Angélica Lisbeth Lozano Correa (Bogotá, 1976) es una política y abogada colombiana con una trayectoria de más de dos décadas en cargos públicos y en activismo por derechos civiles y reforma social. Abogada egresada de la Universidad de La Sabana y magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de Los Andes, fue concejala de Bogotá, alcaldesa local de Chapinero y más adelante representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018.  

Fue la primera persona abiertamente diversa (LGBTIQ+) en llegar al Senado de Colombia, cargo que ocupa desde 2018 por el Partido Alianza Verde. En 2024 fue la primera mujer en presidir la Comisión Cuarta de Presupuesto y Especial de Servicios del Senado, donde ha impulsado discusiones sobre reformas económicas, laborales y sociales.  

Su labor legislativa se ha centrado en temas de igualdad, derechos humanos, medio ambiente, lucha contra la corrupción y trabajo digno. Entre otras iniciativas, ha promovido leyes para eliminar barreras de acceso a empleo formal, ampliar derechos laborales y facilitar procesos como la cuota alimentaria. Lozano también ha tenido un papel activo en debate público sobre políticas de seguridad y justicia. 

Además de su trabajo en el Congreso, ha estado involucrada en esfuerzos políticos internos: en 2023 fue apoyada por la Coalición Verde Centro Esperanza como candidata a la presidencia del Senado, un cargo que no llegó a obtener tras la votación interna. Actualmente busca la reelección al Senado en 2026, con una agenda que combina reformas sociales, laborales y la consolidación de consensos en el legislativo, rechazando procesos como una asamblea constituyente en aras de cambios dentro del marco institucional. 

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¿Cómo ha evolucionado tu agenda política desde la alcaldía local hasta el rol actual en el Senado de la República? 

Tengo una trayectoria de más de 20 años en lo público. Fui alcaldesa local de Chapinero, antes fui una ciudadana que exigía y protestaba cuando las cosas no funcionaban, y gobernar me permitió entender que no basta con señalar problemas: hay que resolverlos. Esa experiencia marcó mi carrera. Luego fui concejal, representante y hoy senadora. Mi agenda ha sido coherente: equidad, igualdad de oportunidades y un Estado que funcione para la gente. En el Congreso he sido autora de más de 20 leyes que buscan resolver problemas concretos. Me involucro tanto en los asuntos cotidianos de los ciudadanos como en las grandes discusiones nacionales. En este periodo respaldé la reforma pensional y la reforma laboral. En el caso pensional, llevaba años insistiendo en la necesidad de corregir un diseño que generó desequilibrios desde la Ley 100 de 1993, cuando se promovió una migración masiva hacia fondos privados bajo promesas que, décadas después, no siempre se tradujeron en pensiones efectivas. Defiendo un sistema mixto, pero bien estructurado y con garantías reales para los trabajadores. Apoyo las reformas cuando considero que son necesarias y levanto la voz cuando no lo son. No he hecho parte de ningún gobierno; mi respaldo o crítica depende de los argumentos y los datos, no de cuotas políticas. 

Quiero regresar al Senado porque el país necesita reformas estructurales: profundizar la reforma agraria, avanzar en una reforma a la justicia, la impunidad alimenta la violencia, tramitar una reforma política que fortalezca los partidos y la democracia interna. Por eso busco la reelección: para tender puentes, sacar adelante reformas viables y fortalecer la institucionalidad, dentro de las reglas actuales y sin necesidad de una constituyente. 

Usted ha sido crítica frente a decisiones internas de la Alianza Verde y el partido ha enfrentado cuestionamientos por casos de corrupción. ¿Por qué decidió mantenerse y aspirar nuevamente por esta colectividad en lugar de tomar distancia o buscar otro camino político?

Como senadora solo puedo aspirar por el Partido Verde y creo que las disputas deben darse dentro de las instituciones y dentro del partido mismo. La política colombiana está atravesando cambios profundos: el respaldo que mantiene el presidente Petro demuestra que hay una agenda social que conecta con amplios sectores del país, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la desigualdad y la prioridad por los más vulnerables, una agenda que comparto. 

