El pasado 5 de junio de 2012 fue aprobada por el Congreso de la República en cuarto debate la ley 1547 de 2012, mediante la cual se determinó que el Estado garantiza la cobertura total del   acceso a la educación superior de los estratos menos favorecidos, por lo cual el subsidio será del 100% para quienes ingresen a la universidad, eliminando así el pago del crédito por parte de los usuarios.

La ley, promovida por el senador Juan Lozano del Partido de la U, pretende beneficiar a quienes tienen menos posibilidades de acceso a la educación superior, pretendiendo disminuir la deserción estudiantil y aumentando el ingreso a la educación superior de los estratos 1,2 y 3.

Para algunos estudiantes la  ley es bien recibida, en especial en los estudiantes de bajos recursos, sin embargo, afirman que no es de un 100% el subsidio, pues tendrán que pagar el aumento del IPC, es decir el aumento que se hace anual al Índice del  Precio del Consumidor.

“La nueva ley es el resultado de uno de los acuerdos para la prosperidad del presidente Juan Manuel Santos, me parece una excelente iniciativa pues seremos más quienes podamos acceder a una buena educación sin altos costos”, afirma Isabel Barinas, estudiante del colegio Robert Kennedy de la localidad de Engativá.

Además de la cobertura del 100% del subsidio por parte del Estado se brindarán incentivos para que los estudiantes permanezcan en la educación superior, garantizando el pago total del crédito a quienes ocúpenlos 10 primeros lugares en las pruebas Saber Pro.

Carlos Ortiz, estudiante de la Universidad de los Andes, quien tiene crédito educativo, afirma que la sancionada ley lo cobijara a él,  puesto que le reducirá el pago semestral del crédito por ser de estrato dos. “Sin lugar a duda la ley se establece como una nueva oportunidad para acceder a la educación superior de calidad, aumentando el nivel de educación y contribuyendo a un mejor país”, concluyó Ortiz.

Aún no ha pasado más de un mes de entrada en vigencia de la ley y ya van cientos de estudiantes de colegios distritales cobijados por la medida, sin embargo, hay expectativa por conocer de cuánto va a ser el pago  por semestre fijado por el incremento anual del Índice del Precio del Consumidor.

El Gobierno Nacional tiene presupuestado que la política pública tenga una vigencia de 4  años, para lo cual ha destinado 1,2 billones del presupuesto nacional para cumplir con la implantación de la ley.