El Proyecto de Ley 161 de 2012 pretende eliminar las cláusulas de permanencia que las empresas de telefonía móvil en Colombia usan para permitir la financiación de los usuarios a largo plazo para comprar sus teléfonos.

Actualmente, la sesión plenaria de la Cámara de Representantes aprobó dicho proyecto en primer debate. Sin embargo, el creador de esta ley, David Barguil Assis, Representante a la Cámara de Córdoba, afirma que “en este momento nos faltan dos debates. El proyecto se encuentra en la Comisión VI de Senado y aún no han radicado ponencia para su discusión. Esperamos que esto se haga prontamente”.

Según Barguil, el verdadero problema es que las cláusulas de permanencia en Colombia “no están asociadas al servicio” sino a la “adquisición de terminales”. “Ellos lo que hacen es sobre valorar el equipo, y cobrárselo a los usuarios vía tarifa por un mal servicio”.

La aprobación de esta ley afectaría sustancialmente las oscilaciones de precios del mercado de telefonía móvil. Los precios, según algunos las principales compañías teléfonos móviles del país y según los comerciantes independientes, subirían.

Técnicamente, si se eliminan las cláusulas de permanencia, los precios de los celulares deberían subir.

Según las afirmaciones de un administrador de un Punto de Experiencia de Movistar, que prefirió ocultar su identidad, “nosotros [Movistar] le estamos dando un beneficio al cliente. Si quitamos las cláusulas de permanencia, los precios deberían subir. Pero eso depende de muchas cosas, como los precios que nos digan los proveedores”.

El administrador explicó que ellos no están obligando al usuario a someterse a la cláusula de permanencia, sino que esta última es un “descuento” que se les da a los usuarios que tienen “una menor capacidad adquisitiva”.

A pesar de eso, el entrevistado afirma que el alza de los precios “no afectaría mucho el mercado de telefonía móvil. Seguiríamos teniendo clientes”.

Por otro lado, según Rolando Herrera, dueño del local Mundo Móvil de San Andresito Norte, “la aprobación de esa ley no nos conviene”. Herrera afirma que si los precios de los teléfonos en las grandes compañías suben mucho “no podríamos competir. Tendría que subir mucho mis precios y la gente dejaría de venir a comprarme”.

Barguil justifica su proyecto de ley con varios argumentos, pero el que parece ser más contundente para el consumidor es el de los precios: “calculamos que los terminales bajaran entre un 15 a un 20%, porque hoy en día los equipos están siendo vendidos por los operadores con sobrecostos o mejor dicho ‘anti subsidios’”.