Christian Garcés, congresista del Centro Democrático, le solicitó al presidente Iván Duque revisar el decreto que prohíbe el porte legal de armas en el país. Esto al considerar que se vulnera el derecho a la legítima defensa. Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, le comentó a RCN Radio que prepara una nueva reglamentación sobre este tema, la propuesta se presentaría como proyecto de ley en marzo cuando se retomen las plenarias del Congreso.

Los congresistas acudieron al caso del médico que le disparó a tres presuntos asaltantes en el puente peatonal de la calle 122 con Carrera Novena en la noche del pasado 30 de enero. Tanto Garcés como Wills aseveraron que este es un caso ejemplar para el debate ya que refleja la necesidad de hacer más laxa la reglamentación para portar armas de fuego.

Ver: ¿Qué tan fácil es obtener un arma de fuego legal en Colombia?

Según la norma, es obligatorio contar con el permiso del Estado, regulado en el decreto 2535 de 1993, y con un documento especial otorgado por las Fuerzas Militares para portar armas. Partiendo de esta idea, los congresistas pretenden que la normativa sea más flexible y no sea necesario un trámite tan extenso para poder portar un arma.

Sin embargo, Freddy Cante Maldonado, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y profesor titular de Ciencia Política en la Universidad del Rosario, encuentra "muy peligrosa" la propuesta de estos dos congresistas ya que, para él, es una idea que reeditaría lo que ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que "con el pretérito de defenderse también se armaron en sus inicios".

"Hace algunas décadas se permitió legalmente que existieran autodefensas, que la gente se pudiera armar para hacer frente a las guerrillas ante todos sus desmanes y sus extorsiones. Ahora amparados en el pretexto de la inseguridad urbana, se pretende que los ‘ciudadanos de bien’ se armen para, incluso, matar a sus atracadores”, indicó Cante.

Por su parte, Patricia Gracia, psicóloga clínica consultada por Plaza Capital, considera que primero hay que analizar el contexto colombiano antes de comenzar a hablar de la flexibilización para el porte de armas. En este caso pone de presente el hecho que la percepción de inseguridad en ciudades como Bogotá "es altísima" y esto deriva que vivamos en un entorno paranoico que sería propenso "a reacciones impulsivas con graves implicaciones".

Ver: "Feliz cumpleaños, Esmad": protesta terminó en disturbios en la Pedagógica

Gracia resalta la importancia de fortalecer la regulación con un acercamiento psicológico, en vista de que se debería tener una caracterización de qué personas no deberían estar armadas en relación a su salud mental y emocional.

Basada en el mismo caso en mención, la experta considera que este podría tener un perfil de una persona “aparentemente agresiva”, ya que según información revelada por Noticias Uno, el médico cuenta con denuncias por violencia intrafamiliar. Un comportamiento que Gracia encuentra “muy preocupante”.

“Las personas agresivas por definición, suelen presentar algún tipo de subvaloración del otro, es decir, prevalece mi sentimiento, prevalece mi ira y puedo llegar en algún momento a sentir que eso es lo más importante y no me importa incluso hasta la vida”, puntualizó la psicóloga.

Para Cante llevar un arma y escudarse en la legítima defensa les confiere a las personas el derecho de lastimar o matar a otros por simple suposición de que son enemigos. "Si alguien porta un arma y la sabe manejar ya está predispuesto para matar, porque tener un arma es básicamente un derecho para herir o para matar a alguien; es decir, un arma en términos económicos es un derecho de propiedad y si yo tengo un arma pues significa que yo tengo el derecho implícito para agredir  a otros".

Revisión psicológica es prioritaria

Los dos expertos coinciden en que es clave revisar el estado emocional de los colombianos antes de legitimar que cualquiera pueda portar un arma, ya que para disminuir la violencia en Colombia se debe contemplar el ámbito cotidiano antes que del político.

“Yo incluso diría que hay que ir más allá del desarme, porque no se trata únicamente de quitar o prohibir el uso de armas, sino de desarmar a la gente emocionalmente (…) si bien es cierto que ha existido una violencia guerrillera y paramilitar, lo que más nos está matando es la violencia cotidiana, y la violencia cotidiana se acentúa si la gente se puede armar más fácilmente y si es legal hacerlo”, reflexionó Cante.

Ver: Comerciantes de San Victorino están preocupados por nuevas protestas sociales

De otro lado, Gracia sostiene que se debe prestar más atención a la realidad emocional y a la salud mental de los colombianos desde la niñez, puesto que deben aprender a manejar sus emociones desde temprana edad. “En nuestra sociedad se tienen indicadores mucho más altos de ausencia total de manejo de emociones y es una tarea, una deuda que tenemos como sociedad desde la escuela misma, nosotros hoy por hoy no tenemos sistemas educativos que controlen y eduquen al niño en sus emociones”, puntualizó la experta.

Desarme ciudadano sigue siendo positivo

Por su parte, el Gobierno de Iván Duque mantiene su intención de que el Estado sea el ente encargado del monopolio de las armas en el país y apunta a preservar las restricciones y avanzar en nuevas medidas para desarmar a los ciudadanos y acabar el mercado ilegal de armas que está en manos  de los delincuentes.

Actualmente en el país, según cifras del departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, de las Fuerzas Militares, 688.534 colombianos tienen amparadas armas legales. De ellos, 280.649 tienen permiso de tenencia y 407.885, de porte.

Ver: Bogotá purpúrea: el 13F en doce fotografías

De ese número de permisos, el año pasado solo se expidieron 3.927 resoluciones que permitían a los ciudadanos evitar las restricciones. En 2018 habían sido 6.827 permisos especiales, en el 2017 fueron 6.649 y en 2016 se expidieron 7.068.

Pero no solo han bajado los permisos especiales. Según la Industria Militar (Indumil), entre 2017 y 2018 hubo una reducción del 20,46 por ciento en la venta de armas, pasando de negocios por 23.879 millones de pesos a 19.985. Esto, debido “a la restricción de porte de armas a nivel nacional” amparada en decreto 2208 de 2016 que suspende los permisos de porte de armas en Colombia y el cual, tanto los congresistas Garcés y Wills, como el abogado Guillermo Rodríguez quieren dejar sin efecto permitiendo el porte de armas de fuego.

Según Rodríguez, en Colombia unas 470 mil personas tienen armas amparadas con salvoconducto, ahora lo que se necesita, según él, es que se autorice el porte como medida de protección.