Hacia el medio día del martes 8 de mayo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada presentaron una ponencia para formular cargos al presidente Petro y al actual presidente de Ecopetrol y ex gerente de campaña Petro, Ricardo Roa, por presunta violación de los topes de su campaña presidencial del 2022.
La irregularidad por la que se le acusa a Petro y Roa es el pago por 60.000 pesos a 3.500 testigos electorales, lo que equivale a más de 6.000 millones de pesos que, supuestamente, habrían ingresado a la campaña del actual jefe de estado de manera irregular.
Este hecho ocurre después de meses de investigaciones, testimonios y pruebas entre las que se encuentran las declaraciones de Laura Sarabia y Armando Benedetti sobre ingresos irregulares a la campaña Petro, giros de la empresa Grafikar, pagos de la Sociedad Área de Ibagué, donaciones de dinero por parte de Fecode, las declaraciones de Day Vásquez contra Nicolás Petro, entre otras.
Según un funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), que prefiere permanecer anónimo, el caso Petro está en etapa de ponencia en Cámara plena para solicitar un debate y, por último, aprobar el caso.
Al respecto, el jefe de estado convocó a una reunión extraordinaria del Pacto Histórico y pidió a quienes lo apoyan “prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular”. Además, aseguró que “Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. La democracia entra en emergencia".
Casos como este han sido parte de la historia de Colombia durante años, sacando a la luz las debilidades de los mecanismos de control público a las campañas electorales. Esto ha cuestionado el tradicional modelo de financiamiento político y ha creado un debate sobre la necesidad de una reforma estructural a dicho modelo, donde se busque un proceso de financiamiento más transparente ante los colombianos.
Un problema de cada cuatro años
El escándalo de la campaña 'Petro presidente' se suma a varios otros casos de financiación irregular en campañas presidenciales anteriores.
“Este tipo de financiamiento se ha naturalizado en nuestro país y existe un efecto teflón en los candidatos, sobre todo, de las élites que tradicionalmente han gobernado el País, quienes han encontrado la manera de cuidarse la espalda entre ellos”, afirmó la politóloga Dionne Ortiz
En 1994 la campaña de Ernesto Samper fue conocida por el llamado proceso 8.000. En el que la justicia colombiana encontró que el cartel de Cali había aportado dineros para su candidatura. En este caso, Samper afirmó que estos aportes fueron desconocidos para él y solo fue condenado el exgerente de esa campaña Fernando Botero Zea.
En 2014, se conocieron movimientos de dinero irregulares de la multinacional brasileña Odebrecht hacia la campaña de Juan Manuel Santos a cambio de contratos públicos. En este caso, la Procuraduría inhabilitó y suspendió a Roberto Prieto, gerente de campaña de Santos, por falsedad en documento privado al haber mentido en el informe de ingresos y gastos. El presidente Juan Manuel Santos no enfrentó consecuencias graves.
El escándalo más reciente es el de la campaña de Iván Duque en 2018, conocido como la “Ñeñepolítica”. Esto se originó por la revelación de audios donde un ganadero, implicado en casos de narcotráfico, José Ñeñe Hernández, mencionaba entradas de recursos de manera irregular a la campaña Duque. La Comisión de Acusaciones terminó archivando el caso.
“Este tipo de financiamiento se ha naturalizado en nuestro país y existe un efecto teflón en los candidatos, sobre todo, de las élites que tradicionalmente han gobernado el País, quienes han encontrado la manera de cuidarse la espalda entre ellos”, afirmó la politóloga Dionne Ortiz sobre las razones por las que muchas campañas investigadas han resultado canceladas, archivadas o sin sanciones concretas.
“En parte, las investigaciones pasadas han quedado archivadas por la incapacidad de control, sobre todo, del CNE. Esta entidad puede mejorar en el seguimiento a las campañas electorales, porque el despliegue en campaña es bastante amplio y para poder rastrear todos los gastos se necesita tener una capacidad operativa muy fuerte”, aseguró Juan Felipe Ávila, de la Misión de Observación Electoral (MOE).
¿Cuenta Colombia con un mecanismo efectivo de control a la financiación de campañas políticas?
En el país. distintas entidades, tanto independientes como estatales, se encargan de monitorear los procesos de campañas políticas en periodos electorales. A nivel nacional la encargada de supervisar estos procesos, incluyendo la financiación de candidatos, es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según esta entidad para el 2024, 337 funcionarios electos en las elecciones territoriales pasadas no han cumplido con su obligación de entregar informes de ingresos y gastos de campaña. Entre ellos hay 201 ediles, 128 concejales, cinco alcaldes y tres diputados.
En el periodo electoral del 2022, casi 2000 candidaturas se revocaron por incumplimiento de los requisitos legales de financiamiento. De ellos, el 64% son de los concejos locales.
Ahora bien, expertos aseguran que, aunque hay un monitoreo de delitos ocurridos durante campañas electorales el control sobre estos es limitado. “Yo no creo que Colombia cuente con mecanismos efectivos de control a la financiación de las campañas políticas. Se supone que los candidatos deben llevar libros de contabilidad de sus campañas, pero hay muchos que no entregan estos informes o detrás de los que entregan ocurren cosas que no están reflejadas. Los controles no alcanzan a cubrir la dimensión del problema”, aseguró Ortiz.
A comparación del 2019, durante las elecciones del 2022, se registró un aumento del 326,6% en las denuncias por delitos relacionados con financiación de campañas electorales. El mayor delito denunciado fue la violación de topes, mismo delito que se le investiga a la campaña Petro, con un aumento del 1300% en sus denuncias.
