José Luis Robayo, matador y secretario de conflicto de la Unión de Toreros de Colombia, sostuvo que con la prohibición de las corridas de toros en la Plaza de la Santamaría “se perdieron 35.000 empleos relacionados directamente con la fiesta brava y nuestros ingresos se han visto reducidos al menos en un 50 %, Además afirmó que a pesar de que la fiesta se sigue realizando en lugares como Manizales, Cali y Cartagena, ninguna plaza nacional tiene las mismas posibilidades de proyección profesional que ofrece la Santamaría”.
Robayo comentó que, gracias a que algunos alcaldes tienden a seguir las mismas pautas que el de Bogotá, ya empieza a hacerse usual el hecho de que no presten las plazas, y que la lidia de toros puede acabarse a nivel nacional si se vuelve común el cierre las mismas. Respecto a los alcaldes, comentó que “algunos de ellos se sienten presionados por parte de los grupos antitaurinos y otros tienen amenazas de destitución de cargo si llegan a permitir la realización espectáculos taurinos”.
Añadió que hace un tiempo se había considerado la construcción de una plaza a las afueras de la ciudad, que reemplazara las funciones de la Santamaría pero que no se había podido realizar por cuestiones de idoneidad de suelos. Destacó que el toreo aportaba más de 2.000 millones de pesos a la ciudad en los seis festejos anuales que se celebraban allí.
Al ser cuestionado sobre las alternativas para solucionar esta ‘crisis de empleo’ el matador respondió: "Conservamos la esperanza de volver a tener fiesta brava en Bogotá cuando Petro termine su mandato, porque aunque hemos tratado de hablar con él nunca nos ha dado la cara y la única alternativa que ofreció alguna vez fue hacer corridas incruentas, es decir, espectáculos en los que no se pique, banderillee, ni estoque al toro y eso haría que se perdiera la esencia del toreo".
Sin embargo, el cierre de la Santamaría no solo afecta a los matadores de toros. Algunos novilleros consultados afirmaron que están siendo cohibidos, pues dadas las presiones de los grupos antitaurinos se ha dado una reducción en los festejos de otras regiones, y con ello en la posibilidad de participar en novilladas. Comentaron que es común que cuando los dejan participar no se les permita sacrificar al novillo.
Por su parte, Gabriel Barrera, funcionario de la Alcaldía Mayor ratificó que el único intento de negociación con el gremio taurino fue la propuesta de realizar corridas en las que no se hiriera al toro en ninguna forma pero ante su negativa, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad administradora de la plaza, decidió revocar el contrato suscrito con la Corporación Taurina de la ciudad. Esto en consonancia con la política de protección animal contemplada en el plan de desarrollo del Alcalde, llamado “Bogotá Humana”.
A su vez, Barrera sostuvo que el dinero que la ciudad recibia en impuestos devengados de la fiesta brava y los 35.000 empleos que ésta generaba directamente, no constituyen una preocupación para Gustavo Petro, pues “El alcalde en su momento dijo: ‘Por ninguna plata voy a dejar que maltraten animales’”. Expresó que el alcalde es enfático en su convicción de no prestar espacios distritales para lo que él denomina ‘la cultura de la muerte’ y que la prohibición de la fiesta brava no obedece a sus convicciones personales, pues está incluida dentro de los parámetros del plan de desarrollo distrital, avalado por el consejo de la ciudad.
A favor de la fiesta brava en nuestro país existen disposiciones jurídicas tales como la Ley 916 de 2004, que regula su, preparación, organización y desarrollo y a la vez afirma su carácter de expresión artística. Adicionalmente, existe la Sentencia C-889 del 2012 de la Corte Constitucional, la cual dispone que ningún alcalde puede prohibir que se lleven a cabo festejos taurinos en su municipio o ciudad. Este mismo organismo esta reconsiderando actualmente la posibilidad de que las corridas de toros vuelvan a la Santamaría.
