Según datos de la Policía, obtenidos mediante un derecho de petición enviado a la institución en octubre de 2020, se han investigado más de 7.300 uniformados por casos de corrupción desde 2010 a 2020, cifra que contrasta con los seis que, en este mismo periodo, han sido investigados por acoso laboral, “sin ser objeto de fallo sancionatorio en su contra”. Tres miembros del nivel ejecutivo o suboficiales le comentaron a Plaza Capital algunos casos de corrupción, acoso sexual y abuso de autoridad en la institución.

¿Por qué tantas irregularidades?

John Henry Muñoz Pasuy tenía 41 años cuando fue asesinado. Llevaba 20 años de servicio como policía y para ese momento era sargento. John Henry fue criado con la idea de que las cosas a medias no servían y que, por lo mismo, siempre debía hacer todo lo mejor posible. A pesar de las constantes amenazas de muerte y a que había pedido traslados, no recibió apoyo y protección por parte de la institución. Fue asesinado en 2010 en extrañas y poco claras circunstancias.

Según Bryan Muñoz, hijo de la víctima, las amenazas de muerte contra este sargento iniciaron en el 2006, cuando hacía parte de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL). Su padre era comandante de esta seccional en Ipiales y descubrió que unos patrulleros estaban “en unos torcidos” y los denunció. Tras revelar lo sucedido, recibió las primeras amenazas anónimas. Tiempo después – en Ricaurte, Nariño – John Henry volvió a recibir amenazas, estas aparentemente provenían de grupos subversivos y, presuntamente, se debían a la destrucción de laboratorios de droga y al trabajo de inteligencia en el sector.

“Cuando mi papá estaba en Ricaurte, él recibió dos amenazas de muerte e hizo la solicitud de traslado a la ciudad de Pasto. Esta fue aprobada; sin embargo, lo mandaron a Túquerres, Nariño”. Según Brayan, estando allí recibió una vez más amenazas de muerte. Por lo que  volvió a hacer una solicitud de traslado a Pasto y, pese a que se la aprobaron, nunca llegó su reemplazo. “Fue allí que lo mataron”, agregó.

Según la Policía Nacional, desde el 2018 se organizó el Programa de Prevención y Protección para uniformados, el cual busca mitigar el riesgo que algunos policías corren. Este programa cuenta en la actualidad con la posibilidad de brindar diferentes medidas de protección y con asesorías orientadas apoyarlos a nivel emocional. Sin embargo, John Henry nunca conoció, o recibió, otra forma diferente a pedir traslado para salir de su situación.

El día que debió llegar el reemplazo, pese a que no le quedaban tareas asignadas, el sargento Muñoz Passuy fue asignado de último momento para compañero a corroborar información en una vereda. Bryan explica que lo que saben de la muerte de su padre lo conocen por el patrullero Cruz, quien lo acompañó en esta tarea. Según les comentó Cruz, cuando iban hacia la vereda se toparon con un retén del Ejército de Liberación Nacional (ELN) donde los requisaron. “Nos contó que mi papá vio la oportunidad de desarmar a uno de los guerrilleros. Mientras Cruz salía corriendo, escuchó un disparo: le habían dado al sargento, se encontraba muerto”, recalcó Bryan.

Para él, la historia es extraña porque, según expondría después Medicina Legal tras estudiar las balas y el cuerpo, a su padre lo mataron con el arma de dotación propia. Por esto, Bryan explicó que, una vez su padre fue asesinado, quisieron averiguar acerca de lo sucedido y recurrieron a un tío que hacía parte del Comando General las Fuerzas Militares. Cuando su familiar preguntó a la Policía por el caso, un uniformado le dijo: “Sargento, es mejor que no siga averiguando porque fue la misma Policía la que hizo esto y si siguen metiéndose pues van a haber más muertos”.

Seis meses después de la muerte del sargento Muñoz Passuy se cerró la investigación de su caso. Bryan confesó que, a su parecer, esta se cerró muy rápido en contraste con todas las irregularidades del caso. “Lo que pasó fue que en 2011 supuestamente atraparon al que estaba implicado en el asesinato de mi papá, pero nadie lo cree. Nosotros no creemos que haya sido esa persona”, añadió.

Según señaló Bryan Muñoz en la entrevista, el coronel William Montezuma, apresado por presuntos delitos y hechos irregulares, era el comandante del departamento cuando asesinaron a su padre, el sargento Muñoz Passuy. William Alberto Montezuma fue acusado de estar involucrado en la desaparición de un uniformado que al parecer tenía información de corrupción al interior de la institución y de nexos con grupos armados ilegales.

Meses más tarde, Montezuma fue vinculado a una investigación en la que era señalado como el determinador de un triple homicidio ocurrido en el 2003. Luego de que un fiscal delegado ante el tribunal superior de Cúcuta decidiera firmar una orden de captura en su contra, este coronel se entregó en 2013. No obstante, el 9 de agosto del 2016 fue absuelto por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta. Montezuma es uno más de los múltiples policias investigados por actos ilícitos, pues, de acuerdo con la Policía Nacional, más de 1.000 uniformados han sido investigados por actos ilícitos desde 2010 al 2020.

