Los vendedores ambulantes informales de Bogotá se encuentran actualmente en una situación complicada por los constantes operativos de recuperación del espacio público que adelanta las autoridades por orden de la Alcaldía Distrital.

Estos vendedores son conscientes de su situación y que ocupan un espacio público que no les corresponde, pero al ser esta su única forma de ganar un sustento, deciden vivir en el miedo e incertidumbre diaria de persecuciones, abusos y posibles multas.

Alonso, un vendedor informal de la Plaza de Bolívar, asegura que pese a que lleva 30 años en este oficio asegura que perseguido constantemente por la policía, asegurando que los uniformados los tratan como si fueran ladrones y dañan sus puestos de trabajo y mercancía. 

Desde mediados del mes de febrero la situación con los vendedores informales ha estado critica por las constantes multas que les impone el Nuevo Código de Policía. Debido a esto expresan que sus ventas han disminuido y que la policía ha agudizado los operativos en su contra. 

En este tema, la Alcaldía ha desarrollado varios planes para disminuir las actividades informales en el espacio público de la ciudad. Las instituciones encargadas de esto son la Defensoría del Espacio Público y el Instituto para la Economía Social (Ipes) que han venido realizando proyectos para la recuperación del espacio público y la entrega de inmobiliarios semiestacionarios para los vendedores informales.

Estos nuevos puntos se caracterizan por ser móviles de dos modalidades, para vender confitería o flores, como también bebidas preparadas o frutas y demás productos que sean del antojo de los transeúntes en las calles de Bogotá.

Según el Ipes, se han hecho entrega de aproximadamente 80 inmobiliarios principalmente en la zona de la Carrera Séptima y se espera hacer entrega también, por una alta demanda en las localidades de Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, Engativá y Suba.

Para la convocatoria de entrega de estos inmobiliarios que se realizó a finales de 2018, el Ipes detalla que contó con un equipo de gestión local para identificar a los vendedores informales, estos debían cumplir unos requisitos como ser identificados en espacio público, tener aval y reconocimiento por parte de la alcaldía local, estar entre los 20 y 59 años e edad aproximadamente, no tener antecedentes judiciales, entre otros.

Una vez inscritos los vendedores debían que cumplir con ciertos cursos dictados por el Sena sobre el manejo de dinero, atención al cliente, contabilidad del negocio y cuidado del puesto. Además deben pagar una mensualidad por el carro de aproximadamente $89.000 y un contrato de dos a tres años.

"Para nosotros adquirir estos carritos no fue fácil, porque tuvimos que buscar muchos papeles y perder varios días de trabajo para asistir a los cursos, pero pues al tener un punto formal y evitar las persecuciones de la policía vale la pena porque ahora estamos mejor", narran Marta y Jhon Ramírez, dos venedores informales que ahora cuentan con uno de estos puestos en la Carrera Séptima.

Sandra Cruz, vendedora de alimentos preparados y bebidas calientes con cuatro años de trabajo detalla que “antes pasaba jugando al 'gato y el ratón' con los policías, ahora me siento chévere, vendo más, es más confiable y tranquilo para los compradores (…) mejoró mi calidad de vida".

Las circunstancias no son las mismas para un vendedor informal oriundo del departamento de Nariño. Él también es uno de los beneficiados con este inmobiliario por ser desplazado de la violencia, sin embargo comenta que en varias ocasiones teniendo el inmobiliario de la alcaldía se le ha acercado la policía a quitarlo de la zona argumentando que está ocupando el espacio y no importa que tenga permiso.

Relata además que no se siente a gusto en ocasiones porque al vender frutas le obligan a traerlas preparadas desde casa, por lo que mientras se traslada y vende el producto estas pierden su calidad y finalmente pierde como vendedor.

Los vendedores que aún siguen siendo informales en el centro de Bogotá argumentan que no han sido escuchados por el Ipes y la Alcaldía, planteando que tales inmobiliarios que entrega el gobierno local, tienen prioridades o son parte de una "mafia" para beneficiar a unos pocos. También dicen que los lugares de trabajo que les otorgan no son los propicios para sus ventas y otros expresan que el impuesto a pagar es muy alto para su ganancia diaria.

Según estadísticas del Dane, el porcentaje de vendedores informales en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,9% para el último trimestre de 2018. En Bogotá representan el 42,1% siendo una cifra baja con respecto otras ciudades de Colombia como Cúcuta con el 70,6%. Con respecto los datos históricos se han presentado una disminución de estos pero la cifra sigue siendo alta.