Leonardo Huerta (Pereira, 1978) es un abogado con especializaciones en derecho administrativo, probatorio y derechos humanos, y con estudios en filosofía, ha combinado su formación jurídica con la docencia y la gestión pública, construyendo un perfil más técnico que electoral en el escenario político nacional. 

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos en entidades como la Defensoría del Pueblo, donde trabajó en temas de salud y seguridad social, y fue secretario de Educación de Pereira entre 2020 y 2023. Desde allí impulsó políticas orientadas a ampliar cobertura educativa y fortalecer la articulación entre educación y desarrollo social, consolidando experiencia en gestión territorial. 

Su entrada a la política nacional fue apenas hace 4 meses, cuando en enero de 2026 se lanzó como precandidato presidencial independiente por firmas, con una propuesta enfocada en la descentralización del Estado, la educación y la cohesión social. Tras participar en la Consulta de las Soluciones se convirtió en la fórmula vicepresidencial de Claudia López. 

Huerta ha defendido ideas como un modelo más descentralizado, cercano al federalismo, la modernización institucional y la necesidad de superar la polarización ideológica. Su perfil se caracteriza por una apuesta por la técnica, la ética pública y el fortalecimiento de las regiones como eje del desarrollo nacional. 

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¿De qué manera su trayectoria en la academia y el sector público aporta a la campaña de Claudia López? 

Primero, quiero decir que yo soy docente universitario: me he dedicado a estudiar toda la vida. Vengo de una educación pública, de un barrio popular de Pereira, y eso marca mucho mi visión: entender el país desde la formación y desde los derechos humanos. 

Pero, además, no me he quedado solo en la teoría. He sido gerente público con resultados. Como secretario de Educación de Pereira logramos construir tres colegios en un año, después de que la ciudad llevaba dos décadas sin construir uno solo, y desarrollamos una de las políticas más incluyentes del país. Luego, como delegado para el derecho a la salud en la Defensoría, en plena pandemia, recorrí Colombia y cambiamos la manera de resolver los problemas: pasamos de atender unos 4.000 casos al año a resolver más de 120.000 directamente en territorio, con la gente saliendo con la cita programada o el medicamento en la mano. 

He recorrido el país dando clase y trabajando en lo público, he visto de cerca las dificultades en los territorios y he tenido cargos donde he podido mostrar resultados concretos. Eso es lo que pongo hoy al servicio de este proyecto. 

¿De qué manera su origen regional y su historia de ascenso desde la clase media definen la narrativa y la consolidación de su fórmula vicepresidencial? 

Yo vengo de una clase media que muchas veces ni siquiera se reconoce como tal. Crecí en un entorno donde la gente vive del trabajo, donde hay que esforzarse todos los días para pagar el apartamento, el colegio, la vida. Esa experiencia es la que marca mi forma de ver el país: entender que la clase media no es una élite, sino la gente que se levanta a trabajar, que quiere salir adelante y que, si se queda sin ingresos, se cae muy rápido. 

Por eso nuestra narrativa busca quitar ese odio de clases que se ha instalado en el país. Aquí no se trata de enfrentar al empresario con el trabajador, ni de dividir entre ricos y pobres, sino de reconocer que la mayoría de Colombia es clase media, desde el vigilante que estudia de noche hasta el pequeño empresario que lucha por pagar salarios. Esa es la gente que queremos representar. 

Nuestra fórmula se consolida justamente ahí, en una propuesta de centro, de socialdemocracia, que busca equilibrar. Creemos en fortalecer la empresa para que genere empleo, pero también en garantizar derechos y condiciones dignas para los trabajadores. No estamos ni en los extremos que promueven el enfrentamiento, ni en las élites desconectadas, sino en ese punto donde está la mayoría del país y que hoy no se siente representada. 

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¿Cuáles son sus tres propuestas banderas del plan de gobierno y qué funciones específicas desempeñaría como vicepresidente de la República? 

Pues lo primero es que a mí Claudia López me ha planteado un rol muy claro, el 7 de agosto encargarme de que la salud vuelva a ser un derecho humano. Ese es el frente urgente. Yo digo que el 8 de agosto tenemos que lograr algo concreto: que a la gente le entreguen los medicamentos.  

Para eso vamos a trabajar con los personeros municipales, con el Ministerio Público y las veedurías, verificando en territorio que las farmacias entreguen, y generando un flujo de recursos que permita que el sistema funcione. Aquí hay plata , lo que falta es gestión y control, y eso es lo primero que hay que destrabar. 

Lo segundo, que para mí es incluso más importante en el largo plazo, es la educación. Yo quiero garantizar una educación pública de calidad desde el preescolar, con cuatro componentes: bilingüismo, jornada completa, alimentación escolar digna preparada en sitio e inclusión real. Y que eso se conecte con una educación postmedia pertinente, que lleve a empleo, con un sistema de becas, que permita que la gente, especialmente la clase media, pueda salir adelante con apoyo del Estado. 

Y el tercer eje es la descentralización. Yo he defendido un modelo más profundo, incluso cercano al federalismo, pero entendiendo que el proceso debe ser gradual. La idea es fortalecer las capacidades regionales, no solo con recursos sino con poder de decisión, para que los territorios puedan realmente garantizar derechos y ejecutar políticas públicas. 

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¿Cómo funcionaría la propuesta de una Fiscalía Antimafia y de qué forma asegurarían que el dinero recuperado de la corrupción se destine a la inversión pública en las regiones? 

Hoy en Colombia la impunidad supera el 90%, entonces no basta con capturar, hay que garantizar que haya justicia efectiva. En ese contexto surge la propuesta de una Fiscalía Antimafia y Anticorrupción, que lo que busca es cambiar la forma en que hoy se toman decisiones, especialmente eliminando la discrecionalidad política. 

Hoy el Gobierno puede, por ejemplo, decidir quién es gestor de paz bajo criterios políticos. Lo que nosotros proponemos es que eso deje de depender del presidente y pase a ser una decisión judicial, basada en una ley estatutaria con criterios claros: entrega de armas, de recursos, colaboración con la justicia, reparación. Es decir, un checklist verificable. 

Además, planteamos reformas para que haya realmente responsabilidad en los altos niveles del poder. Hoy el juzgamiento de altos funcionarios por parte del Congreso ha fracasado. Por eso proponemos avanzar hacia un tribunal de aforados que permita juzgar de manera efectiva a quienes están en la cima del Estado, incluso al presidente, para que respondan disciplinaria, fiscal y penalmente. 

En ese marco, la lucha contra la corrupción no se queda solo en castigar, sino en recuperar la capacidad del Estado de actuar con reglas claras, sin discrecionalidad y con instituciones judiciales fuertes que garanticen que los recursos públicos no se pierdan y puedan cumplir su función social. 

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