Un retirado que no vuelve ni en sueños

"Fueron 25 años de servicio, pero me preguntas si me hace falta portar el uniforme, sinceramente te diría que no", explicó el retirado de la Policía, L.U.*. Aseguró que está más tranquilo como jubilado, pues estaba cansado de ver las injusticias que se cometen dentro de la institución: malos tratos de oficiales hacia subalternos y la carrera por ascender convertida en “politiquería”. L. U. recuerda cuando trabajaba en ‘orden público’. Hacía el oficio de rutina, le pidió a un carro tanque que parara para corroborar su destino y origen. Esperó al siguiente para hacer el mismo proceso. Pero en esta ocasión, cuando pide los requerimientos lo comunican con el comandante: “Eso no hay ningún problema, déjelo pasar”, le dice su coronel. L.U. atiende la orden, sin seguir el procedimiento habitual, pues no podía contradecir a su superior. Sin embargo, apunta la novedad en el informe revisado por el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas e Informes (CRAET), tal como se debe proceder según la información suministrada a Plaza Capital por la Policía. Aún así, L. U. afirmó que de aquel caso no se volvió a saber nada.

Los oficiales se encuentran a la cabeza de la institución policial, pero algunos de ellos, en vez de ser líderes, “ven al subalterno como un peón que pueden mover, hacer y deshacer con ellos lo que se les de la voluntad”, explicó L.U. Aunque la Policía Nacional estableció el Comité de Convivencia Laboral acatando la ley 1010 del 2006 y uno de sus principios es ejercer la autoridad con respeto por el otro, muchos de los subalternos temen cuestionar a sus superiores porque creen, o saben por casos de otros compañeros, que cuando lo hacen les asignan las peores labores.

Incluso, L.U. contó que – en ocasiones – quienes llevan los casos de acoso laboral son amigos de quienes incurren en la falta y “les colaboran para que en un futuro les devuelvan el favor”. La situación se vuelve más complicada entre más grado tenga el oficial, pues según el entrevistado, “de Coronel hacia arriba, los oficiales se vuelven políticos. Casi siempre van a buscar lo que sea que les pueda ayudar a ascender”. Según la Policía Nacional, los requisitos de ascenso se estipulan por el Decreto 1791 del 2000. Entre ellos están la antigüedad y aprobar cursos de capacitación, además de (para oficiales), tener concepto favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.

Corrupción: más allá de pasar por alto un comparendo

Tal parece que la corrupción al interior de la institución supera aquellos favores para mantener una buena imagen y lograr un ascenso. Para el sociólogo Germán Gómez, esta práctica está arraigada a la cultura colombiana y, por tanto, se reproduce dentro de la Policía. Sin embargo, como estipula el Consejo de Estado, “la Policía Nacional impone a quien voluntariamente ingresa a la institución, un compromiso de conducta pública y privada intachable”, pues son ellos quienes se encargan de proteger la ley y cuidar a los ciudadanos.

Sandra Lozano*, exintendente jefe de la Policía, vivió de cerca los robos a bancos y pirámides perpetrados por compañeros y jefes en 2008. “Todos éramos acusados sin estar metidos en el cuento, le duele a uno porque le manchan el nombre”, afirmó.

- ¿Dónde trabajaba? – le pregunta un compañero del lugar al que la trasladaron

- En la Sijín de Cali – responde Sandra Lozano.

- ¡Ah!, esos son todos unos bandidos.

Goméz se enteró de lo que ocurría tras el asesinato del Teniente Francisco Javier Parra. En principio, su muerte se había catalogado por la institución como una venganza, pues Parra dirigía investigaciones contra 13 asaltos a bancos. Pero un testigo de la Fiscalía que hacía parte de la banda mostró pruebas que lo involucraban en los crímenes. Fueron capturados 13 oficiales, “entre ellos hay unos que no sabían lo que los otros estaban haciendo y por trabajar con ellos, cayeron. Desgraciadamente era gente inocente”, añade Gómez.

Como comentó la exintendente jefe, “eso fue muy grave porque desaparecieron dos policías que estaban involucrados en el robo de una pirámide y parece que fueron los de la Sijín para quedarse con ese dinero”. Tanto L.U. como Gómez coinciden en que la corrupción es un problema estructural y que se ven constantes casos de este tipo.

Violencia de género, ¿fruto de una organización patriarcal?

Sandra Lozano* también se pronunció frente a la violencia de género que hay dentro de la institución, pues tuvo que pasar por acoso sexual cuando iniciaba su carrera policial. La trasladaron a una cárcel en Cundinamarca y allí conoció a un capitán. “Desde que llegué el tipo se obsesionó conmigo. Yo siempre le ponía la raya hasta que llegó el día en el que trató de pasarse, de cogerme a la fuerza”, comenta. Ella le hizo frente, le dejó las cosas claras, pero no resultó bien. Desde allí, él la enviaba a trabajar en la garita (uno de los lugares menos deseados) de 7:00 am a 7:00 pm, mientras que sus compañeros, que también trabajaban allí, cumplían turnos de ocho horas. En palabras de Lozano, “como no le hice caso, me la montó”.

