La ejecución de algunos empleos por parte de los excombatientes podrían ayudar a su reincorporación social. Sin embargo, la mayoría de estos no garantizan ofertas de trabajo para desmovilizados.
Niñeras, profesores, enfermeros, son algunas posibles profesiones que se rehúsan a integrar a excombatientes. Todos los anteriores trabajos brindan una protección a la comunidad y para ser parte de estos se requiere aprobar un estudio de seguridad. Según algunos líderes empresariales, los excombatientes no cumplen con los requisitos que se necesitan para obtener estos empleos.
La fundación Funnana, en Bogotá, brinda capacitaciones para convertir a mujeres de bajos recursos en niñeras, para luego conseguirles un hogar en donde puedan dar sus servicios. De acuerdo a Norma Ramírez, encargada de la fundación, “las exguerrilleras pueden tomar capacitaciones, pero ninguna podría trabajar aquí”, debido a que todas las niñeras deben pasar un estudio, en donde se consulta que la aspirante no tenga antecedentes y corroborar su identidad mediante sus huellas digitales.
Asimismo, Sandra Riascos directora del jardín infantil Genio aventuras, en Bogotá, afirma que, “sería injusto no darle la oportunidad a estas personas, pero sin duda alguna yo no lo haría”. Ella, al igual que Norma, considera que todo trabajo relacionado con el cuidado de menores de edad, no debe ponerse en juego y, por lo tanto, siempre se asegura de trabajar con personas que cumplan con un pasado judicial sin antecedentes penales.
Una directora y profesional de la salud de una IPS domiciliaria en Bogotá, declara que “es posible que contratemos a excombatientes, pero por convicciones personales, creo que sería más estricta y precavida con estos empleados”. El exmagistrado de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, Germán Valdés, explica que las anteriores contradicciones se dan porque, “en el Acuerdo de Paz no hay ninguna herramienta jurídica que garantice un trato igualitario en la reintegración social de los excombatientes. Pero tampoco sería constitucional obligar a las empresas privadas a contratarlos”.
De igual manera, el estudio Ciudadanos ex-combatientes: un desafío de reconciliación e inclusión para Bogotá, realizado por la Alcaldía de Bogotá afirma que la más grande amenaza para la sostenibilidad social y económica de un desmovilizado es la falta de empleo, que principalmente se da por la discriminación laboral y social que recibe por parte de sus compañeros y directivos.
De acuerdo a Juan Esteban Ugarriza, doctor en ciencia política y coautor de la investigación Dilemas de la reintegración de ex-combatientes en Bogotá, los empleos anteriormente nombrados deberían hacen parte de la reintegración social planteada en el Acuerdo de Paz. “Para que se dé una reintegración social, el excombatiente debe ser parte de una comunidad, y para ello debe existir la intervención psicosocial del individuo”. Ugarriza también nombra en su informe que “la disposición de ambas partes ayuda a la superación de traumas y a la reconciliación. Y en el caso del desmovilizado implica una intervención en la personalidad del individuo para cambiar sus hábitos y actitudes”. No obstante, asegura que el desempleo de desmovilizados también es alto, “la tasa de desempleo de desmovilizados se sitúa desde el 2005 por encima de 60%”.
Ugarriza y Valdés afirman que la idea de “devolverle la legalidad a todos los integrantes de las FARC” planteada en el Acuerdo Final, no garantiza empleo, pero sí les brinda oportunidad de estudio. “Pueden optar por una capacitación laboral, básica primaria y secundaria”, afirma Ugarriza. “Mi solución sería promover las comunidades y cooperativas de trabajo construidas por ellos mismos, en donde no dependan de ninguna empresa privada”. Asimismo, Valdés propone hacer las ofertas de trabajo más atractivas para ciertas empresas rurales, “una buena y antigua estrategia del Gobierno es ofrecerles beneficios a aquellas empresas que se comprometan a emplear excombatientes, cómo reducir impuestos y aplicar diferentes fórmulas económicas de estímulos”.
Una de las razones por las cuales Ugarriza y Valdés estiman la poca oportunidad laboral en el posconflicto, es debido a la alta tasa de desempleo que tiene Colombia, el anterior año fue de 11,9%, es decir, alrededor de dos mil habitantes desempleados. Valdés explica que “ni siquiera hay capacidad de empleo para los que no han estado en la guerrilla. Es muy probable que estos civiles manifiesten inconformidad, en el caso de que alguna empresa le ofrezca trabajo a un excombatiente y a ellos no”.
