La seguridad de los exguerrilleros de las Farc ha sido una prueba de fuego en el cumplimiento de lo pactado entre el Gobierno y el antiguo grupo armado en noviembre 2016. Desde la firma del acuerdo de paz, 238 excombatientes han sido asesinados, una larga lista que revela los retos que el Estado colombiano aún tiene por delante para garantizar que la implementación sea tan exitosa como lo fue la negociación.
El partido Farc, creado tras el desarme de ese grupo, inició una peregrinación “Por la vida y por la paz” desde diferentes regiones del país para insistir en que no firmaron la paz para que sus exintegrantes sean asesinados, razón por la cual se movilizaron caminando y en chivas hasta Bogotá, en un ejercicio pacífico, pedagógico y simbólico contra la violencia.
“No firmamos la paz para que ahora nos exterminen delante de nuestros hijos y esposas. Queremos que nos dejen ayudar a edificar la paz con justicia social, que nos dejen trabajar sin el asedio de las balas y los matones sueltos”, dijeron cuando la marcha llegó a la capital.
La FARC además reclama que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada en virtud del acuerdo de paz, “no puede seguir limitándose a aportar cifras y detener sicarios”. La colectividad exige que “es hora que le diga al país quiénes están detrás de estos crímenes contra la paz, como determinadores”.
31 de octubre, la peregrinación llega a la Capital
En la noche del domingo 31 de octubre, durante las celebraciones de Halloween, cientos de excombatientes de las extintas FARC llegaron a Bogotá en una caravana. Se instalaron en la Universidad Distrital, que días antes había comunicado que los recibiría en sus instalaciones durante el tiempo que permanecieran en la ciudad.
La delegación del oriente colombiano ya llegó a la Universidad Distrital (sede Macarena). Mañana llegan las delegaciones del resto del país. ?❤#PorLaVidaYPorLaPaz ? pic.twitter.com/DgM68zq9ed
— FARC #PorLaVidaYPorLaPaz ? (@PartidoFARC) November 1, 2020
Tres grupos de excombatientes recorrieron el país para llegar a Bogotá. El primer grupo, proveniente de los Llanos Orientales; el segundo, desmovilizados de Nariño, Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca, y el tercero, que llegó el domingo 1 de noviembre, conformado por excombatientes de Antioquia, Caldas, Santander y la región Caribe.
Las movilizaciones empezaron en Mesetas, Meta, y fueron convocadas tras el asesinato de Juan de Jesús Monroy −líder del proceso de reincorporación en esta región− y el de su escolta, Luis Alexander Largo. Con camisetas blancas y banderas, muchos caminando y otros en buses, recorrieron el país desde los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con el fin de plantarse en la Plaza de Bolívar hasta que el presidente Iván Duque abriera un espacio de diálogo.
1 de noviembre, desmovilizados hacia la Plaza de Bolívar
Las manifestaciones de los grupos de excombatientes iniciaron temprano en la mañana. Con el tercer grupo, se sumaban más de 2.000 desmovilizados hacia la Plaza de Bolívar, en la cual desarrollaron actividades culturales.
Los excombatientes atravesaron la ciudad, encabezados con un enorme lienzo en el que se leía: “Duque: no firmamos la paz para ser asesinados”. Durante el recorrido, los líderes de la movilización manifestaron que las marchas se extenderían hasta que el presidente se sentara en una mesa con los excombatientes para asegurar que se cumplirá lo pactado hace cuatro años.
En esta movilización, Pastor Alape, desmovilizado y miembro de la Dirección Nacional del partido Fuerza Revolucionaria (Farc), recalcó la importancia de que el jefe de Estado sea el que se siente a escuchar las exigencias. “El estadista debe venir y tocar los problemas, no alejarse de los problemas, ni mandar a segundones. Mucho menos cuando se trata de la paz de un Estado, que es algo tan complejo y de tanta responsabilidad”, dijo.
Por su parte, el senador Carlos Lozada del partido Farc, subrayó también la importancia de que Duque “reciba una delegación de esta peregrinación para que con voz directa de quienes están en estos territorios, el Gobierno Nacional conozca la verdadera situación que se está viviendo”. Lozada recalcó además que el acuerdo debe cumplirse como fue estipulado, y que se debe tener en cuenta que no solo han sido asesinados los excombatientes, sino varios líderes sociales del país.
Alape explicó que con la peregrinación “Por la vida y por la Paz” esperaban que el país reflexionara frente a la paz. “Nosotros hicimos mucho ruido con la guerra. Hoy venimos silenciosos, desandando nuestros pasos y asumiendo esta actividad de la Paz, cueste lo que nos cueste. Ya llevamos sacrificados 236 compañeros”, señaló. Enfatizó en que se deberían proteger estas vidas, aplicar el acuerdo como se había estipulado y que se detenga la polarización y la promoción al odio de algunos partidos políticos.
