Germán Vargas Lleras propone fortalecer la justicia nacional y el poder en las distintas altas cortes. En su propuesta hay tres puntos clave: descongestión y acceso, cambios en la administración jurídica y lucha contra la corrupción. Expertos como Carlos Augusto Gálvez Argote, exmagistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y Francisco Bernate, profesor de la facultad Jurisprudencia de la Universidad del Rosario opinan sobre la facilidad de implementar dichas propuestas que garantizarían la transparencia en las altas cortes y el fortalecimiento en el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Descongestión y acceso
La demora en la ejecución de juicios y otros procesos legales congestionan el sistema judicial colombiano. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un acto procesal toma cerca de cuatro años para ejecutarse, lo que atrasa el desarrollo de otros procedimientos legales consecuentes. Al respecto, Vargas Lleras propone: Implementar los expedientes en línea, aptos para consultar y radicar memoriales, ampliar las funciones jurisdiccionales para agilizar su desarrollo, permitir a las partes de cualquier conflicto acordar aspectos del proceso a seguir con control judicial y restringir el uso de la segunda instancia.
En contraste, Gálvez Argote, afirma que el problema es el exceso de procesos porque ni los Fiscales ni los jueces alcanzan a tramitarlos en el tiempo estipulado. Para él, una solución a la congestión jurídica es analizar el procedimiento y eliminar algunas audiencias. Otra es la prescripción extraordinaria para eliminar procesos que no causan alarma social, ni afectación individual pero sí congestionan la administración de justicia. No obstante, se resigna a dichos cambios porque dentro del sistema acusatorio no se ve voluntad de implementar modificaciones.
Por su parte, Bernate cita que hace 10 años atrás cuando se pensó que la oralidad era la solución para la mora, judicial. Según él, los escritos fáciles de revisar para tomar las decisiones pasaron a audiencia, y hoy se ven funcionarios transcribiendo lo que se dijo en las audiencias en jornadas enteras. En su opinión, la solución es el uso de tecnología durante los procedimientos.
Administración de la Rama Judicial
Uno de los más recientes casos de corrupción, en los cuales se vieron involucrados altos funcionarios de la Rama Judicial fue el “Cartel de la Toga”, en el que abogados y magistrados cobraron grandes sumas de dinero a cambio de influir en decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Uno de los casos más conocidos fue el del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue capturado por el CTI, en junio del 2017, por pedir un soborno de $400 millones al ex-gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, investigado en ese momento por malversación de recursos, aproximadamente 10.000 millones de pesos. Finalmente Moreno fue extraditado a los Estados Unidos por conspiración para lavado de activos, entre otros delitos.
Frente a esta problemática de corrupción que vive el país en sus altas cortes, el candidato Germán Vargas Lleras propone “reforzar la inhabilidades y crear un Tribunal de Aforados Judiciales independiente, que efectivamente cumpla con las funciones de investigar magistrados y altos funcionarios del Estado” La creación de un Tribunal de Aforados independiente, supone que, por ejemplo en el caso de Moreno involucrado en el “Cartel de la Toga”, su proceso de investigación ya no estaría a cargo de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino que estaría a cargo de este nuevo tribunal.
