Uno de los nuevos proyectos propuesto por el alcalde Gustavo Petro, se basa en la iniciativa de construir 372 Viviendas de Interés Prioritario (VIP) para desplazados y víctimas del conflicto armado del país. Con esta idea se pretende fomentar la integración social entre las personas de estratos altos y las personas de estratos bajos. Los barrios escogidos para la implementación del proyecto son Chicó, el Lago y Santa Bárbara.
La construcción de estas viviendas se realizará en lotes que pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y actualmente funcionan como parqueaderos. Estos lotes se encuentran en la calle 82 con carrera 11, calle 88 con carrera 11ª, calle 109 con carrera 17 y en la calle 93ª con carrera 11, y dos de estos parqueaderos pertenecen a la empresa Tequendama. Para Andrés Martínez, trabajador del parqueadero en la calle 82, el proyecto le "parece muy raro, pero igual es algo bueno, lo único malo que veo es que he escuchado comentarios bastante clasistas de la gente que vive en el sector”.
La empresa Tequendama no ha realizado un anuncio oficial en el que se les informe a sus trabajadores la construcción de estas viviendas. Sin embargo, Martínez asegura que esto no traerá consecuencias negativas para la empresa ni sus empleados, ya que simplemente se trasladarán a otros parqueaderos y nadie perderá su empleo. Parqueaderos Tequendama LTDA pagan al IDU un monto de dinero para para poder utilizar estos lotes como parqueaderos públicos.
Los habitantes de estos barrios ubicados en el norte de la ciudad han manifestado algunas preocupaciones en cuanto a la seguridad, el choque cultural y el poder adquisitivo de estas personas. Laura Ávila, residente de uno de los edificios ubicados cerca al parqueadero de la calle 82, dice que “me parece una buena iniciativa, yo viví en Londres y eso funcionaba allá. Pero pienso que al plan todavía le falta. Creo que no pensaron dónde van a hacer las compras estas personas. Lo único que queda cerca es Andino y Carulla”.
Uno de los problemas más grandes que se presentaría si se realiza el proyecto, es que los beneficiados con las VIP tendrían que desplazarse a otros lugares para suplir su canasta familiar. Por ejemplo, mientras una libra de mango cuesta 7.120 pesos en Carulla de la calle 85, en el barrio Alfonso López estrato 2, la libra se consigue en aproximadamente dos mil pesos. Un mercado de frutas y verduras donde entren 500 gramos (una libra) de mango, los tres tipos de papa (criolla, pastusa y sabanera), lulo, cebolla, lechuga, habichuela y tomate costaría 22.850 pesos en Carulla, mientras que en un mercado de barrio costaría alrededor de 11.000 pesos.
Diana Alvarado ,habitante del barrio Alfonso López gasta mensualmente 640 mil pesos en un mercado que incluye frutas, verduras, carne, aseo y otras cosas para una familia de ocho integrantes, mientras que Andrea Lopera, habitante del barrio Chicó y estrato 6, gasta mensualmente 800 mil pesos en un mercado similar para cuatro personas.
Para Andrea Lopera la idea es buena porque le daría oportunidades a personas que en realidad lo necesitan, el único problema es que el costo de vida de las personas que vivirían en esas viviendas es distinto al costo de vida de las personas del sector “aquí todo es mucho más caro. Como el centro comercial Andino es muy caro y por acá no hay colegios baratos, por lo que se tendrían que desplazar a otros lugares. En las tiendas de barrio suelen fiar, mientras que por acá ninguna tienda fía y en Carulla tampoco lo hacen”.
Otro de los inconvenientes, es que en estos barrios no existen colegios públicos, lo que podría aumentar los costos en la movilidad afectando la economía de la familia. La seguridad también es un tema de preocupación, especialmente para los habitantes y dueños de negocios en el sector de Chicó y Lago. Sergio Ramos, administrador de Kitchin Aid, comenta que la seguridad de su local no se vería afectada pero que la del sector sí, además comenta “uno no se siente seguro cuando camina a las siete de la noche por Ciudad Bolívar, a mí me daría susto que eso pasara acá”. Por su parte, la policía del sector no tiene preocupación por la seguridad, afirman que esto no afectará en el desarrollo del barrio y que no será necesaria la implementación de más seguridad.
En un principio el proyecto estaba planeado para ser empezado en septiembre pero fue aplazado hasta enero del 2015. Carlos Vicente de Roux, integrante de la Alianza Verde, le dijo a El Tiempo que se pueden buscar predios en otras zonas de la ciudad, donde la tierra sea más económica, con el fin de construir un mayor número de viviendas.
