Esta medida fue diseñada en noviembre del 2012 para reducir el tráfico de armas en el mercado ilegal. Este año, la incorporación de las armas de fuego y armas blancas de los criminales ha permitido, de acuerdo con Fernando Díaz, secretario del Departamento de Control y Comercio de Armas, “un proceso de evidencias en donde jurídicamente el arma de un criminal capturado en flagrancia es utilizada como archivo de evidencias  o si se pasa a proceso de reciclaje”, esto permitiría hacer uso o comercialización de las armas.

La medida que el Distrito empleó para al desarme ciudadano ha tenido un impacto positivo en los índices de reducción de criminalidad. Sin embargo,  de acuerdo con Cecilia Suarez funcionaria de la Agencia Colombiana para la Reintegración, señala con preocupación que “Dado el caso en que las armas confiscadas  puedan  ser utilizadas o hasta comercializadas, el control puede llegar a ser insuficiente” afirmando que “el Estado colombiano no está preparado para eso”

El proceso de fundición de armas confiscadas por las autoridades depende de la decisión jurídica que dicte la Fiscalía sobre este tipo de elementos. La función de esta medida busca reducir el impacto ambiental y evitar el acceso a civiles al mercado clandestino de armas, aunque puede existir la posibilidad sobre un desfase en el manejo que se le den dentro de las instituciones.

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