Durante el 2020 se ha evidenciado, un aumento en las cifras de los casos de violencia contra personas LGBT. Así lo informó Jorge Calero, vicedefensor del Pueblo, ante la Cámara de Representantes durante la audiencia virtual sobre la Política Pública LGBTI en Colombia el pasado 14 de septiembre. Según él, desde enero y durante la pandemia hasta el mes de septiembre se han registrado 63 homicidios y feminicidios en contra de esta comunidad. 

Entre enero y agosto de 2020 la Defensoría del Pueblo registró 320 casos de violencia contra la población LGBTI. En el mismo lapso de 2019, se registraron 309 casos recopilados según indicó la duplas de género de la delegada para los Derechos de las mujeres y asuntos de género.

Según la Defensoría del Pueblo, durante la pandemia el prejuicio y la discriminación tomaron más fuerza y aumentaron los obstáculos para el acceso a la justicia en la recepción de las denuncias al igual que la ausencia de empatía y sensibilidad por parte de las autoridades encargadas de atender a esta población. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un comunicado de prensa, el mes de abril, en el que realizaba un llamado a los Estados para que adoptaran políticas de sensibilización y capacitación dirigidas a las fuerzas de orden público y a las autoridades judiciales.

Ante esta situación que se venía presentando, el pasado 14 de julio Colombia Diversa, la organización líder en la defensa de los derechos del colectivo LGBT en Colombia, emitió un comunicado que reiteraba “el llamado al Estado colombiano a tomar medidas frente a la violencia contra personas LGBT”. Esto tras los asesinatos de siete personas trans y una mujer lesbiana en hechos registrados entre mayo y junio en diferentes partes de Colombia: Valledupar, Medellín, Quindío, Santa Marta y Barranquilla. La ONG indicó que durante el primer semestre del año se habían registrado cerca de 31 asesinatos de personas pertenecientes a esta comunidad.

Según las cifras nacionales presentadas por Colombia Diversa, entre marzo y el 27 de julio del 2020 se reportaron 12 víctimas a causa de la violencia policial (detención arbitraria, lesiones personales y procedimientos policiales irregulares), tres víctimas de amenazas u hostigamientos, 18 víctimas de homicidios y feminicidios. 

Las principales denuncias y llamados de atención por hechos de violencia hacia personas trans corresponden a tratos crueles y degradantes por parte de algunos miembros de la Fuerza Pública. Desde el mes de julio la directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, Juli Salamanca, ha señalado que las personas trans están completamente desprotegidas. De hecho, según la línea base de la política pública LGBT, las personas pertenecientes a esta comunidad que ven vulnerados sus derechos en mayor medida, con un porcentaje de 92,90%, son las mujeres transgénero

‘La Red Comunitaria Trans’ publicó unos videos en los que se veían a agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá atacando, en junio pasado, a la comunidad LGBTI en la localidad de Santa Fe. Los hechos incluían violencia verbal, simbólica y física que dejaron a tres mujeres heridas.

Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo (organización defensora de los derechos de las personas LGBT en la región) informó que, para octubre, en el Caribe habían sido asesinadas 28 personas de esta comunidad. Además, aseguró, en diálogo con el diario EL HERALDO, que en junio ya existía una cifra elevada de homicidios, una “que no habíamos visto antes” representada por 15 personas. Doce de estas muertes se presentaron durante la pandemia por COVID-19: cinco mujeres lesbianas, cuatro mujeres trans y tres hombres gays.

En el departamento de Sucre, Hugo Ramos, presidente de la Fundación Sucre Diversa, que trabaja en pro de los derechos de las personas LGBT, aseguró que, para el segundo trimestre del año, ya contaban con doce denuncias. Estas implicaban a seis líderes y lideresas de sus enlaces en algunos municipios del departamento que han sido amenazadas por medio de panfletos y camisas llenas de sangre escritas con sus nombres. 

Ramos y Castañeda coinciden en señalar que puede presentarse un subregistro de datos puesto que esta información está sujeta a la denuncia ciudadana. Castañeda resalta que una de las principales problemáticas es “que ninguna entidad del Estado tiene bases de datos que documenten violencia hacia personas LGBT”.

Por su parte, Ramos menciona que a pesar de que “siempre ha existido la violencia física, verbal y psicológica” ante este grupo de personas, durante el confinamiento se presentó en mayor medida. Según él, al darse una mayor convivencia en los hogares, muchas personas de esta comunidad han expuesto su identidad u orientación sexual “porque les toca o los descubrieron” que detona todo este tipo de violencias por parte de sus familiares. 

Algunos de los casos que menciona Ramos de actos homofóbicos en la Región son los de Luis Cuello, un líder perteneciente a la mesa departamental de víctimas del municipio El Roble, Sucre, al cual le quemaron su casa completamente; Luís Álvarez, quien en agosto perdió parte de su brazo luego de ser cortado con un machete por su vecino que le molestaba su orientación sexual; Camila asesinó por defensa propia a una persona heterosexual luego de que la agrediera verbal y físicamente en su casa. Por último, Pedro, a quien lo apuñalaron en el cuello. 

El pasado 5 de septiembre, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, también fue víctima de un acto de discriminación luego de ser insultada por un hombre durante la presentación de los avances correspondientes a la nueva ciclorruta de la Carrera Séptima. Este le gritaba: "En el nombre de Cristo Jesús te reconvengo. Si te quieres volver homosexual hazlo tú, pero no le enseñes a nuestros hijos". A lo que ella respondió mediante su cuenta de Twitter “Me siento profundamente orgullosa de ser mujer, diversa, hija de una maestra y la primera alcaldesa electa por voto popular en Bogotá”.

Asimismo, las amenazas a este colectivo tampoco disminuyen. El ocho de septiembre, la organización paramilitar ‘Las Águilas Negras’ emitieron un comunicado en el que declaran “objetivo militar inmediato a las organizaciones homosexuales y lesbianas” en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Protección a comunidad LGBT

En Colombia, las personas LGBT cuentan con la Ley 1482 de 2011, que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.

Sin embargo, Alejandro Lozano, coordinador de comunicaciones de Stonewall Javeriano -un grupo de Diversidad Sexual y de Género de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-  asegura que frente a estos casos el Gobierno tiende a no actuar: “ni durante la cuarentena, ni durante los dos años que lleva el Presidente Duque y su Gobierno se han tomado medidas ni políticas para auxiliar o prevenir cualquier tipo de violencia en la comunidad LGBT”. De hecho, sustenta que desde el 2018 sabían lo que les corría “pierna arriba con un Gobierno conservador, que incluso nos llama no heterosexuales”.

Colombia Diversa también se ha pronunciado respecto al papel del Estado en estas situaciones. En el comunicado del 14 de julio declara que este “no ha hecho lo suficiente por investigar o combatir la discriminación y violencias” que enfrentan las personas solo por ser o parecer de la comunidad LGBT.

Frente a esta situación, Hugo Ramos expuso que por dos años la Fundación Sucre Diversa envió numerosos derechos de petición directamente al Presidente y al Ministerio del Interior con el fin de solicitar acciones tempranas frente a la discriminación, pero no fue hasta que se presentó el caso de Luís Álvarez que el Gobierno Nacional empezó a escucharlos. Expresa que, desde su experiencia, se “debe de llegar a pasar algo muy grave y que nos sacuda como personas los corazones y las mentes” además de una gran estrategia de educación para que desarrolle una mayor empatía.