El estado colombiano, representado por Néstor Osuna, ministro de Justicia, llevó a cabo un acto de reconocimiento público en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá en el que pidió perdón por sus omisiones en el caso del asesinato de Guillermo Cano. El evento tuvo lugar en el marco de la conmemoración del Día del Periodista en Colombia, el 9 de febrero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha llevado el caso de Cano desde febrero de 1997 cuando su familia y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, decidieron que esta comisión se encargase de investigar este crimen. Por irregularidades inexplicables, como las calificó Roberto Rock, el presidente de la SIP, el caso tuvo una gran cantidad de dilaciones y no fue hasta este año que el Estado decidió obedecer la orden de la Comisión.
La decisión del Estado colombiano no hubiese sido posible sin la participación de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ONG, que desde 2016 solicitó a la CIDH reabrir el caso y acompañó durante ocho años este proceso. El acto de perdón por parte del Estado resulta fundamental no solo para la resolución del asesinato de Cano sino para la de todos los crímenes e injusticias que de este magnicidio devinieron.
El ministro Osuna reconoció que todos los actores de la sociedad le fallaron a Guillermo Cano, a la familia Cano, al diario El Espectador y a los periodistas. El ministro expresó que cuando el Estado pudo proteger la vida y los derechos de Cano y de los miembros de su diario “El Estado miró para otro lado. Indolente, acobardado, cómplice”.
El ministro Osuna reconoció que todos los actores de la sociedad le fallaron a Guillermo Cano, a la familia Cano, al diario El Espectador y a los periodistas.
La CIDH explica que el Estado de Colombia, particularmente en el magnicidio de Cano, fue el responsable de no proteger el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión tanto del entonces director de El Espectador como de los miembros de su periódico. Es por esto que este caso abarca también los hechos ocurridos en los años posteriores al asesinato de Cano.
Después del 17 de diciembre de 1986, día que Guillermo Cano fue asesinado, el Cartel de Medellín emprendió una ola de ataques en contra del diario El Espectador y las personas involucradas en el caso. Fabio Castillo, jefe de investigaciones tuvo que exiliarse en 1987, su abogado Héctor Giraldo y los gerentes Martha López y Miguel Soler fueron asesinados en 1989, año en el que también un camión lleno de dinamita sacudió y casi destruyó las oficinas de El Espectador en Bogotá.
Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP, concluyó durante el acto de reconocimiento que aquel 17 de diciembre de 1986 es un día que se sigue repitiendo año a año en Colombia. Mardonio Mejía fue asesinado en Sucre hace dos semanas, Rafael Moreno en 2022, Jorge Enrique Pulido en 1989 y Jaime Garzón en 1999. Estos son solo cuatro de los más de 143 periodistas asesinados en Colombia desde 1986, casos que en su mayoría siguen en la impunidad como resultado de las omisiones realizadas por el Estado colombiano y los múltiples actores que lo han compuesto durante los últimos 35 años.
El Estado colombiano, se comprometió a investigar y esclarecer todos los hechos del caso de Cano para así buscar justicia. Por ahora, solo queda recordar a aquellos y aquellas periodistas que dieron su vida ejerciendo su labor; así como esperar a que el reconocimiento de culpa por parte del Estado colombiano en el caso Cano abra las puertas para que todos los crímenes contra periodistas empiecen a ser resueltos y se haga justicia.
