El difícil reto de mantener los puestos de trabajo en época del coronavirus

Lunes, 06 Abril 2020 15:26
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Muchas empresas y establecimientos en todo el país han tenido que cerrar y tomar medidas respecto a los contratos de sus empleados para afrontar la crisis económica causada por la pandemia. La crisis humanitaria y económica causada por el coronavirus tiene en vilo a miles de trabajadores colombianos que no saben qué sucederá con las condiciones de sus contratos laborales. 

Negocios que se ponen a la venta||| Negocios que se ponen a la venta||| Fátima Martínez|||
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Esto ha sucedido a raíz de la medida del Gobierno de decretar un aislamiento preventivo obligatorio. Esto obligó a cerrar temporalmente una gran cantidad de establecimientos de todo tipo, provocando grandes pérdidas económicas para estas empresas que llevó a que se busquen medidas extraordinarias para evitar la propagación del virus y la bancarrota de distintos proyectos representativos para el sector económico del país.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio, ha dicho en reiteradas ocasiones que “la prioridad es proteger el empleo”, por ello el Gobierno emitió una serie de normas administrativas para mitigar la crisis económica generada por esta pandemia. Una de ellas es el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 que impide que los empleadores puedan anular o dar por terminado el contrato laboral de sus empleados teniendo en cuenta la situación actual que está sufriendo el país.

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Si bien, en el papel la imposición es clara, en la práctica es otra cosa. Natalia Guerra y Juan Pablo López, trabajadores de la empresa Alcansa S.A, compañía dedicada al intercambio de divisas a extranjeros y nacionales en el Aeropuerto Internacional El Dorado, señalaron que, en su caso, la primera medida de contención fue acatar los protocolos de salubridad para atender al público. “La empresa nos dio tapabocas y gel antibacterial a cada uno de los empleados, para que siguiéramos realizando nuestro trabajo de forma normal”, explica Guerra. 

Sin embargo, con el aumento del número de casos por coronavirus y el aislamiento decretado, primero por la alcaldía de Bogotá y posteriormente por el gobierno nacional, el panorama cambió. Según el decreto emitido por el gobierno nacional solo podrán estar abiertos al público tiendas de barrio, minimercados, supermercados y droguerías que ofrezcan alimentos de primera necesidad, medicinas y productos relacionados al aseo. 

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El resto de establecimientos se han visto obligados a cerrar para evitar empeorar el problema de salud público que afronta el país. Por ello la preocupación de muchos empresarios y empleadores al no saber qué hacer para subsanar los gastos de sus empresas. “La empresa nos ofreció dos opciones: liquidar y pagar las vacaciones de las personas que tienen periodos pendientes hasta abril de 2020 o que solicitáramos una licencia no remunerada mientras todo este problema se soluciona”, reseña López.

Evitar irregularidades

Para evitar irregularidades el Ministerio de Trabajo emitió la circular número 27 en la que se estable el procedimiento que tienen que seguir los empleados para solicitar una licencia no remunerada. El ministro Ángel Custodio Cabera indicó que "los empleadores no pueden obligar a sus empleados a acogerse a esta medida si no están de acuerdo, pues la normativa establece que solamente el trabajador puede solicitar una licencia no remunerada”. 

No obstante, la realidad es bien distinta a lo que estipula el Gobierno Nacional, ya que, por ejemplo, la empresa de intercambio de divisas, Globo Exchange les informó a todos sus empleados que tenían que tomar una licencia no remunerada obligatoria de tres meses hasta que se normalizara la situación.

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Así mismo, hay empresas que han encontrado vacíos legales en las últimos decretos emitidos por el presidente de la república y que con una justificación amparada por la ley han dado por terminado el contrato laboral a sus trabajadores. Este es el caso de Oma Café que el pasado 19 de marzo decidió suspender el contrato a varios de sus empleados. 

La carta que fue entregada a los trabajadores de Oma, y que fue filtrada en las de redes sociales, argumentaba que la empresa suspendía el contrato laboral por razones de “fuerza mayor” y  citaba al artículo 51 del código sustantivo del trabajo argumentando que esta decisión es completamente legal y está amparada por la legislación colombiana.

Los anteriores casos son algunos ejemplos de lo que están viviendo una gran cantidad de colombianos debido a la pandemia del Covid-19. “Las medidas que tomó la empresa no me gustan, pero por lo menos tengo mi puesto de trabajo asegurado”, puntualizó López. Sin embargo, el drama y la preocupación económica es constante no solo para los trabajadores informales que viven del día a día, sino para estos empleados que dependen de la rentabilidad de sus empleadores, empresas que poco a poco demuestran que sostener todos los empleos es una tarea imposible.