La política es dinámica. Esa es una de las máximas que se repiten una y otra vez: antes, durante y después de toda contienda electoral.
En 2009, en la Revista Portafolio, Duque criticaba el enfoque represivo contra el consumo de drogas y defendía las políticas portuguesas al dejar de interpretarlo “como una actividad criminal y asumirlo desde una perspectiva de salud pública”. Once años después, y asumiendo las riendas de la Casa de Nariño, firmó un decreto por el cual busca facultar a la Policía para decomisar la dosis mínima, despenalizada por la Corte Constitucional desde 1994, y judicializar a todo aquel que posea una cantidad superior a ella, ignorando la dosis de aprovisionamiento defendida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema.
Duque y Gloria María Borrero, ministra de Justicia, han afirmado que “el decreto no busca penalizar al consumidor porque este no termina detenido”. Lo que ignoran ellos es que no toda penalización está dentro del marco legal, como lo señala la RAE, el acto de penalizar puede hacer referencia a cualquier tipo de sanción o castigo. ¿Acaso el estigma social, el ser tratado como marginal o el restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un tipo de castigo de carácter represivo?
A esto se le suma el imaginario que subyace detrás del consumo, aquel que lo asocia necesariamente como una enfermedad. Para que se le devuelva la sustancia, el portador “tiene que demostrar que es un adicto, lo pueden decir sus papás o una opinión médica”, agrega la ministra Borrero. ¿Acaso no es esto infantilizar al consumidor, tratarlo como un agente infectado y despojarlo de su capacidad de decisión? Ese es “el futuro es de todos” propuesto por Iván Duque, ejemplificado por un decreto discriminatorio y estigmatizante.
Ya lo han dicho algunos expertos, como la politóloga Sandra Borda y Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social: se está confundiendo el consumo problemático con el que no lo es, pues no todos los consumidores son adictos. No se está teniendo una mirada realista de la problemática y no se están proponiendo políticas nuevas para reducir los riesgos de consumo desde el enfoque de mitigación de daños, tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Aquel enfoque de salud pública que tanto defendía Duque, hoy es dejado a la sombra por lo que llamaría David Garland, sociólogo y profesor de criminología británico, como el "populismo punitivo”. Esto es, tomar decisiones políticas opresivas a favor de “la reacción de la opinión pública por encima del punto de vista de los expertos y las evidencias de investigaciones”. Vaya cosa, en 2009 Duque resaltaba el hecho de que Portugal descriminalizara el consumo siguiendo las recomendaciones de expertos “antes que de ideologías”, pero hoy se acobija bajo argumentos moralistas basados en la “protección de la familia”.
Duque también se ampara en que el decreto es una forma de afrontar los problemas del micro tráfico, pero ignora su raíz y tampoco ataca a los grandes eslabones de la cadena que realmente se lucran con el negocio. Como lo señala el abogado criminalista Alexander Stevens en su libro Drugs, Crime and Public Policy, no hay evidencia concreta de que este tipo de medidas ayuden a desmantelar las mafias. Por el contrario, criminaliza a los consumidores, dispara los precios y aumenta sus ganancias.
“Vale la pena que en América Latina se considere esta experiencia antes de enfrascarnos en una nueva contienda ideológica sin fin”, afirmaba Duque convencido de que el enfoque portugués era “más correcto que la represión carcelaria”. ¿Pero qué hace ahora? Justamente aquello que criticaba, está al mando de una lucha ideológica basada en el castigo. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde está el Iván Duque progresista que se podía leer en las páginas de Portafolio? No lo sabemos, ahora está sentado en una orilla diferente. Quizá la dosis del uribismo es más excitante, habrá que preguntarle. Tal vez, también es momento de que tengamos en cuenta otro tipo de adicciones, como el poder, cuyo efecto ha consumido a más de un político que se niega a desaferrarse de él.
