tipo de población dentro de las víctimas del conflicto armado. “No es lo mismo hablar de un niño que es desvinculado del conflicto armado, que de un niño que es huérfano y que está incluido en el RUV por desaparición forzada de sus padres, o no es lo mismo cuando hablamos de un niño secuestrado, o cuando un niño ha sido sujeto de violencia sexual. Todas las situaciones son distintas y no podemos dejar que todas queden dentro de una misma ola".