En el 2018, la persecución política en Colombia causó la muerte de al menos 648 personas. Otras 1.151 fueron amenazadas, 304 resultaron heridas tras ataques a su integridad personal y 66, torturadas. Al menos otras tres personas fueron víctimas de violencia sexual, 22 de desaparición forzada y 243 sufrieron detenciones arbitrarias.

Estas cifras fueron reveladas el pasado 9 de mayo de 2019 por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en la más reciente edición de la revista Noche y Niebla. Según la publicación, el Cinep accedió a información de 1.418 casos de violencia política ejercida contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, que dejó 2.252 víctimas individuales en 2018.

En Colombia, la violencia política obedece a un patrón de ataque en el que las víctimas son opositores ideológicos de los victimarios. En efecto, los militantes de partidos políticos alternativos son los más afectados por esta dinámica, que, a través del uso de la fuerza, es decir, atentados, asesinatos, secuestros, amenazas o cualquier acción violenta que atente contra la integridad de las personas, sus verdugos buscan silenciar, exterminar o imponer su abstención en la vida política. 

El fenómeno que caracterizó la violencia política en 2018 fue el ocultamiento de la verdad a través de la nula identificación de los victimarios, debido a que se ocultó bajo etiquetas de “desconocidos, hombres armados, encapuchados o sin información”.

De acuerdo con el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita que hace parte del equipo de derechos humanos del Cinep, “la mayoría de los casos registran que desconocidos encapuchados llegaron en una moto, dispararon y se fueron. El anonimato del victimario ha ganado terreno”.

El Banco de Datos del Cinep reveló que de los 1.418 casos registrados en 2018, 195 aparecen con la etiqueta de “desconocidos”, 139 se registran bajo la autoría de “hombres armados o encapuchados” y en 562 casos la identificación de los victimarios aparece “sin información”. Por lo tanto, son 896 casos en los que el desconocimiento de los autores conduce a la completa impunidad.

Los responsables de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales buscan de forma intencionada que no haya justicia, pues al desconocer una señal, insignia o apellido de los responsables, es imposible conocer la verdad. De hecho, de acuerdo con Guillermo Antonio Cardona, miembro y cofundador de la Confederación Comunal Nacional, “hay 34 sentencias emitidas por la Fiscalía en contra de autores materiales que agreden a los líderes, es decir, los gatilleros, pero ninguna sentencia o investigación en contra de autores intelectuales”.

En este sentido, agrega que al no tener información de los victimarios se está justificando el asesinato de los defensores de Derechos Humanos con delitos de delincuencia común como robos, atracos, cobros de los llamados préstamos 'gota a gota', líos pasionales o problemas de vecindario. De esta forma, logra camuflarse en los medios la verdad sobre las víctimas, que son asesinadas por ejercer liderazgo dentro de las comunidades.

En años anteriores, el asesinato de dirigentes políticos no estaba enmarcado por el anonimato de los perpetradores, de modo que al identificarse como miembros del Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), 'Los Rastrojos', 'Los Urabeños', 'Los Caparrapos', etc., se posibilitaba el acercamiento investigativo a un posible nombre o alias del responsable, y en efecto, a la apertura de procedimientos judiciales. Sin embargo, los casos en los que no hay señales de los presuntos responsables conducen a la impunidad, como los ataques que se atribuyen los perpetradores que firman como 'Águilas Negras', un nombre genérico que usarían para ocultar su identidad.

El ataque a miembros de organizaciones que defienden los derechos de las comunidades y se desempeñan como voceros de sus necesidades, es una estrategia en la que el uso del terror destruye los procesos sociales que líderes de Juntas Comunales y Veredales adelantan. La dinámica de asesinar, amenazar y desaparecer a los líderes pretende infundir el miedo dentro de la población civil, y a su vez, que las asociaciones más fuertes que requieren del trabajo social de las bases comunitarias reciban un mensaje de hostigamiento y obstrucción de sus labores; esta una de las principales conclusiones del informe. 

