Después de suspender la subasta de las acciones de Isagén en poder del Gobierno en 2014, el Consejo de Estado optó por ratificar su venta. El debate entre opositores y partidarios sigue vigente.  

A pesar de las múltiples demandas interpuestas por la Red por la Justicia Tributaria, el pasado 10 de septiembre el Consejo de Estado decidió avalar la venta de la empresa Isagén. Desde el 2013 la RJT (iniciativa de ex funcionarios y académicos que se encarga de vigilar transacciones económicas entre empresas nacionales y extranjeras)  había mostrado su inconformidad ante la venta,  pero aunque el fallo resulta adverso, planean seguir oponiéndose.  

Lo que el Gobierno pretende es subastar la participación accionaria mayoritaria en la generadora de energía, transacción que corresponde al 57,61 por ciento de la totalidad de las acciones por un monto que asciende a los cinco billones de pesos. Los dividendos por la subasta de esta empresa, que en los últimos 5 años le ha representado una ganancia de 726.448 millones de pesos a la Nación, estarían destinados a financiar la construcción de carreteras 4G, es decir, proyectos de infraestructura vial.

Clara Plazas, profesora, investigadora de la Universidad del Rosario e integrante de la RJT, afirma que el Gobierno no tiene razones contundentes para subastar Isagén, “esta empresa no ha tenido problemas de liquidez”, afirma Plazas, quien además agrega que “Isagén es para Colombia un patrimonio público que resulta supremamente rentable”.

Desde que se confirmó la venta, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, ha intentado aplacar el debate aclarando que subastar la empresa generaría los recursos fiscales necesarios para invertir en infraestructura. Cárdenas y el Ministro de Minas y Energía, Tomás González, han garantizado que los proyectos viales generarán empleo e insumos importantes para el país.

“Nos preocupa también la cuestión del empleo de los trabajadores. A pesar de que las normas laborales los protegen, los antecedentes con multinacionales extranjeras en el país nos generan preocupación” concluye Plazas.

Por su parte, quienes apoyan la venta aseguran que esta traería más beneficios al país.“La venta de Isagén fomenta la competencia” afirma Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores y experto en el sector eléctrico, quien agrega que: “es una empresa que funciona bien y por eso se puede vender bien. Es un activo que ya se valorizó y que se puede invertir en infraestructura. Es cambiar un activo por otro”.

Lucio aclaró que la privatización de Isagén no tendrá incidencia en las tarifas de energía, ya que a pesar de ser del Estado, ha operado siempre como una empresa privada.

El proceso de venta de Isagén se anunció en julio del 2013 pero se inició formalmente a finales ese mismo año, durante el Gobierno del presidente Santos. La decisión de vender también contó con mucha oposición y más de tres demandas interpuestas.