El periodista y escritor argentino Rodolfo Wash dijo que "el periodismo es libre o es una farsa", poco antes de ser asesinado el 25 de marzo de 1977 durante el gobierno de la Junta Militar en Argentina. Como él, cientos de periodistas han muerto en el intento de desarrollar un proyecto de prensa libre en el mundo.

En Colombia, más de 160 periodistas han sido asesinados desde 1938, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rastreados hasta el 2018. Estas son historias cuyos nombres quedan reducidos a la negligencia de la Justicia y a la dificultad de reconstruir los hechos. Y las historias, investigaciones, trabajos y sus voces, silenciadas para siempre. En los últimos años, desde el 2017, las violaciones a la libertad de prensa se han incrementado radicalmente. La FLIP ha mapeado las denuncias que se realizaron desde el año 2006 hasta lo que va de 2020, que casi está por terminar. Lejos de mostrar un decrecimiento, parecen estar escalando y reflejan con descaro la forma sistemática en la que se están violando los derechos de cientos de periodistas en Colombia. 

La información recolectada por la FLIP clasifica estas violaciones en categorías, desde casos como “solicitudes de remoción en contenido de internet”, hasta casos de “agresión”, “amenaza”, “exilio”, entre otras. Del año 2016 al 2017, las víctimas de violaciones a la libertad de prensa aumentaron de 262 a 368 periodistas. Para el año 2018 las víctimas alcanzaron la cifra de 605, y más adelante, el récord fue superado con 634 durante el 2019. Este año, pese a que el número disminuyó, no ha sido mucho mejor: 604 víctimas y 421 violaciones a la libertad de prensa. 

Respecto a estas formas de violencia, varios de los hechos que ocurren frecuentemente son por situaciones de estigmatización sobre los periodistas y su trabajo. El año pasado, la FLIP presentó una queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el candidato a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caicedo, por estigmatizar el trabajo que estos profesionales realizan. La denuncia surgió después de que el candidato declarara en un video que se estaban "comprando" periodistas para crear noticias falsas acerca de su candidatura. 

Tristemente, otras presunciones y señalamientos han surgido precisamente desde el mismo gremio

En el marco de las protestas del 21 de noviembre de este año, el periodista Herbin Hoyos relacionó a los reporteros que cubrían marchas con “estructuras criminales organizadas”. Estas acusaciones, que de igual forma suscitaron rechazo de la FLIP, las realizó públicamente en un video que subió a sus redes sociales. La Asociación de Prensa Internacional en Colombia (APIC), rechazó las acusaciones por no tener fundamento, y añadió que ponían en riesgo la vida de los periodistas en el terreno. 

Días después, el 26 de noviembre, ocurrió un nuevo episodio en el que un periodista fue estigmatizado. La escena fue protagonizada por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien cuestionó las investigaciones periodísticas que Edison Bolaños estaba realizando para El Espectador acerca de su gestión durante el tiempo que fue Fiscal. Martínez, violando el derecho del periodista a la reserva de la fuente, señaló que las investigaciones −cuyo propósito, según él, era cubrir a Sántrich−, no se realizaron con carácter independiente ni se publicó la información completa, por tanto, el periodista informaba de manera sesgada.

En agosto de este año, después de que el presidente Iván Duque señalara que las masacres fueron en realidad 'homicidios colectivos', Carlos Holmes Trujillo, salió en defensa del mandatario y cuestionó al lenguaje usado por la prensa señalando que el término 'masacre' era solamente “periodístico y coloquial”. Las situaciones en las que la prensa, y en especial los periodistas, se ven enfrentados al escarnio público son, en ocasiones, demasiado sutiles como para generar un gran escándalo. Y aunque los casos son frecuentes, hay pocas garantías que permitan evitar que esto ocurra. 

En varias ocasiones, y en respuesta a varios de estos casos, la FLIP y la APIC han coincidido en que los discursos pueden estigmatizar el trabajo de los medios y los periodistas, y por tanto las figuras públicas no deben realizar acusaciones y señalar a la prensa de forma arbitraria. Pese a esto, la violación a la libertad de prensa no solamente se ha dado en el campo discursivo.

Hay demasiados casos que tienen mayores consecuencias para los periodistas y despiertan un cierto amargor para el ejercicio de este oficio en el país 

En octubre de este año, la Fiscalía quiso imputar cargos a Diana Díaz por el delito de “utilización de asunto sometido a secreto o reserva”. Díaz fue la periodista que el año pasado reveló un audio en el que Juan Pablo Bieri, entonces director de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), tomaba la decisión de finalizar la producción y, a su vez, censurar el programa 'Los Puros Criollos'. La noticia generó un gran escándalo y condujo a que Bieri se retirara del cargo, pero el caso no llegó más lejos dado que en Colombia la censura no es un delito. Aunque la Fiscalía señaló más adelante que no imputará cargos contra Díaz, por no tener suficientes pruebas, se sentó un antecedente acerca de los aspectos que priorizan en casos como el de Bieri.  

El hecho más polémico ocurrió al principio de este año, con el 'Caballo de Troya' del Ejército. La revista Semana publicó un reportaje que exponía una trama de pesquisa institucional realizada desde instalaciones militares. Esta investigación expuso las verdaderas razones por las cuales Nicacio Martínez, General del Ejército hasta 2019, se había retirado del cargo. Martínez aseguraba que se trataba de motivos personales, pero Semana descubrió que había sido precisamente por las interceptaciones y perfilamientos a magistrados, congresistas, periodistas y sindicalistas de oposición, entre otros. En la lista figuraban al menos 130 personas, incluyendo varios periodistas reconocidos del país. Pese a que estos hechos suscitaron rechazo, no ha habido una respuesta acerca de quién ordenó estos perfilamientos ilegales, y con qué objetivo se vulneraron los derechos de estas 130 personas. La olla que se destapó con esta investigación recordó al país el sinsabor de lo ocurrido hace más de 10 años con el escándalo de las chuzadas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

Todos los días los periodistas se ven expuestos a múltiples formas de violencia y coacción. Por ejemplo,  en las situaciones que ocurren durante las movilizaciones y protestas en el país, donde los periodistas son blanco de agresión de policías y, en algunos casos, de la misma población. Adicionalmente, aparecen nuevas historias constantemente y el número de casos aumenta, haciendo difícil encontrar un final o una solución que responda a la necesidad de proteger los derechos de quienes ejercen esta labor. Son todos los casos de periodistas asesinados, perseguidos, amenazados o censurados, los que posicionan a Colombia en el lugar 130 de 180 países, siendo uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico, según la Clasificación mundial de libertad de prensa realizada por Reporteros sin fronteras (RSF). 

Los periodistas se exponen diariamente a la censura, o estigmatización y persecución, entre varios otros, que lejos de ser menos importantes, socavan la posibilidad de hacer prensa libre y sin temor al ambiente hostil que no se encuentra únicamente en territorio de guerra. En conjunto, estos casos, y los cientos más que suceden y han sucedido, sientan un precedente acerca de la posibilidad de ejercer periodismo en Colombia, porque la violencia hacia los periodistas trasciende y atraviesa la historia del país, demostrando que la impunidad debería formar parte del escudo Nacional.