El retorno voluntario abre las expectativas a los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia para volver a su país con mayor facilidad. Aunque no se ha establecido una fecha para la implementación de esta propuesta, ya hay interrogantes, sobre todo respecto de la destinación de recursos y la planeación que se deberá realizar a nivel estatal para su desarrollo.

El nombramiento del experto en negociaciones Álvaro Leyva como canciller y de Armando Benedetti como embajador designado en Venezuela muestran la voluntad del gobierno Petro para retomar las relaciones diplomáticas con el país vecino. De forma paralela, empresarios, políticos y organizaciones sociales han empezado a reunirse en las zonas fronterizas para definir hojas de ruta respecto a temas de comercio, flujo migratorio y seguridad. 

El pasado 12 de agosto, el mandatario Gustavo Petro declaró que ya hay un flujo peatonal normalizado en la frontera entre ambos países, que ha permitido el desuso de las trochas y que se detengan las vulneraciones de Derechos Humanos que se presentan en estos pasos ilegales. Sin embargo, el jefe del gobierno colombiano no ha ampliado sus declaraciones sobre este tema.

Ahora bien, el restablecimiento de las relaciones en conjunto con la mejora progresiva de la economía venezolana son factores fundamentales para abordar de forma integral asuntos comerciales y, sobre todo, la propuesta del retorno progresivo. Esto, acorde a declaraciones del embajador Benedetti, quien señaló: “Presidente Petro, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10.000 millones de dólares en intercambio comercial, cuando beneficiemos a los más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera. Ninguna línea imaginaria nos volverá a separar como hermanos”.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en Colombia se encuentran aproximadamente dos millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales cerca de 50.000 tienen la condición de refugiados y, muy probablemente, no retornarían a Venezuela por su condición de vulnerabilidad.

Sin embargo, para la internacionalista Alejandra Ripoll, experta en migración y docente de la Universidad Militar Nueva Granada, “no hay garantías que permitan un retorno viable de la población migrante. Esto, como consecuencia de la situación política y socioeconómica del país vecino”. Asimismo, afirma que no resulta clara la cifra de ciudadanos venezolanos que no son refugiados, que podrían retornar a Venezuela voluntariamente. En ese orden de ideas, el gobierno deberá preparar la logística y disponer de los recursos necesarios para garantizar el plan propuesto.

Por ahora, resta esperar a conocer más detalles de la propuesta del Ejecutivo, así como las políticas de recepción que posiblemente adoptará el Gobierno de Venezuela con sus nacionales. Adicionalmente, se deberá examinar cómo se les garantizarán los derechos a los ciudadanos que retornen a su país.