Para llegar al resguardo de Calle Santa Rosa, Carlos Quiró navega por los múltiples ríos que conectan a la tierra con el mar. Ahí, sin señales o semáforos, es un mapa escrito sobre agua el encargado de guiar a quienes saben cómo leerlo. Él, al igual que muchos en la zona, conoce bien el camino de los ríos, uno de los tantos saberes que guarda la memoria de su comunidad.

“Muchas cosas han desaparecido por la minería, ya no se encuentran varios de los peces y camarones que pescábamos por causa de la contaminación, y también el agua que tomábamos, esa se dañó por mucho tiempo”, comenta Quiró, líder indígena del pueblo Sia.

Esa misma ruta del agua es conocida por Miguel Pérez, quien dejó su comunidad indígena de eperaras-siapidaras por primera vez hace ya varias décadas, justo cuando la fiebre del oro en Colombia apenas acechaba las costas del pacífico caucano.

“Yo me fui por muchos años a estudiar afuera, a conocer más allá de mi comunidad y poderle transmitir ese conocimiento a mi gente; eso porque amo la educación. Antes, las personas se enfermaban y morían mucho, pero a partir de esa organización y ese conocimiento nos hemos fortalecido y pocos han muerto”, afirma Pérez, quien además es rector del colegio del resguardo Calle Santa Rosa, ubicado en el departamento del Cauca.

“Ahora tenemos un poco más de paz. Pero hasta hace algunos años, los daños de la minería de oro nos estaban atropellando con fuerza; teníamos demasiados problemas de salud debido al agua contaminada. Los niños que se bañaban en el río cogían muchos problemas en la piel, también las mujeres por lavar ahí”, añade.

En Colombia, aproximadamente la mitad de la explotación de oro en la tierra se encuentra en zonas que prohíben la explotación minera, según lo determinó un informe presentado por el Ministerio de Minas en 2022. Además, el 35% de esa área se encuentra en la Reserva Forestal del Pacífico, un territorio crucial para el contrabando ilegal de oro.

El informe del Ministerio encontró que grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son los principales responsables de la minería ilícita. Quienes, además, se disputan constantemente los territorios de la región para hacerse con las zonas en las que es posible extraer oro.

“Los dueños del negocio ilícito siempre pasan por los ríos, sobre todo más al fondo de la selva; por ahí transportan las máquinas para la minería. Antes, ellos querían establecerse en nuestras comunidades, pero la gente se organizó y los sacó. Por eso dicen que somos de otros grupos ilegales, solo porque no los dejamos quedarse acá”, explica Miguel Pérez.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Minas (ANM), Colombia cuenta con dos tipos de yacimientos de oro dependiendo de las condiciones geológicas de formación: los primarios, conocidos como de filón, donde predomina la explotación subterránea, y los secundarios o de aluvión, con explotación a cielo abierto. A su vez, estos yacimientos presentan dos modalidades de extracción: los que no usan maquinaria y los que sí usan maquinaria.

¿Cómo permanece oculto un negocio tan visible?

“Resulta difícil creer que las máquinas utilizadas para la minería aparecen y desaparecen  sin que nadie las vea. Estamos hablando de maquinaria pesada como retroexcavadoras que, difícilmente, pueden ser ignoradas cuando se transportan por los ríos”, declaró Jesús Mosquera, exminero del departamento del Chocó. 

De acuerdo con un informe presentado en 2022 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), los mineros pueden obtener la maquinaria en unas pocas horas sin la necesidad de un aval o permiso. Esto con la consecuencia de aceptar a cambio tasas de interés extremadamente altas o, en el caso de los grupos armados, a base de amenazas.

Una vez extraído, los contrabandistas que compran y venden oro ilícito fabrican transacciones legales del metal mediante el uso de registros fraudulentos. Así, inscriben el oro a nombre de mineros artesanales fallecidos o empresas ficticias.

Por ejemplo, en 2020, la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional), capturó a una banda pequeña denominada “los Bulldozer” que extraía y comercializaba el metal ilegalmente en departamentos como Antioquía y Chocó.

Para contrabandear el oro, sus miembros le pagaban a empresas de buses y taxis para que transportaran los metales ilícitos en compartimentos ocultos y vehículos de lujo. Una vez en las ciudades, el oro se vendía a compradores no avalados por la Agencia Nacional de Minería.

Además, según el reporte de la Fiscalía acerca del caso, la banda logró esconder el negocio utilizando establecimientos de comercio como casas de cambio, empresas de alquiler de maquinaria pesada y tiendas de joyas. De esa forma, lograron obtener ganancias que superan los 120 mil millones de pesos.