Responsabilidad estatal

Los departamentos más afectados por la violación de derechos humanos son: Valle del Cauca con 224 casos, seguido por Cauca con 182, Santander con 129, Antioquia con 128 y Chocó con 103. En estas regiones se destacan las amenazas de muerte, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las lesiones físicas.

Según Luis Guillermo Guerrero, director y representante legal del Cinep, “uno de los sectores más victimizados a nivel nacional es el movimiento comunal”, debido a que detrás de las acciones de los dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal hay labores sociales y denuncias que se oponen a los intereses de los agresores.

En efecto, las principales víctimas de violencia política son líderes comunales y cívicos que ejercen la exigibilidad de derechos frente a temas como la restitución de tierras, la defensa de veedurías ciudadanas, el agua y recursos ambientales, y se oponen a la minería y megaproyectos extractivistas. De hecho, excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-ep) y militantes de partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) también han sido asesinados, precisa el informe.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019, 462 líderes sociales fueron asesinados en Colombia, 25 de ellos victimizados durante el año en curso. La crisis que afronta la garantía de los derechos humanos golpea principalmente a miembros de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y mestizas de zonas rurales o periféricas, en las que es mínima la presencia del Estado.

De acuerdo con el Banco de Datos del Cinep, los presuntos responsables de la violación a los derechos humanos en Colombia en 2018 son paramilitares con 722 registros, seguidos de miembros de la Policía con 273 casos, el Estado colombiano con 92, el Ejército Nacional con 74 y la Fiscalía General de la Nación con 19. Por lo tanto, las instituciones del Estado también han actuado a favor de la represión del ejercicio de los derechos de la población.

En los ocho meses que lleva el gobierno de Iván Duque, 35 líderes comunales fueron asesinados en el país. Sin embargo, lo preocupante es que para esta administración las políticas públicas y programas para enfrentar el incremento de las afectaciones contra dirigentes, defensores y organizaciones sociales, se reduce, en algunos casos, a la implementación de medidas de protección individuales. En consecuencia, se ignoran las propuestas, como el fortalecimiento de medidas de protección colectiva, y demás reclamos efectuados por los líderes, quienes exigen una solución definitiva a los ataques.

“El pecado más grande del Estado colombiano y de sus instituciones es la omisión y la indiferencia ante las propuestas de los sectores sociales en términos de derechos”, señala Cardona, quien resalta que la ausencia del Estado en la periferia del país provoca el sometimiento de la población civil ante los grupos armados.

Además, la estigmatización emprendida por sectores políticos gubernamentales que se oponen al ejercicio de los derechos por parte de los líderes sociales no es solucionada en muchas ocasiones por el agente estatal. Cuando los dignatarios de organizaciones reclaman, hacen veeduría o no se someten a los intereses del poder local o nacional, se les segrega, sataniza e incluso pueden llegar a convertirse en el blanco principal de los mandatarios de turno.

Así le sucedió a Olga Patricia Correa, presidenta de Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) en Lejanías, Meta, quien luego de ejercer una labor de oposición en contra de la explotación y exploración de petróleo fue capturada y acusada de ser la Comandante del Frente 26 de las Farc. “Estuve 13 meses con detención domiciliaria, en los medios me señalaron de guerrillera y después de que me dieron la libertad por no tener pruebas, ni el Estado ni los medios rectificaron”.

En ese orden de ideas, el asesinato sistemático de líderes sociales y la represión del ejercicio de los derechos, es producto del conflicto de intereses entre grupos armados ilegales, instituciones estatales y los defensores de la comunidad. Por lo tanto, el apoyo interno a los organismos comunales para que ejerzan colectivamente sus derechos parece ser la única solución ante la segregación y persecución contra dirigentes, objeto que además está establecido en la Constitución Política de 1991.