2 de noviembre
En medio de la jornada, con la que los marchantes exigen al gobierno mayor presencia en las regiones más afectadas por la violencia y propuestas tangibles para detener los asesinatos a los excombatientes, los peregrinos de la paz se reunieron con representantes de la Misión de la ONU y de los países garantes del acuerdo de paz de La Habana, Cuba y Noruega, con el propósito de hacer una retroalimentación frente a la implementación de lo pactado con el gobierno de Colombia.
.@CGRuizMassieu, Representante Especial del Secretario General y Jefe @MisionONUCol, escucha intervenciones del liderazgo FARC sobre garantías de seguridad y reincorporación, en reunión abierta con los países garantes del #AcuerdoDePaz en el marco de peregrinación por la Paz. pic.twitter.com/XyhHXMrkiQ
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) November 2, 2020
Entretanto, las Farc agradecieron la compañía de los colombianos en las diferentes jornadas de peregrinación que se extendieron en distintas regiones del país. Por su parte, la peregrinación en la capital prosiguió con una marcha hasta la Plaza de Bolívar acompañada de cornetas, tambores y varias pancartas.
Las mujeres en proceso de reincorporación hicieron un acto simbólico en memoria de sus compatriotas asesinados. “Hoy las mujeres realizarán un acto simbólico conmemorando la memoria de nuestros 236 compañeros asesinados”, señaló Sandra Ramírez, integrante del partido Farc. En el centro del performance, sostenían un cartel en el que se leía “Los que mueren por la Paz, no pueden llamarse muertos. 236 firmantes de la paz asesinados”, y con rosas rojas, las mujeres acostadas sobre el mármol, rindieron un homenaje a las víctimas.
La jornada finalizó con un llamado al presidente Iván Duque: "Estamos solicitando que el presidente nos atienda para que hablemos de los desafíos que tiene el Estado colombiano para garantizar la vida de sus ciudadanos", señaló Pastor Alape.
3 de noviembre, carta a Santos
El martes 3 de noviembre comenzó con la revelación de las extintas Farc de su responsabilidad en los dos atentados en contra del exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. La aceptación de estos crímenes se hizo por medio de una carta por parte del excombatiente y cabecilla de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, al expresidente Juan Manuel Santos.
En esta se señaló que como parte del compromiso adquirido en la Habana, en donde ya habían reconocido el magnicidio de Álvaro Gómez, ahora aceptarían ante el sistema de justicia transicional, los ataques en contra de Vargas Lleras. Los hechos corresponden a un libro bomba que recibió el exvicepresidente en 2002, el cual le costó, entre otras secuelas, la pérdida de dos dedos de su mano derecha; y a un carro bomba detonado en 2005.
“Pese a previsibles consecuencias, reconocimos el crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado y otros colombianos caídos durante el conflicto. Asimismo, reconoceremos ante las instancias de verdad, los dos atentados que las Farc-EP planearon y ejecutaron contra su vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien también pediremos perdón con humildad”, señaló ‘Timochenko’ en la carta.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, expresó su inconformidad por la carta enviada al expresidente Santos: “Se insta a las Farc y a todos los responsables de este acto ilegal y criminal para que reconozcan de manera individual y concreta verdad ante el espacio natural en donde debe ser reconocida que es la JEP”, afirmó Ceballos.
#EnVivo | ‘No es con cartas a terceros como se contribuye a la verdad’: @ComisionadoPaz, Miguel Ceballos a ‘Timochenko’, @TimoFARC. ➡️ https://t.co/kYC8mxm5tf
— red+ noticias (@RedMasNoticias) November 4, 2020
Información con @paulitagarciag y @paula1ardila. pic.twitter.com/MNOhFDKqC2
En el documento, Londoño aseguró que acudirán tanto a la Jurisdicción Especial de Paz como a la Comisión de la Verdad. Indicó, además, que han venido reconociendo responsabilidad en otros hechos de conflicto. “Falta le hace al país que los otros actores del conflicto también aporten verdad al sistema. Nosotros también tenemos deuda con usted y su Gobierno, desde que firmamos el Acuerdo, sabíamos que llegaría este momento y vamos a saldarla en aras del cumplimiento del mismo”, añadió.
Entretanto, la peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz hizo una invitación a la ciudadanía en la que, de diez de la mañana a seis de la tarde, se llevó a cabo, en la Plaza de Bolívar, la primera muestra comercial de proyectos productivos de los Firmantes del Acuerdo de la Paz. La iniciativa contó con la participación de Confecciones la Montaña - Miel de la Montaña; Manifiesta - Hecho en Colombia; Amor a Tiempo; Café Paramillo; Café Maru; De mano en mano; La Trocha y Cerveza La Roja.
