Juan Camilo Villamil es un joven de 31 años que vive en Bogotá. Desde su nacimiento, fue diagnosticado con retraso mental severo, lo cual lo ha obligado a moverse en silla de ruedas, tener un acompañante en todo momento y depender de quienes están a su lado. Hace siete años ha estado adscrito a la EPS Medimás, esperando que los servicios médicos de la entidad le brinden todo lo que él necesita para su tratamiento. Sin embargo, de un momento a otro, las terapias, enfermeras y medicamentos le comenzaron a ser negados por su EPS. Luego de diez meses de confinamiento y de varias batallas jurídicas contra la EPS, este paciente sigue a la espera de que alguien garantice el servicio necesario.

Con la llegada del Covid-19, EPS como Medimás se han escudado en la contingencia y el aislamiento para no brindar un buen servicio a sus afiliados. Con argumentos como “el paciente no cumple los requisitos”, “debemos evitar las aglomeraciones y el contacto físico”, y “pensamos en tu bienestar, por eso no puedes asistir a los centros de salud” esta EPS ha tenido a lo largo de la pandemia más de 46.000 denuncias reclamando “mejor acceso a la salud, malos trámites y autorizaciones, deficiente prestación del servicio, nulo reconocimiento de prestaciones económicas o indisponibilidad en recursos humanos para la atención”.

La negligencia estructural, la más vista

Ante esto, María Isabel Riveros, madre de Juan, detalla que “tengo 67 años, el papá de Juan tiene 73. Ambos tenemos hernias por alzarlo toda la vida y no estamos en condiciones ahora de cargar a una persona que pesa 60 kilos. Medimás no nos suministra una enfermera porque su junta médica no considera que una persona dependiente, en silla de ruedas, que no puede ni comer, ni ir al baño, ni hablar, la necesite. Es algo absurdo”.

La historia clínica de Juan indica que “es de vital importancia brindar el tratamiento domiciliario al paciente”. Además de esto, el informe señala que el paciente necesita tener terapias psicológicas, ocupacionales, físicas y fonoaudiológicas para que el estado del convaleciente no empeore. Ante la negligencia médica de parte de Medimás, Juan ha decaído y debido a la falta de seguimiento médico ha sido diagnosticado con celulitis y epilepsia. La EPS sigue sin pronunciarse por este hecho pese a las tutelas, derechos de petición y un abogado en el proceso.

El problema no se detiene ahí. La familia de Juan le pide a su EPS que también le suministre los pañales necesarios y medicamentos importantes para su estabilidad diaria; Medimás nuevamente, tiene un, “pero” ante estas peticiones. La EPS tampoco le ha suministrado medicinas vitales para su subsistencia. La EPS y su negligencia a suministrar los cuidados esenciales, las personas pueden llegar a alcanzar un punto crítico de salud.

Sandra Ramírez, experta en salud y conocedora de la medicación de los pacientes, profundiza sobre este tema, detallando que “cuando un paciente con diagnósticos importantes como retraso mental, Alzheimer, Parkinson o cáncer no toman sus medicamentos, puede llegar a ser mortal. En algunas ocasiones no tomarlos puede perjudicarlos ya que su organismo está acostumbrado a un cuerpo externo para combatir su enfermedad; en otros casos, lo que viene es la muerte ya que el organismo no aguanta los síntomas sin la ayuda de los medicamentos”. Frente a esto, María Isabel Riveros, recuerda que “la actitud de los médicos y administrativos en Medimás fue grosera. Me recomendaron darme pautas sobre mi hijo, insinuando que no lo conocía o que durante más de 20 años he hecho algo mal por él”. 

Un reclamo cada cuatro minutos

La mala atención médica a Juan Camilo Villamil no es un caso aislado. Solo en lo que va de la pandemia en el país (marzo-noviembre) y de acuerdo con la Superintendencia de Salud, se han registrado más de 700.000 quejas y denuncias por deficiencias en el servicio o en la atención médica. Es decir que desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país se ha presentado una queja, denuncia o reclamo cada cuatro minutos.