Otra esfera del país que también presenta irregularidades en cuanto a la comercialización de este metal, es el comercio exterior colombiano. Es decir; las exportaciones de oro realizadas, en este caso, a Europa y Asia.

En el informe de la OEA se evidencia que países como Suiza e India afirman que las importaciones de oro colombiano recibidas por ellos equivalen a más del doble del valor de las exportaciones declaradas por Colombia. Es decir, mientras los países que reciben el oro colombiano afirman haber obtenido, por ejemplo, dos toneladas, Colombia solo registra haber enviado una o menos.

“Digamos que existe un desentendimiento del Estado cuando se habla de minería. Y no ocurre solamente con la explotación ilícita, ese problema de omisión intencional viene desde la otorgación de títulos mineros en el pacífico. En el 2009, el gobierno eliminó resguardos indígenas del mapa para otorgar títulos mineros a multinacionales, y los tuvieron en cuenta solo cuando el trato ya estaba hecho. Cosa que, legalmente, no debería suceder”, declaró Martín Vidal, antropólogo especializado en interculturalidad.

El dilema de las comunidades étnicas

En Colombia, el 46 % de la explotación ilícita de oro de aluvión se localiza en territorios que pertenecen a comunidades étnicas tales como afrodescendientes e indígenas. Así lo declaró un informe presentado en 2022 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía.

Los territorios que pertenecen a comunidades étnicas hacen parte de las zonas restringidas de minería, las cuales requieren ciertas condiciones para poder explorar y explotar oro. Entre estas se encuentra la obligación de realizar una consulta previa a las comunidades con el fin de solicitar, informar y acordar los parámetros a seguir al momento extraer metales.

Sin embargo, al tratarse de minería ilícita, el derecho a la consulta previa no es tomado en cuenta por parte de los grupos al margen de la ley que comercializan el oro. “Actualmente, la gente se ha organizado para evitar que eso suceda y eso ha mejorado mucho la situación, pero hace unos años, varias comunidades llegaron a ser víctimas de esa omisión a consultarlos”, declaró Vidal.

El informe de la UNODC reporta que, para el 2021, el 41 % de la explotación de oro en el país se localizó en tierras de las comunidades negras. Y, de esta cifra, tan solo el 2% era legal. Tal situación, evidentemente, ha tenido fuertes consecuencias sociales para los grupos afrodescendientes del país.

“El tema de la minería ilegal de oro aquí no es nada nuevo. Acá estuvo, hace unos 200 años, la primera compañía que esclavizó a los afrodescendientes y trabajó las minas con permiso de los españoles. Luego, a principios del siglo pasado, llegaron los franceses e hicieron lo mismo. Y ahora llegan grupos armados o multinacionales que continúan… Repiten lo de siempre”, comenta un líder afrodescendiente de Timbiquí, Cauca, que pide no ser citado.

Si se quiere ir a Timbiquí u otros municipios del pacífico colombiano, solo suelen existir dos opciones: la lancha por el mar o un avión desde Cali. Esa desconexión terrestre ha contribuido, en gran parte, al abandono estatal de la región.

“Popayán, nuestra capital, ha sido la parte más racista de todas, a ellos nunca les interesó las tierras de los afrodescendientes. Eso mismo pasa con el resto del país, a nosotros no nos voltean a mirar y cuando lo hacen, es solo para sacar oro o coca”, afirma el líder.

Un negocio dentro de otro negocio

De acuerdo con dos investigaciones realizadas en 2021, tanto por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como por InSight Crime, existe una red ilegal de comercialización de mercurio que opera en Sudamérica y se lucra de la importancia que tiene este mineral para la explotación ilícita de oro.

El mercurio llega a los puertos de Chile desde México, de ahí, es transportado por tierra hasta Bolivia, otro importante productor del mineral que, además, concentra muchos de los contrabandistas encargados de distribuir el mercurio a otros países sudamericanos.

Una vez en la frontera entre Colombia y Perú, el mercurio ingresa al país por el Putumayo y Nariño escondido en bolsas de comida o botellas de gaseosa. Desde ahí es distribuido a los demás departamentos del pacífico colombiano y posteriormente vendido en tiendas o, incluso, por canales digitales como Facebook.

Otra investigación realizada en 2020 por la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), encontró que México es el principal proveedor de mercurio en Latinoamérica desde que, en 2015, la Unión Europea prohibiera que sus miembros exportaran el mineral. Tal decisión fue tomada tras la publicación de un informe realizado por la ONU ese mismo año, el cual demostraba que países como España y Alemania eran los dos grandes proveedores del mercurio utilizado para la minería en Sudamérica.

