Sandra Morelli no asistió a la audiencia de acusación, la cual tenía por objetivo el imputarle cargos relacionados con las irregularidades frente al arrendamiento de la nueva sede del ente de control fiscal.

Las Fiscalía General de la Nación había anunciado días atrás que la audiencia de acusación formal de Morelli, se haría el día de hoy, 16 de abril. Ante dicho evento, de suma importancia para el proceso que la Fiscalía adelanta en su contra, Morelli no se presentó. Sin embargo, la excontralora aseveró, en una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia, que cuando su presencia física fuera necesaria y el magistrado Eyder Patiño así lo exigiera, volvería al país.

Como se había expuesto en meses pasados a través de diferentes medios de comunicación, la ex contralora se encuentra actualmente en Italia, desde donde ha buscado demostrar su inocencia de diferentes maneras, alegando falta de garantías en el proceso. En consecuencia y por petición de la defensa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió aplazar la audiencia de acusación al próximo 7 de septiembre. El abogado de Morelli alegó que era necesario más tiempo para estudiar más de 100 pruebas que la Fiscalía entregó a última hora.

La Fiscalía, representada por Carlos Iván Moreno, ha reprochado en varias oportunidades el comportamiento de la exfuncionaria que el pasado 25 de noviembre de 2014, no se hizo presente en el Tribunal Superior de Bogotá, pues decidió hacerlo vía Skype. En consecuencia Moreno pidió medida de aseguramiento y circular roja para Morelli, argumentando que su presencia era necesaria para el desarrollo del proceso. Finalmente el juez no lo creyó necesario alegando falta de argumentos por parte de la Fiscalía para dictar medida de aseguramiento.

Morelli está acusada por irregularidades en el arrendamiento de la sede de la Contraloría, ubicada en el edificio Gran Estación II. Dichas irregularidades están basadas en el alto costo por el cual dicho edificio fue tomado en arriendo y el precio irrisorio bajo el que la antigua sede de la Contraloría fue vendida. Estas inconsistencias en el proceso de arrendamiento y venta de las sedes, habrían generado un detrimento patrimonial de 12.292 millones de pesos por parte de la funcionaria que debía velar por el correcto uso del patrimonio nacional.