20 representantes de los cabildos indígenas del Norte del Cauca se reunieron en Bogotá ayer, para denunciar amenazas a sus comunidades y promover su propuesta de paz en el posconflicto.
Según declararon los representantes, en esa zona del departamento hay presencia de grupos armados que generan temor entre los habitantes, “si bien en estos momentos no escuchamos balas ni bombas si nos preocupa que continuamente hay amenazas y panfletos de las Águilas Negras que declaran objetivo militar a los dirigentes indígenas”, dijo Luceida Gómez, consejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
En los panfletos se hacen amenazas directas al movimiento Marcha Patriótica, profesores de Unicauca, cabildos indígenas y ACIN. Como es el caso de Víctor Andrés Flórez, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Zona de Reserva Campesina del Municipio de Corinto Cauca, que fue asesinado el 26 de marzo del presente año en Corinto (provincia de Norte del Cauca).
Esto se produce un día después de que el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que en lo que va corrido del año han sido asesinadas 12 personas entre defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. El ministro propuso “acelerar las investigaciones para que ninguno quede en la impunidad”, además de crear comisiones con las comunidades, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Protección que garanticen la seguridad de los líderes.
Durante la reunión de los cabildos, Luceida Gómez denunció que la noche anterior, en la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto, a la altura de la vereda La Trampa, un representante jurídico del resguardo de Corinto fue detenido una horas por grupos armados que no se identificaron, según narró la representante, los delincuentes decían que los indígenas “molestaban mucho en el municipio y los iban a acabar”.
Aunque en muchas ocasiones es difícil determinar el grupo armado amenazante, los líderes indígenas reconocieron que en el Norte del Cauca hay presencia de Águilas Negras y paramilitares. “Se han hecho acciones para sacar la minería ilegal que le hace daño a la madre tierra, pero creemos que ahora se puede hacer más complicado porque la explotación minera, en su mayoría ilegal, viene acompañada por grupos paramilitares, en esta medida, simplemente, nos van a matar”, dijo el Gobernador del Cabildo de Toribio, Gabriel Pabil.
Al igual que los indígenas del Cauca, algunas organizaciones sociales también se han preocupado por los casos de violencia en los departamentos. Como informó El Espectador el 6 de abril, “seis organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” por “una difícil situación de derechos humanos ocasionada, entre otras, por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras desde el Estado para su efectivo desmonte”.
Y es que tras el paro armado decretado por el Clan Úsuga el pasado 31 de marzo, se ha vuelto a hablar de un renacimiento de grupos paramilitares en el país. Esta acción del Clan Úsuga paralizó a 36 municipios de 8 departamentos según la Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos).
El paro demostró un gran poder intimidatorio del grupo autodenominado “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (el mismo clan Úsuga).Esto prendió las alarmas sobre un caso de desmovilización inconclusa de grupos que paramilitares que pueden tener en la actualidad, cerca de 2’500.000 integrantes y presencia en 23 de los 32 departamentos del país.
Por esta situación, los cabildos indígenas solicitaron al Gobierno garantías de derechos territoriales a los pueblos indígenas, fortalecimiento del gobierno propio y guardia indígena y garantías para desarrollar sus sistemas propios de salud, educación y comunicación. Esto lo repitió una representante de indígenas desplazados en Bogotá que asegura que no regresará al Cauca hasta no tener garantías de seguridad.
Sin embargo, los representantes indígenas también solicitaron, que si la paz está tan cerca con los diálogos de La Habana, la presencia de los militares en sus zonas no era necesaria, y solicitaron, por medio de Luceida Gómez, “promover nuestra guardia indígena que en el 2004 recibió un premio de paz”.
Estas solicitudes hacen parte de la propuesta de paz que adelantan los indígenas del Norte del Cauca con grupos campesinos, afro y movimientos políticos de izquierda llamada “Mesa Social por la Paz”. La idea de esta propuesta, que se encuentra aún en formalización, es promover la participación de la sociedad civil en la implementación del posconflicto y conocer cómo va a ser la implementación de los acuerdos en los territorios indígenas.
Finalmente, para exigir la respuesta del estado a la situación indígena, denunciar el incumplimiento del Gobierno en acuerdos de jurisdicción especial y territorio y promover su propuesta de paz, los cabildos indígenas anunciaron una movilización en la última semana de mayo que se llevará a cabo principalmente en sus territorios.
