En la calle 104, del barrio Puente Largo en la localidad de Suba, la altura del edificio El Marqués Club House no pasa desapercibida. El gigante de ladrillo se puede identificar desde varias calles de distancia y contrasta con la estética del barrio de edificios bajos y casas antiguas.

El Marqués se comenzó a construir en febrero de 2016. Sin embargo, antes de que se comenzara la obra, los habitantes de Puente Largo manifestaron su rechazo. Los anuncios en las ventanas, expresando inconformismo por la obra, no cesaron.

No obstante, la construcción continúo su curso sin atender las protestas. Dos años después, la edificación yergue sobre la calle y los residentes del barrio se deben limitar al conformismo y a mirarlo con una peculiar protesta interna cuando pasan al frente de él. 

Myriam Herazo, una de las afectadas por la construcción, asegura que el barrio comenzó a alertar indicios de una nueva obra luego de la venta de dos casas y la instalación de banderas de construcción en la zona. Este fenómeno es común en Puente Largo por el alto índice de venta de casas para la construcción de edificios.

Al principio se hablaba de la construcción de una edificación de cinco pisos, adecuada para el barrio, pero luego se presentó la propuesta y la consecuente aprobación de un edificio de 15 pisos. Esta decisión fue tomada por la Curaduría No. 2, que radicó la petición de la constructora Gea Constructores conforme el decreto 562, expedido por el entonces alcalde Gustavo Petro. Dicha normatividad permitía la construcción de edificios altos en la ciudad.

Como resultado de la construcción del edificio El Marqués, Myriam Herazo comenta que tuvo que dejar, voluntariamente, su casa, la cual se encontraba al lado de la edificación. El despliegue de ruido y maquinaria, que conllevaban erigir El Marqués, fueron los principales causantes de esto. Además, su casa se vio afectada en su arquitectura por la aparición de grietas y a nivel local se experimentó una elevación en el impuesto predial.

La ciudadana, indignada, manifiesta que “la comunidad se unió en contra del proyecto, en contra del visto bueno de la Curaduría, pero, lamentablemente, el constituyente menor, en este caso el ciudadano común y corriente, no tiene voz ni voto en estas entes distritales”. También, declaró su temor por las consecuencias que conllevaría la construcción, a pesar del Acta de Vecindad que se firmó entre la afectada y los constructores para evitar contratiempos: “Estamos a la expectativa de qué tanto movimiento tendrá una calle tranquila de Bogotá, en un barrio residencial”.

Dicho pronunciamiento se origina tras entender que la calle 104 es una vía angosta y que ha presentado graves afectaciones en su estructura tras la construcción. Con el incremento en la población residencial, por la existencia de 32 nuevos apartamentos, es lógico creer que la calle se seguirá deteriorando y que la movilidad se dificultará cada día más.

La modificación del POT

Por medio del decreto 562 se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el año 2013. A través de este, el alcalde Gustavo Petro, planteaba una redensificación urbanística, haciendo que las poblaciones se concentraran hacia lo alto y no hacia lo ancho. De esta manera, se lograría disminuir la problemática del crecimiento desmedido de la ciudad hacia zonas aledañas y se podrían reducir las distancias de los bogotanos respecto a centros de salud, educación y demás instituciones.

Luego, con la llegada del alcalde, Enrique Peñalosa, se derogó el decreto y se prohibió así la construcción de edificios altos de forma desorganizada. No obstante, para el momento de la derogación del decreto, ya se habían aprobado 901 licencias de construcción bajo la modificación del POT y, además, se aprobaron 2.362 licencias de construcción en las diferentes curadurías que existen en Bogotá.

Esto explica que la construcción del edificio El Marqués, a pesar de las quejas constantes de sus vecinos, está aprobada bajo el decreto 562, que aunque derogado bajo el decreto 079 del 2016, sigue presente bajo las sucesivas aprobaciones que se dieron durante el transcurso del primero.

Dicho caos judicial terminó afectando al barrio Puente Largo y seguirá dañando las zonas residenciales en las que se aprobó la construcción de edificaciones altas, sobre todo en el norte de la ciudad.  La ciudadana afectada concretó diciendo: “Entendemos que la ciudad tiene que extenderse y ha crecido (…), pero también las alcaldías tienen que entender que con estos proyectos de cambios del Plan de Ordenamiento Territorial, las personas que tienen su casa deberían poder mantenerla libre de construcciones”.