Donde marco distancia es en prácticas que afectan la institucionalidad, como los nombramientos sin criterios técnicos. El Estado requiere rigor y experiencia; no puede convertirse en un espacio de favores. Esa diversidad de posturas dentro de los partidos refleja también una debilidad estructural del sistema político colombiano. Ninguna colectividad es plenamente uniforme, y por eso una reforma política que fortalezca la democracia interna y la coherencia programática es, más que una opción, una necesidad. 

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¿Qué proyectos de ley quiere impulsar en el próximo cuatrienio y cómo evalúa hoy el estado del control político en el Congreso?  

He trabajado durante años en dos proyectos que están cerca de convertirse en ley. El primero busca agilizar el proceso para garantizar la cuota alimentaria de niños y adolescentes. Hoy el trámite puede tardar años; la propuesta lo unifica en un solo procedimiento rápido, con plazos de hasta diez días y herramientas para que los jueces puedan verificar ingresos y hacer efectivo el pago. El objetivo es proteger a los menores y evitar que la responsabilidad recaiga únicamente en las madres. 

El segundo proyecto busca mejorar las condiciones de los contratistas por prestación de servicios con el Estado, cerca de un millón y medio de personas en el país. La iniciativa propone evitar la fragmentación de contratos, establecer criterios objetivos de honorarios y sanciones por retrasos en los pagos. 

Además, trabajo en una propuesta para fortalecer la transparencia sobre el endeudamiento público, a partir de mi experiencia en la Comisión Económica y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. A esto se suma mi agenda en derechos de las mujeres, que incluye leyes contra el matrimonio infantil, el acoso sexual, la Alerta Rosa para la búsqueda de mujeres desaparecidas y la ley de paridad en cargos públicos. Mi trabajo legislativo busca combinar reformas estructurales con soluciones concretas para problemas cotidianos. 

¿Cuál es su balance del Gobierno a lo largo de esta gestión y qué tipo de cambios considera necesarios hacia adelante? En ese contexto, ¿por qué cree que las elecciones al Congreso pueden ser incluso más determinantes que las presidenciales? 

Yo voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, pero fue un voto libre, sin pedir ni recibir nada a cambio. No negocié cargos, ni entidades, ni cuotas burocráticas. Fue una decisión política basada en una agenda social que comparto, no en intereses particulares. 

Desde el Congreso he apoyado lo que considero correcto y he contribuido a mejorar reformas importantes como la pensional y la laboral. Pero respaldo no significa obediencia ciega. He ejercido mi independencia cuando ha sido necesario formular críticas. 

Por ejemplo, considero que la política de “paz total” ha tenido serias fallas en su implementación. En el caso de la salud, aunque el sistema necesitaba reformas, primó una visión ideológica que terminó afectando aspectos que sí funcionaban, como la entrega de medicamentos. Reformar no puede significar desmontar sin garantizar transición ni eficiencia. 

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¿A qué invitaría a quienes votan en las elecciones de este 8 de marzo? 

Quiero pedir el voto porque mi campaña depende del respaldo ciudadano, no de maquinarias ni estructuras clientelistas. Hay quienes creen que mi elección está asegurada, pero no es así: la competencia es fuerte y hay campañas respaldadas por prácticas tradicionales de la política. 

Lo que ofrezco es criterio, carácter y capacidad de construir consensos. En el Senado he logrado acuerdos incluso con colegas de orillas ideológicas muy distintas, porque creo que el país necesita diálogo para sacar adelante reformas. 

Defiendo las reformas sociales, pero no una constituyente en este momento. El clima político actual es de alta polarización y abrir ese proceso podría generar más incertidumbre que soluciones, además de poner en riesgo avances en derechos de las mujeres y de las personas LGBT. 

Por eso pido el voto para seguir impulsando una agenda social desde el Congreso, con independencia y sin clientelismo. Soy candidata del Partido Verde y estoy en el número 10 del tarjetón. 

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