Ahora bien, ¿por qué Vargas Lleras pretende crear un nuevo tribunal, si ya existe un entidad como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que está a cargo de investigar ese tipo de casos? En primera instancia, la función de la Célula Legislativa, según el artículo 178 - A de la Constitución y complementado con el acto legislativo 2 de 2015, es investigar y acusar al Presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y a los magistrados del Consejo de Estado. No obstante, la utilidad de la Comisión ha sido fuertemente cuestionada por la prensa, llegando al punto de tildar de inútil su actuación en el escenario estatal. Un ejemplo de ello, se encuentra en la editorial “Necesitamos tribunal de Aforados” de El Espectador, publicada el 30 de agosto de 2017. (https://www.elespectador.com/opinion/editorial/necesitamos-el-tribunal-de-aforados-articulo-710772)
Frente a ello, Gálvez Argote explica “que es una buena solución, no solo para los Magistrados sino también para los congresistas, pues la Célula Legislativa de la Cámara de Representante ha sido un fracaso desde su propio inicio”. La más reciente polémica en la que se ha visto envuelta tiene relación con la investigación de los supuestos dineros que la multinacional brasileña “Odebrecht” habría entregado a la campaña “Santos Presidente” del año 2014, ya que para muchos hay influencia política involucrada en el proceso de investigación, como lo declaró la Senadora, por el Centro Democrático, Paloma Valencia en su cuenta de Twitter. Sin embargo, para Felipe Sicua, estudiante de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, es un propuesta populista, puesto que los funcionarios no van a dejar implementar este tipo de tribunales porque no les conviene “Una persona, en este caso Vargas Lleras, no puede cambiar estas estructuras tan rígidas y llenas de corrupción, es algo independiente y muy propio de la Rama, una sola persona no puede cambiar eso”.
Por su parte, María Fernanda Alarcón, una estudiante de Periodismo de la Universidad del Rosario, piensa que no es muy apropiado, debido al alto costo que supondría la creación de este tribunal, teniendo en cuenta que ya existen instituciones que deberían encargarse de esa función “No me parece provechoso porque ya hay instituciones que se supone deberían estar haciendo control, implementar un sistema especial para juzgarlos a ellos serían poner más dinero, en vez de invertir esos recursos en entidades que ya están, no me parece necesario”.
En ese sentido, la propuesta del candidato Germán Vargas Lleras sobre la creación de un Tribunal de Aforados independiente puede llegar a ser acertada debido a los recientes escándalos de corrupción en las altas cortes. Del mismo modo, es apoyada por expertos como el ex-magistrado Gálvez Argote y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, sin embargo, la opinión de los estudiantes, Felipe Sicua y María Alarcón, se debe tener en consideración puesto que la creación de este tribunal no depende del ejecutivo, sino que es una cuestión que le compete a la Rama Judicial y por ende Vargas Lleras, si quiere implementar el tribunal, debe estar respaldado por funcionarios de las otras dos ramas del poder público, en especial por la judicial.
Lucha frontal contra la corrupción
Teniendo en cuenta su experiencia como senador que logró proponer 29 leyes vigentes en la actualidad en relación a corrupción, en su candidatura busca proponer: una Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio para perseguir a los corruptos. Además bajo el control de la Contraloría se buscará la unificación declaraciones de bienes y rentas para ahorrar anuales al país 50 billones de pesos y la eliminación permanente contralorias regionales.
Frente a ello, Gálvez Argote cree que la idea de eliminar las contralorías regionales podría ser factible, pero se debe buscar una nueva forma para que el Estado controle las regiones sin caer en una centralización. “Es una realidad que la contralorías regionales se constituyen en botines burocráticos y políticos en cada región, asi como lo ha afirmado el mismo Contralor General, Edgardo Maya. Otra alternativa es mantenerlas, pero modificando el mecanismo de la elección de esos contralores, para que sean unas instituciones eminentemente técnicas y no políticas”.
En relación con los contratos de obras públicas, Vargas Lleras propone establecer un sistema de pago contra entrega en los contratos. Considera pertinente la creación de un sistema integral de datos abiertos en la que prime la información, de manera pública, sobre los aspirantes a cargos públicos directivos y asesores que reporten las personas públicas o privadas con las que hayan tenido relaciones comerciales o que hayan financiado sus campañas.
Finalmente, las tres propuestas que el candidato por el “Movimiento Mejor Vargas Lleras” propone para mejorar la Rama Judicial en Colombia son cuestionables, principalmente por la falta de claridad respecto a la forma como van a ser ejecutadas. De acuerdo a los expertos y a la opinión pública, Vargas Lleras está queriendo hacer más de lo que el poder Ejecutivo le permite hacer y en caso de ser elegido presidente, deberá buscar apoyo en las otras dos ramas del poder público si quiere cumplir con sus propuestas de campaña o como su lema lo indica “Hacer, Cumplir, Avanzar”.