Sin embargo, funcionarios del CNE aseguran que esto no implica, necesariamente, un aumento en los delitos mencionados sino a una mayor veeduría ciudadana. “Las campañas se enfrentan a un mayor control ciudadano y de instituciones como el CNE y la MOE, la ciudadanía presenta las quejas porque es más consciente ellos. Antes nadie denunciaba”, declaró el funcionario del CNE.
“No solo hay que tener un control institucional, también hay que tener un control ciudadano. Creo que debe haber un cambio en la mentalidad, en la conciencia, en la cultura, sobre cómo se perciben estos delitos electorales. Creo que más allá del control institucional, hace falta un control ciudadano, un control social”, afirmó Ávila.
Aunque son considerables las demandas relacionadas con este caso ¿qué pasa con ellas? ¿qué pasa con el monitoreo de estos delitos y las consecuencias para los implicados? Cada cuatro años hay más denuncias sobre irregularidades en el financiamiento de campañas electoras ¿cómo hacer que la historia sea diferente?
“A pesar de las normas, a pesar de los debates que se han librado en materia política, en Colombia aún tenemos mucha laxitud en cuanto al financiamiento de campañas. Esto no es nuevo y tiene que ver con la manera como está estructurado el sistema político electoral”, aseguró Ortiz.
¿Es necesaria una reforma estructural al modelo de financiación electoral?
A través de la ley 1475 del 2011 y los artículos 396A, 396B y 396C del Código Penal se tipifican las conductas prohibidas con respecto a la financiación de campañas electorales.
“Un financiamiento de campañas mixta, promueve la infiltración de dineros provenientes de delitos, mafias e intereses personales. Creo que debe haber una reforma estructural a este modelo, que pase a ser 100% estatal y los topes se regularán, porque obviamente el Estado tiene recursos finitos y limitados. Entonces por la misma naturaleza que tiene el Estado, deben ser topes establecidos para todos sin importar la persona. Creo que sería muy positivo para el país”
Entre estas se encuentran: la financiación prohibida, donde los candidatos reciben financiamiento de extranjeros, actividades ilegales, personas titulares de bienes con extinción de dominio, funcionarios públicos y sujetos acusados por la ley; la violación de topes, la cual establece que los candidatos a cargos públicas no pueden sobrepasar los límites de gastos que haya fijado el Consejo Nacional Electoral para dicha elección; y la omisión de información, que consiste en negarse a informar los aportes realizados a las campañas electorales, los tiempos en que estos se dan y los mecanismos previstos para ello.
Las sanciones a estas conductas prohibidas incluyen multas de hasta más de 184 millones de pesos, sanciones administrativas a la campaña presidencial, pérdida del cargo del presidente, prisión de los implicados y suspensión de la personería jurídica de la organización política involucrada hasta por cuatro años, entre otras.
Sin embargo, aunque la ley es clara, en la práctica estos delitos ocurren con mucha frecuencia y las cifras afirman que las denuncias solo crecen. Por eso, expertos afirman que el modelo de financiamiento de campañas políticas de carácter mixto da paso a irregularidades financieras.
“Un financiamiento de campañas mixta, promueve la infiltración de dineros provenientes de delitos, mafias e intereses personales. Creo que debe haber una reforma estructural a este modelo, que pase a ser 100% estatal y los topes se regularán, porque obviamente el Estado tiene recursos finitos y limitados. Entonces por la misma naturaleza que tiene el Estado, deben ser topes establecidos para todos sin importar la persona. Creo que sería muy positivo para el país”, aseguró Ortiz.
Otras posturas afirman que la reforma no debe ir inclinada hacia el modelo mixto sino a las entidades y procedimientos de control.
“Afirmar que se necesita una reforma a todo el modelo sugiere una serie de preguntas como ¿cuáles son los riesgos de un sistema de financiamiento electoral netamente público? Sin embargo, sí considero que un elemento a evaluar es la composición de las entidades que investigan y sancionan a los funcionarios que cometen delitos electorales. El CNE está conformado por magistrados que vienen de partidos políticos que son escogidos por un proceso partidista dentro del congreso de la república, esto puede permitir que no se sancione con toda severidad y toda rigurosidad a los de sus mismos partidos”, afirmó Ávila.
Por parte del CNE aseguran que el problema no está en la estructura del modelo sino en su garantía. “No consideramos que si algo no funciona hay que quitarlo y cambiarlo. Colombia tiene las herramientas, solo hay que ajustarlas y adaptarlas a las realidades políticas colombianas”, declaran.
¿Por qué es importante el control del financiamiento electoral para la democracia?
El monitoreo y control sobre el financiamiento de campañas es un elemento fundamental para el ejercicio de la democracia. Este proceso implica la transparencia sobre las intenciones e intereses de los candidatos que las personas elegirán para representarlos en el gobierno.
“Es importante monitorear a las campañas y el dinero ingresado porque se debe garantizar que se utilice de buena manera. Finalmente, es importante hacerles monitoreo a las campañas porque así se puede entender las decisiones de las personas del poder, y prevenir los conflictos de intereses” aseguró, Ávila.
Expertos aseguran también que el seguimiento a los dineros de las campañas electorales es importante porque dicho financiamiento determinará, en gran parte, la gestión de gobierno de los candidatos que queden electos.
“El control sobre esa financiación es esencial porque ayuda justamente a que a que no se generen fenómenos de clientelismo, de corrupción y de intercambio de favores. Cuando un candidato es electo, el contratista o grupo económico que puso recursos en su campaña saca su cuenta de cobro y reclama licitaciones o contratación, muchas veces, sin tener las condiciones de idoneidad y de calidad para hacer una buena obra o prestar un servicio. Esto nos cuesta a todos: nos cuesta recursos, vidas, desarrollo y progreso”, aseguró Ortiz.