4 de noviembre, los frutos de la peregrinación
La jornada del miércoles inció con la denuncia del asesinato de un excombatiente en el Valle del Cauca. "Aún no hemos terminado nuestra 'Peregrinación por la vida y por la Paz', y hoy miércoles nos vemos abocados a un nuevo hecho dolorosísimo. El asesinato de nuestro compañero Jainer Córdoba Paz (también conocido como Luis Ballesteros) y a su compañera sentimental, Katherine Álvarez, por sicarios desconocidos", precisó la senadora Sandra Ramírez.
La marcha pacífica desde los ETCR y NAR hasta la capital con el objetivo de que el presidente @IvanDuque por fin se reuniera con los excombatientes, dio sus frutos. pic.twitter.com/BB2yCRGFFz
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) November 5, 2020
Tras cuatro días de peregrinación, voceros y líderes de la movilización se reunieron con miembros del Gobierno Nacional para coordinar acciones que respondan a las necesidades de seguridad que exigen los exguerrilleros y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
En el encuentro estuvieron presentes siete voceros de la peregrinación de excombatientes, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y Andrés Stapper, el director de la Agencia para Reincorporación y Normalización (ARN).
En la reunión se llegó a una serie de compromisos entre los que se destacan: un espacio de diálogo con el presidente Iván Duque para analizar los avances en seguridad; la restitución de tierras; no violencia contra los firmantes y su reincorporación y, además el cumplimiento total del acuerdo de paz.
Llegamos a cuatro compromisos con el Gobierno colombiano gracias a la peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz ?
— FARC #PorLaVidaYPorLaPaz ? (@PartidoFARC) November 4, 2020
1. Encuentro con el Presidente @IvanDuque
2. Tierras para la reincorporación.
3. Garantías de seguridad.
4. Implementación integral del Acuerdo de Paz. pic.twitter.com/1iTlx3NT2G
“La marcha pacífica desde los ETCR y NAR hasta la capital con el objetivo de que el presidente @IvanDuque por fin se reuniera con los excombatientes, dio sus frutos”, concluyó Carlos Lozada.
6 de noviembre, encuentro con el presidente
En la reunión que se llevó a cabo el 6 de noviembre con el presidente Iván Duque y miembros del partido de las Farc, Duque hizo énfasis en el trabajo que su gobierno había estado realizando para que el proceso de reincorporación continuase y que se la estaba “jugando” por ello. En la reunión en la Casa de Nariño participaron el primer mandatario, el Comisionado para la Paz y en representación de los excombatientes, Pastor Alape y Carlos Lozada.
En esta reunión se discutieron dos puntos principales: la continuidad en el proceso de reincorporación y tierras, y a su vez en la seguridad de los excombatientes. En cuanto a las tierras, el consejero presidencial Emilio Archila aseguró que el presidente ha intentado acelerar en los procesos para la adquisición de tierras y títulos de propiedad junto con el Ministerio de Vivienda, así como se está trabajando con el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para determinar un cronograma para definir cuándo se entregarán estos títulos y las respectivas tierras.
En cuanto a la seguridad, que es la principal razón por la que los excombatientes se movilizaron en la peregrinación hacia la capital, Archila apuntó que Duque estaba presionando con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para avanzar en términos de seguridad y que se cumpla lo acordado. Por su parte, la vocera del partido Farc y los desmovilizados, Diana Viloria, señaló que la reunión “es un primer acto para fortalecer las medidas contra la estigmatización, resaltamos que acordamos acelerar el proceso de reincorporación integral en todos sus componentes”. A su vez, aseguró que era fundamental mantener el compromiso con la Paz.
En esta reunión también se acordaron futuros encuentros de diálogo en distintas zonas del país, en los territorios de paz y reincorporación, para atender las necesidades de quienes habitan en estas zonas y mantener los compromisos que se acordaron en la firma de los Acuerdos de 2016.
Esfuerzos de paz
Las peticiones del partido son reiterativas. En una carta que dirigieron al presidente Iván Duque el pasado 21 de febrero, los exguerrilleros advirtieron que “parece ser un signo trágico la condena a muerte de quienes confían en la posibilidad de superar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera”. En ese momento, con 182 desarmados asesinados, cuestionaron el nombramiento del hoy viceministro del Interior, Daniel Palacios, como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de quien dijeron que “se ha declarado abiertamente en contra del Acuerdo de Paz y de su implementación”.