La población en condición de discapacidad ha sido vulnerada históricamente en Colombia. La negligencia, la estigmatización y ahora el Covid-19 han sido factores que no han dejado que los derechos de las personas con discapacidades sean respetados en materia de salud. “Se han identificado como vulnerables diferentes grupos de la población, como las personas mayores de 60 años, población en situación de pobreza y las personas con enfermedades crónicas, aunque la población con discapacidad está sobrerrepresentada en estos tres grupos, no se contempló como un grupo vulnerable”, amplía Carlos Parra, Investigador Senior de la Universidad Sergio Arboleda.

Según la Organización de las Naciones Unidas, las personas con discapacidad se encuentran en mayor riesgo por el coronavirus que el resto de la población, las medidas de contención como el distanciamiento social y el aislamiento personal pueden ser imposibles para personas que requieren apoyo. Tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, necesitan limitar su contacto con sus seres queridos o los encargados de su salud, esto refiere que, gracias a la falta de ayuda, enfrentan riesgos ante la negligencia de instituciones.

Catalina Devandas, relatora especial de la ONU y defensora de los derechos de esta comunidad, concluye que “durante el tiempo que el Covid ha entrado en nuestra vida, las instituciones públicas no han realizado lo suficiente para asegurar la orientación y los apoyos necesarios que esta población discapacitada necesita, a pesar de que son considerados como personas de alto riesgo”.

Los procesos judiciales, una traba más

Luis Arturo López, abogado asesor en el caso de Juan Camilo ante Medimás explica que ni los procesos legales han garantizado que la EPS y el sistema de salud colombiano le entreguen lo que él necesita. En primer lugar, explica que “con el coronavirus, los juzgados se han atrasado y colapsado para atender los procesos. Luego de una tutela en primera instancia y con una orden de un juez, la EPS no ha brindado los servicios que la familia del paciente alega”.

Esta lucha de Juan contra el sistema de salud, es compartida con aproximadamente 700.000 colombianos que han tenido que tenido que recurrir a denuncias a la Superintendencia de Salud y en más de una ocasión a acciones legales. Estas miles de personas tienen que enfrentarse a los juzgados y las cortes cuando sus entidades de salud no les brindan los servicios necesarios. Como explicaba López, ni con una sentencia judicial u órdenes directas de los jueces de la República, las EPS cumplen sus obligaciones.

También influye mucho el factor económico. Según ciertos parámetros estatales, el proceso de contratar un abogado para presentar una tutela y adjudicarse el caso en los juzgados, cuesta alrededor de 600.000 pesos; es decir más de la mitad del salario mínimo. Según el Banco de la República, solo el 44% de los trabajadores del país ganan más del salario mínimo. Es decir que, si un ciudadano de bajos recursos quisiera emprender un proceso contra su EPS, tendría que utilizar lo que trabaja en un mes para pagar a un abogado; sabiendo que no hay una garantía absoluta para que la estructura judicial o el sistema de salud respondan.

¿Por qué hay tantas denuncias por mal servicio en contra de Medimás?

Javier Becerra, médico con más de 20 años de experiencia en el sector salud y exempleado de Cafesalud (precursor de Medimás), se muestra preocupado con la situación actual de los profesionales de la salud en Colombia. Becerra menciona en primer lugar, que la negligencia no siempre es responsabilidad de los médicos, puesto que como en cualquier otra empresa, las EPS tienen directivos y encargados de la gestión administrativa. “Si bien hay ocasiones en que los médicos por su voluntad cometen negligencia y se escudan en las decisiones que van por encima, hay veces en donde los directivos y las personas de arriba son las que no autorizan, no permiten que se atienda a los pacientes. Es como si el sistema terminara ganando la batalla”, profundiza Becerra.

Cuando hay acusación de las mismas, los debidos procesos no son efectivos. Ninguno asume la repercusión acerca de la muerte o perjuicios físicos o psicológicos de un paciente. Por ejemplo, en el caso de Juan, la denuncia de negligencia ha pasado por los sectores de gestión organizacional, administrativa, médica y jurídica de Medimás. Aun así, nadie le da razón ni se atribuye la responsabilidad de no atender o prestar el servicio.

Cuando se le preguntó a Becerra acerca de qué pasa con los prestadores de salud que están denunciados por negligencia, contestó: “realmente son muy contados los médicos que están pagando cárcel por negligencia médica. Hay impunidad en el sector; esto funciona igual que el fuero clerical o el militar. A eso se le llama solidaridad de cuerpo, la justicia entre pares o personas del mismo gremio es muy desigual”.

