Entre 2021 y el primer semestre del 2022 la Defensoría del Pueblo estima un total de 16 mujeres trans asesinada en Bogotá. Es alarmante la cifra de violencia tanto en el país como en la capital contra la comunidad, según la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT). El 57 % de las mujeres trans se ubica en los niveles económicos más bajos y por las denuncias presentadas se conoce que son las mayores víctimas de la violencia contra la población LGBTIQ+ y en el 2022 han muerto 46 personas trans, donde al menos 40 personas han sido víctimas de transfeminicidios y asesinatos. También la tasa de suicidios de estas personas se debe a la falta de apoyo del sistema.
Valeria Bonilla, activista trans y defensora de los derechos humanos afirma que, “se supone que en la política pública LGBTIQ+ y en la política pública de mujer y género estamos incluidas las personas trans, pero esto muchas veces el hacer parte de algo general, como que no genera unas acciones más específicas y más prioritarias hacia las comunidad trans y es lo que debería hacer, pues al final las personas trans somos las más vulneradas de todas las siglas, de igual manera las más discriminadas, tenemos barreras de acceso a absolutamente todos nuestros derechos, entonces por eso mismo deberían estas políticas públicas tenernos como una prioridad y un énfasis en el tema trans y en acciones que cambien y mejoren la calidad de vida de las personas”
Las acciones de seguridad son y siguen siendo precarias, debe haber una reforma a algunas instituciones como lo es la policía, buscando que se respete la vida y los derechos humanos, haciendo una transformación en el modelo de vigilancia y sanción hacia la fuerza pública.
Más allá de reestructurarse, personas y entidades defensoras de derechos humanos piden generar acciones directas entendiendo que las personas y mujeres trans necesitan con urgencia decisiones y acciones para mejorar la expectativa de vida y su seguridad. El coordinador de la bancada de diversidad sexual del Concejo de Bogotá, Luis Carlos Leal, indica que hay una meta a tratar en el plan de desarrollo distrital por la bancada de la diversidad sexual y de género de la ciudad. Esto incluye en el debate varias metas para la población trans frente al acceso a vivienda, educación, ocupación laboral que se deben cumplir dentro estos 4 años. Leal asegura que no debe ser una política de 4 años, sino que debe tener continuidad sin importar quien sea de alcalde y que se convierta en una norma de ciudad.
El concejal Leal junto a varias organizaciones y entidades de la comunidad trans realizan un proyecto de acción social desde hace 1 año, sobre 5 carteras diferentes que plantean acciones afirmativas para garantizar el respeto hacia las personas de la comunidad trans. Ayudando a cerrar las brechas de desigualdad que existen mientras trabajan en sectores como: salud, laboral, integración social, participación social y de cultura, constatando y proponiendo que son factores importantes a la hora de poder generar las transformaciones sociales que necesitan, permitiendo oportunidades para el desarrollo libre y sano de la identidad y sexualidad de la población trans, sin embargo, siguen como propuestas que no se han ejecutado en su totalidad.
Las mujeres transexuales están bajo la exclusión, la impunidad y el descuido estatal. "Estamos siendo poco visibles frente a las políticas públicas de género y de seguridad en la ciudad. La respuesta del Estado para garantizar nuestros derechos no es suficiente porque siguen estando las mismas cifras desalentador, por eso mismo deberían estas políticas públicas tener como una prioridad y un énfasis en el tema trans, brindando acciones que cambien y que mejoren la calidad de vida de las personas” afirma Bonilla, evidenciando las cifras mencionadas al inicio de esta noticia.
Las violencias basadas en género y especialmente violencias hacia la comunidad trans son datos que históricamente se repiten si se ven en los archivos y como nos cuentan estas personas se sigue sin hacer nada, archivando procesos y ataques sistemáticos en la ciudad de Bogotá. No hay voluntad de las entidades encargadas para realizar un plan de acción para la protección de las mujeres y la comunidad trans. La política pública no está en marcha, comentan, y se espera que con el anuncio del ministerio de la igualdad se empiece a desarrollar de una manera más contundente y con efectividad.
