Aunque las instalaciones están proyectadas para iniciar en el mes de junio, el inicio del proyecto puede variar según el tiempo que durarán su estudio técnico y la autorización del contrato. Su implementación será supervisada por la Secretaria Distrital de Seguridad y las localidades de Bosa y Kennedy, que harán el monitoreo y serán veedoras de su cumplimiento.
Un boletín de seguridad elaborado por la Secretaria Distrital de Seguridad cuenta que en la localidad de Bosa, en el rango de enero a agosto entre los años 2016 y 2017, se presentó un aumento en la criminalidad. Los incrementos en las cifras fueron los siguientes: hurto, de 1.060 a 1.600; homicidios, de 80 a 81, y lesiones personales, de 1.100 a 1.200. Dicho boletín muestra varios puntos críticos como las zonas de Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Apogeo, donde se presenta la mayoría de crímenes y se instalarían estas cámaras de seguridad.
Históricamente, Bosa ha sido una de las primeras localidades de Bogotá con mayor número de homicidios. La inseguridad que azota a la localidad no es de ahora, ni las medidas -hasta ahora fallidas-, que el Distrito ha puesto en marcha para contrarrestarla.
Tampoco es la primera vez que en la localidad se hace una adquisición de cámaras de seguridad. De hecho, en alcaldías anteriores, para el año 2016 se instalaron 40 de ellas en convenio con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, según un informe de rendición de cuentas de las alcaldías locales elaborado por la Veeduría Distrital. Sin embargo, no están funcionando al día de hoy. Según Luis Parra, edil de la localidad, las cámaras no se están utilizando por problemas con el pago de recibos de la luz.
Alexander Martínez, para ese entonces alcalde de Bosa, a través de un comunicado dijo que el responsable de esa deuda era el Fondo de Vigilancia y que la deuda con la empresa de energía, para el año 2016, ya iba para los 15 millones de pesos. La inversión para ese momento fue de más de 380 mil millones de pesos, lo que equivaldría a más de 150 veces el sueldo de un capitán al mando de un CAI de la Policía. Después de todas las declaraciones, sigue la problemática, ya que estas cámaras están sirviendo únicamente de adorno y no para el uso destinado.
Los problemas con los dineros públicos en la localidad también es de antes. En 2015, la Fiscalía le imputó a Diana Calderón Roble, anterior alcaldesa de Bosa, el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según documentó El Espectador, la Fiscalía argumentó que Robles habría participación en la celebración de diferentes contratos sin abrir los procesos obligatorios de licitación pública, convenios por un valor cercano a los 22 mil millones de pesos. Parte de este dinero se destinaría en vigilancia y seguridad. Robles no aceptó los cargos, según documentó El Espectador.
Leonardo Arias, gestor de seguridad de la alcaldía de Bosa, comentó que la localidad tiene bastantes inconvenientes en atención de denuncias y control de robos y crímenes. A raíz de los constantes problemas de inseguridad previamente mencionados, surgió la necesidad de tener mayor control.
Javier Alba, actual alcalde de Bosa, prometió que la protección y tranquilidad de su comunidad mejoraría a través de las futuras cámaras de seguridad. Esto después de una charla que se lleva a cabo anualmente en el evento de diálogos ciudadanos, en el que la alcaldía se reúne con los ciudadanos para debatir las problemáticas más importantes de la localidad.
No solo las zonas problemáticas de Bosa se incluirían en la instalación de las cámaras, sino que colegios, parques y hospitales también se tendrán en cuenta, ya que son puntos de mayor concentración de personas.
Al respecto, los ciudadanos también opinaron. “Desde varias alcaldías se ha propuesto la idea pero supongo que hasta esta (alcaldía) se está gestionando”, dijo Alejandra Hernández, habitante del sector. Otras personas priorizaron el avance y mejoría de este proyecto. Por ejemplo, Maritza Pérez comentó que “de pronto sí mejorará la seguridad, porque podrán grabar a las personas que hacen los daños”. Así mismo, Pérez señaló que la impunidad en robos y demás crímenes disminuiría de manera notable.
Inicialmente, el punto de monitoreo se manejará en Kennedy, pero el ideal es que la localidad de Bosa cuente en el futuro con su propia oficina de supervisión.
Ante la presentación de agresiones, es necesario el seguimiento de los casos, además de la pronta respuesta de la Policía y de los funcionarios responsables de la administración distrital. Queda esperar la prontitud de la implementación del proyecto y su eficacia tras varios antecedentes fallidos.