La falta de respuestas

En el marco de esta investigación se intentó contactar a Medimás para conocer su opinión sobre el tema. Primero, se contactó con Juan Pablo Orjuela, jefe de prensa de la EPS para preguntarle acerca de la gestión de Medimás para disminuir las incidencias de abandono médico, la cantidad de casos notificados por parte de los afiliados que hayan enfrentado negligencia, y a pesar de cruzar un par de mensajes, las dudas nunca fueron respondidas.

Igualmente, se recurrió al mecanismo de derecho de petición, para advertir la cantidad de afiliados registrados como personas con discapacidad, un informe de las razones por las cuales existen tantas quejas ante la Superintendencia de Salud, y que programas se han implementado para disminuir los casos de negligencia, dicha petición tampoco fue respondida pese a los mandatos legales.

Medimás, un problema arquitectónico

La situación actual de Medimás viene desde mucho más atrás. El proceso que han atravesado las EPS en Colombia muestra la grave falta de atención por parte del Estado a una regulación efectiva orientada a los usuarios. El problema data de 2011, cuando el precursor administrativo de Medimás, SaludCoop recogía al 66% de la población colombiana. Con la creación y promulgación de la ley 100 de 1993, SaludCoop tenía un conglomerado de atención en la salud que reunía 43 empresas, 28 mil empleados y más de cinco millones de usuarios afiliados.  

El sistema de salud en Colombia se maneja a través de cotizaciones de los afiliados e impuestos de los ciudadanos. Este dinero recogido lo manejan aseguradoras privadas. SaludCoop conforme pasaban los meses empezó a demostrar un crecimiento económico descomunal, lo que terminó alertando a los entes de control. Al investigar los recursos y la administración del dinero de Saludcoop, la Superintendencia de Salud clausuró la empresa y extinguió todos los dominios al darse cuenta que la mayoría del dinero de los contribuyentes para su salud, estaba siendo desviada para gastos personales que no tenían relación con la salud o la atención al usuario.

Con todo el dinero desviado que SaludCoop debía a sus usuarios, se empezaron a ver miles de denuncias por mala atención a los pacientes. Es decir que el dinero que los usuarios pagaban a SaludCoop por su salud, estaba siendo robada por terceros y en cambio, no tenían acceso a su servicio ni los recursos para prestarla. Luego de varias alertas, contratos y traslados de directivos y responsabilidades de SaludCoop, la Procuraduría General de la Nación, la Personería y algunos colectivos particulares definieron que lo mejor era terminar la EPS. Los afiliados fueron destinados a otras EPS, una serie de multas fueron impuestas y el director ejecutivo, Gustavo Palacino fue imputado con los cargos de especulación y dineros ilícitos.

Es en este momento donde Medimás aparece en escena. La EPS nació luego de que el Estado y los particulares decidieran extinguir Saludcoop. Sin embargo, esta nueva EPS apareció con los mismos mecanismos de corrupción y desviación de dinero que ya tenía SaludCoop. Hoy Medimás se enfrenta a los mismos procesos jurídicos que tuvo SaludCoop en su momento. Se le acusa de no tener los recursos, ni humanos ni económicos, para atender a sus afiliados. Es más, la Superintendencia de Salud le fijó este año nuevas multas por prestar un servicio deficiente a la EPS Medimás. Dentro de estas deficiencias están brindar medicamentos a los pacientes, negar atención física en los centros de salud, demoras en la prestación de servicios y finalmente escasez de recursos en la atención médica.

Finalmente, las personas discapacitadas no solo están expuestas al coronavirus y los daños mortales que su contagio puede causar. Aquellos que están suscritos a Medimás, enfrentan una batalla desde hace meses para que la EPS, colapsada en problemas de dineros y fallas internas, responda por lo que les prometió en materia de salud. El panorama para los casi cinco millones de discapacitados del país no es favorable, mientras que el Estado y la sociedad los siga viendo como una población igual a los demás, sus derechos y exigencias, por lo menos para que el sector de la salud los atienda, no va a cambiar pronto.