Ese mismo mes, en una seguidilla de declaraciones de los líderes de la FARC, la colectividad denunció ante la comunidad internacional la falta de “garantías para la democracia y la vida” en Colombia, argumentando que firmaron el acuerdo con la esperanza de sentar las bases de una vida digna para los ciudadanos del país. Contrario a eso, según dijeron, advirtieron que seguían siendo víctimas de “la persecución y el asesinato”.
“Siempre creímos que la construcción de la paz era difícil, pero tenemos la voluntad de continuar en esta causa con todas nuestras fuerzas. Puesto que estos asesinatos y desplazamientos complican más el camino de la paz, acudimos a ustedes, para que se detenga este exterminio que está cubriendo de sangre y violencia nuestro país”, señalaron en un documento dirigido a las Naciones Unidas, al Senado Norteamericano, al Parlamento Europeo, al Parlamento Centroamericano, al papa Francisco y al Consejo Mundial de Iglesias.
El camino hacia la reincorporación de unos 13.000 exguerrilleros no siempre ha estado pavimentado. En cuatro años, los excombatientes han denunciado la falta de protección incluso en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) a los que fueron trasladados luego del desarme, zonas de reincorporación temprana dispuestas para facilitar las fases iniciales de su adaptación a la vida civil.
Los 24 espacios, ubicados en zonas rurales del país, fueron diseñados para la puesta en marcha de proyectos productivos, de autoconsumo, de cooperación internacional y formación. Sin embargo, algunos han tenido que desplazarse de esos terrenos para huir de las amenazas que recibían en ellos.
En julio de este año, 93 personas radicadas en el Antiguo ETCR de Santa Lucía en el municipio de Ituango se mudaron a un nuevo espacio en Mutatá, un proceso en el que tuvieron el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Ituango y Mutatá, la Diócesis departamental, miembros de la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Reincorporación y Normalización.
A ese traslado lo antecedió el asesinato de César Darío Herrera Gómez, crimen perpetrado el pasado 29 de enero cuando este se dirigía al ETCR de Santa Lucía. En esa región habían sido asesinados a principios de este año 25 firmantes, razón por la que los habitantes de ese espacio de reincorporación y sus familias solicitaron ser cambiados de lugar.
En enero, Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC y último comandante de la guerrilla, advirtió que los homicidios de sus excompañeros le dejaban un “sabor amargo” porque al parecer en esa zona, “altamente militarizada”, las autoridades tenían claridad de que existía “un poder capaz de golpear por encima de todas las medidas de seguridad”. “Hoy, los exguerrilleros no encuentran otra solución, que abandonar el ETCR y buscar otro lugar donde asentarse para continuar su proceso de reincorporación. Son desplazados forzados. Dejaron sus armas, son campesinos común y corrientes, simplemente corren la misma suerte de sus pares del Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo o el Catatumbo”, denunció Londoño, conocido en su época de insurgencia como Timochenko.
Punto de quiebre para las FARC: el asesinato de Dimar Torres
Pero hubo un asesinato previo que se convirtió en el punto de quiebre para las FARC: el de Dimar Torres Arévalo. El exguerrillero fue asesinado el 22 de abril de 2019 en la vereda Carrizal del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander. Por planear y ejecutar su crimen, fueron judicializados cinco miembros del Ejército Nacional. Según los argumentos de la Procuraduría, que destituyó e inhabilitó a los uniformados, los oficiales acusaron a Torres del asesinato del soldado Pablo Emilio Borja García cuando en realidad el excombatiente se dedicaba a actividades agrícolas después de su reinserción a la vida civil.
El ente de control demostró que el teniente coronel Jorge Armando Pérez, “durante los días previos al asesinato de Torres Arévalo, impartió órdenes a sus subalternos para identificar al posible responsable de la muerte” de Borja García, quien falleció el día 12 de abril de 2019 al pisar un campo minado. El coronel Pérez manifestó desde un comienzo que la intención no era judicializar a Torres, sino matarlo para vengar así la muerte del soldado Borja, concluyó la Procuraduría. Torres fue retenido, requisado y herido con un fusil de dotación en la espalda y en la cara por el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien posteriormente “obtuvo ayuda para ocultar el cuerpo y la motocicleta donde viajaba el exintegrante de las FARC, y seguidamente preparó” la coartada de que Torres murió durante un forcejeo.
Para la Procuraduría, Gómez Robledo “era tan consciente del carácter delictivo de su conducta que hasta se ocupó de grabar conversaciones en las que su determinador, el coronel Pérez Amézquita hacía afirmaciones comprometedoras para ambos”. Desde ese crimen, el partido FARC ha dicho que la indignación frente al asesinato y el rechazo a la presencia regional de organizaciones criminales, debe traducirse en acciones de movilización, como las que protagonizaron esta semana.
