El 12 de febrero el país se sorprendió con la evacuación del complejo de oficinas de Publicaciones Semana en Bogotá. La revista recibió una llamada que advertía sobre la presencia de una bomba en sus instalaciones. Luego de que la Policía fue informada del hecho, varios agentes acudieron al lugar y descartaron la existencia de los explosivos. Este no es un suceso aislado, hace parte de la última oleada de obstrucciones que atraviesa la libertad de prensa en Colombia.

Hollman Morris, gerente de Canal Capital, denunció cinco días antes amenazas, ataques informáticos y mensajes intimidatorios en redes sociales contra el medio. Durante la misma semana salió a la luz pública la situación de tres periodistas de Caracol Radio Guaviare en San José del Guaviare, amenazados por informar sobre la citación del 2 de febrero a la jornada de revocatoria del gobernador José Octavio Rivera, en la que salió victorioso. Esto por solo mencionar los casos que se han conocido en los últimos días.

En el año 2013, en Colombia 72 periodistas recibieron amenazas por hechos relacionados con su oficio, comunicó en su más reciente informe la Flip. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la cifra de reporteros intimidados es mayor: 130 amenazas de muerte, 67 consideradas de peligro inminente. Una estadística alarmante.

A través de un comunicado de prensa, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora informó que la mayoría de estas advertencias se hacen por medio de llamadas telefónicas, seguimientos y textos escritos, “teniendo como agentes intimidatorios a miembros de grupos armados ilegales como las Farc, el Eln y las denominadas bandas criminales”. Dichas bandas, conformadas sobre todo por exparamilitares y narcotraficantes, surgieron después de la desmovilización paramilitar (2006) y se enfrentaron entre sí por los cultivos de coca y los territorios que ocupaban los ‘paras’.

Según un informe de la Flip publicado en 2008 titulado La amenaza y la estigmatización: intimidaciones invisibles contra la prensa, la amenaza es una forma práctica y efectiva de callar a la prensa por “la facilidad para realizarla, la posibilidad de llevarla a cabo manteniendo el anonimato y la manera como las autoridades públicas subestiman el impacto que tiene. Las amenazas tienen un efecto directo en la información”. Se cometen con el objetivo de ocultar denuncias o suprimir temas de la agenda mediática, como el narcotráfico y sus tentáculos en la época de la persecución a Pablo Escobar; las masacres y el desplazamiento forzado de comunidades enteras en la guerra contrainsurgente; la restitución de tierras hoy en día o los vínculos de sectores corruptos de la política, miembros de la fuerza pública y el crimen organizado, cuyas alianzas han sido transversales en toda esta historia.

“A mediados de los años ochenta y principios de los noventa el narcotráfico afectó duramente a la prensa, e incluso se dirigió con acciones criminales a varios medios de comunicación”, afirmó el vocero de la Flip, Pedro Baca, el 9 de febrero durante la celebración del Día del Periodista.

En la actualidad, el hecho de informar sobre las víctimas del conflicto armado que reclaman sus tierras es uno de los agravantes más importantes de amenazas contra la prensa. La Flip también documentó que en el Cauca los periodistas más vulnerados son aquellos que informan sobre las iniciativas indígenas Nasa por recuperar sus territorios. En mayo de 2013, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), conocida como Mapp-OEA, a través de un comunicado mostró su preocupación por la frecuencia con la que los periodistas que cubren el tema de restitución de tierras son amenazados y “por los escasos resultados en la judicialización de los perpetradores”.

Poco antes del comunicado de Mapp-OEA, Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, resultó ileso tras un atentado en el que sicarios le dispararon en varias oportunidades, y ocho periodistas de Valledupar, Cesar, fueron amenazados de muerte en un panfleto firmado por la banda criminal autodenominada ‘Ejército Anti-Restitución’. Como el portal VerdadAbierta.com logró documentar, los reporteros habían estado publicando noticias sobre la restitución de tierras y el grupo armado les ordenó abandonar la ciudad en un lapso de 24 horas.

En el mismo mes, el gobierno conoció un supuesto plan para asesinar al reportero Gonzalo Guillén y a los investigadores León Valencia y Ariel Ávila, dedicados al análisis del conflicto armado interno. Luego de hacerlo público, voceros de la Flip y la Federación Colombiana de Periodistas, y el mismo Valencia, destacaron que la nueva tanda de amenazas era “una reacción a las denuncias sobre mafias políticas regionales y a la negociación de paz que lleva el gobierno con las Farc”. Un mes después, Valencia decidió exiliarse en Europa.

A pesar de que la cantidad de periodistas asesinados se ha reducido en los últimos años, este no es un asunto del pasado. El 11 de septiembre del 2013, cuando llegaba a su vivienda, el comunicador Édison Alberto Molina fue asesinado a tiros por desconocidos en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Molina resolvía inquietudes legales de sus oyentes en el programa Consultorio Jurídico de la emisora comunitaria, y como la Flip comprobó, también hacía denuncias sobre corrupción administrativa en el pueblo. Dos semanas antes, el reportero había sido objeto de llamadas amenazantes.

Resulta laborioso reseñar todas las agresiones que ha sufrido la prensa en el país, los casos mencionados muestran tan solo un panorama de estas obstrucciones. Cuando la opinión pública hablaba sobre la mejoría de la situación de la libertad de informar, los eventos que han tenido lugar en el último año demuestran la reactivación de estas agresiones.