Incluso, aquel capitán que acosaba a Lozano, al ver que ella se relacionaba con otros compañeros, la mandó a trabajar a un lugar aislado y difamó de ella. “Estuve a punto de retirarme por eso, no veía una solución. Pero yo le comenté todo al coronel con el que trabajaba antes y él me ayudó a devolverme para allá”, cuenta. Sin embargo, no fue la única. Explica que llegaron muchas quejas de acoso por parte del mismo comandante a otras mujeres. “Aun así, nunca pasó nada. Ese capitán llegó a coronel y se retiró como coronel. También sé de compañeras que las han acosado de forma terrible, pero esas cosas siempre se quedan allá dentro”. 

El sociólogo Gómez considera que el principal problema de la institución policial es que se erige sobre un sistema patriarcal, soportado culturalmente por la misma sociedad colombiana. Para él, en ese contorno de “hombre” o “macho” se admiten y exigen comportamientos machistas que, a fin de cuentas, terminan por perpetuar estas situaciones.  

“A veces siento que estamos solas. Sí, dentro de la institución hay psicólogos que pueden asistirlo uno, pero ellos no pueden hacer más de la cuenta”, explicó Sandra. Con el fin de ayudar a aliviar esta problemática, Sandra Lozano considera que debería existir una oficina en donde se pueda hablar directamente sobre estos casos, donde haya una experta, neutral y profesional que guíe en el proceso de la denuncia. En su opinión, de esta forma podría evitarse que quien hace la investigación disciplinar sea una persona sesgada o amigo de quien cometió el acoso.

En la información entregada por la institución policial, existe el Plan de Atención Integral para la Mujer en la Policía Nacional, Víctima de Violencia Sexual. Este tiene como prioridad que las mujeres sean atendidas por un miembro de Gestión Humana o Bienestar con el fin de evitar la revictimización, además de tomar medidas. Pero la resolución principal, explícita en el cuarto paso, es comunicar el caso a la Fiscalía General; si bien es necesaria, no es suficiente pues es posible que la víctima deba seguir en contacto con el agresor mientras se desarrolla el procedimiento. 

¿Reforma policial? 

Las ONU recomendó transferir la supervisión de la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, según el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de febrero de este año. Esta se dio en el marco de la violación de derechos por parte de miembros de la institución hacia manifestantes en el Paro Nacional del 2019. A partir de allí, surgieron debates políticos sobre una reforma estructural a la institución.

En octubre, la bancada de la oposición radicó un proyecto de ley con el fin de prevenir y sancionar abusos de la Policía. Uno de los puntos para el fortalecimiento civil de la institución es reestructurar el régimen de la carrera policial. Para María José Pizarro, congresista que lidera el proyecto, se debe eliminar el monopolio dentro de la línea de mando.

Katherine Miranda, su compañera de bancada, concuerda con ello, pues, según explicó, existen inequidades entre el rango de oficiales y el ejecutivo. “Mientras un oficial asciende cada cinco años de manera automática, los patrulleros – quienes ponen el pecho en la calle – son personas que tienen que hacer un concurso cada ocho años y ascienden mediante una prueba. Hay gente que está próxima a pensionarse y jamás ha tenido la posibilidad de ascender, eso desmotiva las clases ‘bajas’ de la policía”, afirmó la congresista en diálogo con Plaza Capital. 

John Henry Muñoz, L.U.* y Sandra Gómez* pertenecieron al nivel ejecutivo y de suboficiales de la Policía, entraron a la institución con dificultades económicas cuando tenían alrededor de 20 años, entregando su vida y trabajo. Aunque pudieron mantener a sus familias prestando un servicio cargado de honor, nunca superaron la jerarquía que “define unos privilegios al interior de la institución y se deriva de pertenecer – o no – a una clase social específica o a tener contacto con una red de élite”, como explica el sociólogo Germán Gómez.

Mientras un General de la Policía, el cargo más alto de los oficiales, gana más de 23 salarios mínimos ($20.298.455); un Comisario, su equivalente en el rango ejecutivo, no llega a los 4 salarios mínimos ($3.468.415). Esta diferencia se traduce no solo en un bajo nivel económico o en la falta de motivación para un ascenso en el nivel ejecutivo, sino en una ubicación incómoda para los policías ejecutivos: difíciles traslados, tratos indignantes de parte de oficiales o cubrir ‘zonas rojas’ (peligrosas).

Tanto María José Pizarro como Katherine Miranda consideran que debe haber mejores salarios y más equitativos entre los niveles ejecutivos y oficiales, con el fin de que sean menos corruptibles. Además, Pizarro menciona que la lucha contra el narcotráfico no tendría que ser una de las funciones de la institución, pues no es algo que le compete a una fuerza civil como es la Policía. Para Miranda, estas reformas no sólo cambiarían las dinámicas al interior de la institución, sino la relación entre la ciudadanía y la Policía.

* Estos nombres fueron cambiados con el fin de mantener segura la identidad de las fuentes que lo solicitaron.