Una de las razones por las cuales la explotación ilícita de metales es un negocio tan nocivo para el medio ambiente radica, precisamente, en el uso excesivo de mercurio y, en algunos casos, cianuro. Herramientas importantes para remover tierra y otros minerales que estén unidos al oro. En este caso, los ríos del Pacífico, al igual que el Amazonas y el Magdalena, presentan altos niveles tanto de mercurio como de cianuro. 

Además, el mercurio es indestructible. Por ello, después de usarlo, este persiste en el ambiente tras ser liberado y se acumula en los seres vivos, causando enfermedades crónicas y problemas de salud en la piel, el cerebro, los riñones y, en caso de las mujeres embarazadas, malformaciones en el feto.

Droga y oro: hermanos de sangre

Según la Fiscalía General de la Nación, las organizaciones criminales pueden ganar alrededor de 10 billones de pesos anuales gracias a la minería ilegal de oro, lo que equivaldría a casi 3 mil millones de dólares. Además, el incremento en la demanda mundial por el metal, impulsada por las grandes compras de los bancos en el último año, hacen de la minería una zona de refugio ante la inestabilidad económica.

En departamentos como Chocó y Valle del Cauca, el clan del golfo, el ELN y las disidencias de las FARC, prefieren enfocarse más en el negocio de la minería ilegal que en el narcotráfico, precisamente debido a los altos precios del oro en el mercado internacional.

“Aquí los grupos que manejan la coca son los mismos que manejan la minería”, explica el exminero Jesús Mosquera. “Hasta acá han llegado tanto guerrillas como paramilitares, y ambos vienen a estas zonas porque aquí nadie los ve; es muy difícil que los lleguen a atrapar. Por eso mismo, nuestra gente sufre tanto las consecuencias de las cosas que ellos hacen.”

Tanto el negocio de la droga como el del oro se encuentran íntimamente relacionados en la región pacífica. De acuerdo con la UNODC, de los 101 municipios con presencia de oro en 2021, 70 presentaron siembra de cultivos de coca.

A su vez, de los diez municipios con más explotación de oro, seis reportaron cultivos de coca: cuatro de ellos se localizan en Antioquia y muestran una tendencia al incremento de cultivos ilícitos, mientras que los dos restantes se encuentran en Chocó, los cuales muestran, también, la misma tendencia al aumento.

Algunas alternativas

Para el 2022, Colombia se convirtió en el tercer país más contaminado con mercurio en el mundo. De acuerdo con la contraloría General de la Nación, se estima que al año se liberan al ambiente más de 100 toneladas del mineral.

Ahora bien, según un informe realizado por la WWF en 2021, dentro de la región, son necesarias políticas transfronterizas que ayuden a reducir progresivamente el comercio del mercurio y su uso en la minería de oro. Así mismo, la organización afirma que se debe vigilar mejor la implementación del Convenio de Minamata; acuerdo que regula el empleo de este mineral y al cual Colombia, junto con 91 países más, se suscribió en 2013.

No obstante, existe una solución a esa problemática que ya ha sido probada por otros países mineros como India. Una investigación realizada por la Universidad del Externado en 2022, estudió el caso del país asiático y determinó que, al igual que ellos, Colombia podría utilizar bórax o borato de sodio para separar el oro de la tierra.

El bórax cuenta con ciertas ventajas sobre el mercurio que podrían contribuir a mejorar la situación de la contaminación en la Costa Pacífica. Tal como lo demostró la investigación, el borato de sodio es mucho más económico, desprende con facilidad el oro de la tierra, no contamina y no produce problemas de salud si se manipula adecuadamente.

Si bien las alternativas existentes hoy día son pocas, existen un par de cosas que, fortalecidas, pueden ayudar a la región. “Es necesario que existan más oportunidades de estudio y trabajo para esa zona del país, sin eso, es probable que muchos de sus habitantes sigan recurriendo a la minería como una forma de subsistir económicamente”, comenta el antropólogo Vidal.

Pero hay más elementos. Pérez afirma que es necesario, antes que nada, fortalecer la comunicación con la zona :“Es muy probable que necesitemos más de una solución para todos los problemas de la región pacífica, pero primero debemos resolver los temas relacionados con la incomunicación que tenemos con el resto del país, ese sería un buen paso”.

Por los ríos que cubren la memoria de Carlos Quiró también navegan las lanchas que transportan el oro. Maquinas más rápidas y de motores resonantes pasan a toda velocidad por Calle Santa Rosa, generalmente cuando el sol está a punto de dormirse y los ojos intrusos se han alejado de las orillas. El oro sale de las desembocaduras hasta el Pacífico, donde las olas y el viento del oeste sepultan cualquier recuerdo que muestre el camino que el oro recorre. “Por aquí pasaban mucho”, dice Miguel Pérez, y sentencia una realidad que no parece tener final pronto: “Ahora también lo hacen, pero es más difícil encontrarlos.”