La normativa fue impulsada por congresistas del partido de la U y pretende la modernización y ampliación de la Ley 1335 del 2009, conocida como la ¨Ley Antitabaco¨. En ese orden de ideas, empiezan a aplicar las mismas restricciones que ya tienen los cigarrillos a los vapeadores y cigarrillos electrónicos. La prohibición de la venta a menores de edad, la obligatoriedad del etiquetado de advertencia y la publicidad en vallas o similares son algunas de las regulaciones que se les han impuesto a estos dispositivos.

¿A quién está dirigida?

El proyecto de ley fue introducido originalmente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con el fin de combatir la gran cantidad de enfermedades asociadas al consumo, especialmente en menores de 18 años, exhibidas en un estudio realizado a partir de la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas.

Sin embargo, la medida dirigida a frenar el consumo en menores de edad terminó por restringir la comercialización de estos productos. Según Juan David Zárate, abogado especializado en derecho constitucional, es necesario que la ley tome en cuenta el mercado en el que operan dichos dispositivos: ¨La libertad de empresa puede llegar hasta cuándo se estrella con el derecho individual a la salud y el problema de salud pública que genera la adicción a ese tipo de productos¨, comentó.

¿En qué consiste?

La normativa regula la publicidad de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en eventos deportivos y medios de comunicación. Además, impone sanciones monetarias a comercios que le vendan a menores de edad y prohíbe el patrocinio por parte de empresas fabricantes. Así mismo, el abogado constitucionalista resalta que la nueva legislación toma en cuenta medidas que permiten controlar este mercado, mas no prohibirlo.

¨Se adopta una aproximación que no lo prohíbe del todo, porque al prohibirse del todo qué pasa, va a salir el Pablo Escobar de los vapeadores, va a haber violencia. Se promueve un comercio lícito, pero costoso y, sobre todo, extremadamente bien informado¨, explica Zárate.

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¿A quién afecta?

Los comerciantes y distribuidores de vapeadores indican que la regulación se debe hacer, pero contemplando la diferencia que existe entre estos dispositivos y los cigarrillos tradicionales. Santiago Uribe, representante de la Asociación Colombiana de Vapeadores (Asovape), señala que, al no considerar ese tipo de factores, la ley afecta a los comerciantes.

¨Sencillamente, no están permitiendo que haya una forma de poder demostrarle a la gente cuál es el producto que uno está vendiendo y cuáles son las diferencias, (...) y eso solo va a generar un monopolio en el que el producto más dañino predomine¨, afirmó Uribe en un diálogo con Plaza Capital.

Los comerciantes tampoco están de acuerdo con la regulación de la publicidad que impone la reciente legislación. De acuerdo con la nueva disposición de la Ley 1335 de 2009, están prohibidos los anuncios y promociones exhibidos en los establecimientos que vendan vapeadores con el fin de evitar que los menores tengan acceso a ellos.

A este hecho se refirió directamente el representante de Asovape, quien indicó que las medidas en contra de la publicidad afectan tanto a negocios como a consumidores. ¨El público objetivo en realidad es la gente mayor, los adultos que deciden usar los vapes como alternativa para el cigarrillo, (...) entonces, al no poder demostrar lo que uno vende, el alcance al público se desvanece, afectando principalmente las ventas¨, expresó Uribe. 

La regulación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos presenta grandes cambios para el modelo de negocio de este mercado y, al parecer, en los próximos años vendrán más reglamentaciones. Los ponentes de esta ley tienen en mente otros proyectos que pretenden contribuir a la ampliación de la normativa. “Este es un primer proyecto de ley, creo que todavía falta avanzar en la regulación, tenemos otros proyectos, incluido uno de mi autoría, que es para que los vapeadores paguen impuestos, porque no pagan ningún tipo de impuesto en nuestro país¨, dijo la representante a la cámara, Carolina Giraldo, a Legis.

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