El decreto 0276 obliga a pequeños y medianos comercializadores y explotadores a que realicen un registro de origen de las piedras con las que trabajan. Esto limitaría el trabajo informal de los esmeralderos que encuentran su sustento en la comercialización de las piedras, pues la venta de los metales preciosos ya no puede ser realizada de forma independiente.

El Registro Único de Comercializadores (RUCOM)  tiene como objetivo controlar la explotación y comercialización de oro, plata, platino y esmeraldas en el país, mediante el registro de procedencia de estos metales, para frenar la ilegalidad e informalidad de la actividad minera. Este se encuentra consignado en el Decreto 0276 expedido el 17 de febrero de 2015 por el Ministerio de Minas y Energías.

Con esta medida, la Asociación Nacional de Mineros fijó el día 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para que los titulares de minas, vendan los metales que se encuentren declarados en la contabilidad hasta el año 2014. Los comercializadores que no se encuentren registrados, tienen licencia de vender y/o comprar sus productos antes de 6 meses, contados a partir de la fecha de expedición del decreto.

Posterior a la creación de este registro, no hay claridad de quién se beneficia o perjudica con la media. Los joyeros, quienes según el decreto se encuentran exentos de realizar el registro, podrían beneficiarse. En cambio, los comercializadores informales se ven afectados porque la medida no les ofrece alternativas para trabajar si no es con el RUCOM.

En primer lugar están los parcialmente beneficiados, como la Fundación Museo Internacional de la Esmeralda que funciona como una entidad privada que basa su actividad en la exhibición del mineral y el proceso de explotación. Esta fundación tiene una posición dividida entre el beneficio que les genera el RUCOM y lo perjudicial de sus planteamientos. En segundo lugar, se encuentran los trabajadores informales de este mercado, quienes, al parecer, son los más afectados.

No hay beneficio para nadie

La Fundación Museo Internacional de la Esmeralda, que funciona como una entidad privada que expone, a forma de museo, y vende las piedras preciosas, es uno de los actores que se ve beneficiado parcialmente con el decreto, en la medida que adquiriendo este registro, pueden garantizar y valorizar mucho más sus esmeraldas.

Sin embargo, Julián Sepúlveda, encargado de Mercadeo y Relaciones de la fundación, asegura que así como les puede traer beneficios, también puede ser un arma de doble filo: “La fundación se ve afectada porque nosotros contamos con piezas que están en exhibición que tienen aproximadamente 40 años. De eso no se tiene registro y si el registro no está, el Gobierno va a empezar a quitarlas” afirma Sepúlveda.

David, comerciante informal de esmeraldas, ante esta situación expresó su inconformidad: “Este decreto nos va quitar la posibilidad de trabajar, de llevar un sustento y progresar”. David también comentó que desde la aprobación de la ley se han sentido maltratados.

La Policía Nacional se encuentra autorizada para incautar los minerales que no posean la certificación de procedencia. Los metales decomisados se dejarán a disposición del alcalde del lugar para verificar la existencia del certificado de procedencia de los minerales o en llegado caso, proceder a un proceso penal.

Senadores como Jorge Enrique Robledo, se han manifestado frente a esta situación, pidiéndole al presidente Juan Manuel Santos respeto por los mineros, que están siendo tratados como criminales.