Entre el despojo y la lucha por los derechos de pesca

Joseph Jessie es sociólogo de la Universidad San Buenaventura de Medellín y desde 2016 es miembro del Raizal Team, un equipo multidisciplinario de isleños creado por el gobierno del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para defender los derechos ancestrales del pueblo raizal ante La Haya, en el pleito con Nicaragua por la soberanía en el mar caribe. Sin embargo, la participación de este equipo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no fue tan sencilla como parece.

“El principal reto que tuvimos fue convencer al equipo de defensa de Colombia sobre la importancia histórica y la presencia del pueblo raizal en el territorio que perdimos con el fallo de La Haya de 2012”, dice antes de mencionar que Colombia es un país con una estructura política a espaldas del mar y que solamente ve los problemas internos.

Gracias al arduo trabajo del Raizal Team, durante dos años, el país logró el 21 de abril de 2022 que por primera vez un miembro de la comunidad raizal pudiera intervenir ante la CIJ y demostrar que los derechos de pesca sí existen. “Eso para nosotros constituye una graduación ante el máximo organismo judicial de las Naciones Unidas en el planeta, en donde el pueblo raizal es finalmente reconocido como sujeto de derechos”, afirma Kent Francis, representante de la comunidad raizal en el equipo de defensa colombiano en La Haya.

Desde hace siglos la comunidad raizal ha tenido una relación cercana con el mar y la pesca, un arte ancestral que ha permitido a los pueblos de la región insular tener su principal sustento económico. Pero esta realidad cambió el 19 de noviembre de 2012 cuando la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia debía renunciar a 75.000 km² de Zona Económica Exclusiva (ZEE)Una Zona Económica Exclusiva , según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, es una zona del mar en la que un Estado soberano tiene derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos. Cancillería para dejarla en manos de Nicaragua.

Durante la defensa de Colombia en el fallo de 2012, el país dejó al margen dos argumentos que pusieron en juego los derechos territoriales del pueblo raizal. Por un lado, no se tuvo en cuenta a los habitantes del archipiélago para demostrar sus derechos ancestrales de pesca. Por otro lado, no se le dio la debida relevancia a la Reserva de Biosfera Seaflower, una red de ecosistemas que antes del fallo estaba ubicada en la Zona Económica Exclusiva del país. Ahora la mitad de la reserva quedó en manos de Nicaragua, perdiendo así Colombia una gran cantidad de recursos y biodiversidad.

Un nuevo fallo con cara positiva

A diferencia del fallo de 2012, en el reciente del 21 de abril no se trataron asuntos territoriales ni marítimos. Esta decisión no implicó ningún tipo de cambio en el mapa de los países involucrados en la controversia. Lo que definió la Corte es si Colombia había violado los derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua, se revisó los derechos de pesca del pueblo raizal, la facultad de Colombia de definir su Zona ContiguaEn la Zona Contigua , principalmente se ejercen tareas de fiscalización para prevenir infracciones a las normas aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias; asimismo, los Estados pueden sancionar aquellas infracciones sobre dichas materias cometidas en el Mar Territorial. Cancillería y si Nicaragua podía o no trazar líneas de base rectas para medir sus espacios marítimos

El 26 de noviembre de 2013 Nicaragua acusó a Colombia ante La Haya de violar sus derechos soberanos en su Zona Económica Exclusiva. “Con la demanda que se falló el 21 de abril de 2022, la Corte reconoció que sí hubo violaciones de Colombia sobre estos derechos”, asegura Francis. Según la CIJ, la Gobernación de San Andrés y la Dirección Marítima Colombiana (DIMAR), con el apoyo de la Armada Colombiana, dieron permisos de pesca en áreas reconocidas como aguas nicaragüenses, algo que va en contra del derecho internacional.

“Pero el fallo reciente también permitió que Colombia pudiera hacer unas contra memorias, unas demandas de reconvención, conocidas como contrademandas”, explica Francis. En una de ellas, Colombia afirmó que Nicaragua estaba violando los derechos de pesca del pueblo raizal, al impedir sus prácticas ancestrales en la Zona Económica Exclusiva nicaragüense.

La Corte reconoció la importancia de esos derechos y sugirió una negociación bilateral entre las dos partes, lo que para Francis significa un nuevo comienzo para el pueblo raizal.

“Ahora estamos presentes en todas las discusiones en las que se tengan que abarcar nuestros derechos, seguridad, sostenibilidad y sanidad del medio ambiente”, asegura Francis.

Sin embargo, la Corte determinó que Colombia no había presentado las suficientes pruebas para afirmar que las prácticas de los raizales en realidad fueran ancestrales en el área de Nicaragua. Por lo tanto, la CIJ no encontró que Nicaragua hubiese violado los derechos de los pescadores raizales.

“El Raizal Team le había entregado todos los elementos históricos que probaban nuestra ancestralidad al equipo de defensa de Colombia, pero no fue contundente, y no porque no existieran, simplemente el equipo no priorizó ese tema”, indica Jessie.

De acuerdo con el sociólogo, la pelea que tiene actualmente el pueblo raizal con Colombia es que están pidiendo autonomía y otro tipo de relaciones con el país, entonces darle fuerza al tema étnico-raizal en la CIJ es abrirles puertas a esta comunidad para una futura demanda ante este organismo judicial. “Una cosa es el marco jurídico y otra cosa es la situación política que tiene Colombia con el pueblo raizal, ellos (funcionarios colombianos) no querían mezclar esos elementos”, indica.

Al salir del tribunal, el entonces agente colombiano ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, le manifestó a los medios de comunicación que el país estaba muy satisfecho con la decisión. Para Arrieta, con el fallo se había logrado lo principal que era la libertad de navegación de la Armada en aguas nicaragüenses para la lucha contra el narcotráfico y el reconocimiento de la comunidad raizal como una población que tiene derechos de pesca.

Harold Bush, doctor en Historia de las Relaciones Internacionales, no está de acuerdo con lo que dice el funcionario. “Arrieta estaba presentando un caso positivo en una situación que era negativa, no porque se perdió algo, simplemente no se ganó nada, no había nada que ganar, entonces él estaba manipulando la información”, aclara.

Participación del Raizal Team ante la Corte

El fallo del 21 de abril tuvo como protagonistas al Raizal Team, un equipo de profesionales isleños que fue incorporado en 2016 y que permitió al pueblo raizal ser reconocido en el contexto internacional. “Con el Raizal Team se pretendió integrar todos los intereses y representaciones de los más afectados por el fallo de La Haya de 2012, los pescadores”, afirma Francis.

“Tuvimos que hacer mucha recopilación histórica y afortunadamente había suficientes elementos, no tanto como lo que hubiésemos querido, pero sí lo más importante para el trabajo bibliográfico”, menciona Jessie.

La comunidad raizal en varias ocasiones ha manifestado que los pescadores artesanales no han tenido voz en los alegatos orales presentados en La Haya. Pero según Francis, esa realidad cambió con el nuevo fallo, al tener presente en el tribunal cada una de sus historias. “Se mandaron abogados internacionales y especialistas a la isla de San Andrés y Providencia para que entrevistaran a pescadores. Más de 20 narraron sus experiencias y lo que ellos consideran que ha sido la práctica usual durante muchas décadas”, cuenta Francis, quien fue el único autorizado del Raizal Team para hablar ante La Haya.

Aun así, Francis explica que es muy complejo llevar a un testigo de la comunidad raizal a hacer declaraciones ante la Corte. “Se podría intentar, pero tendríamos que tener personas fuertes, claras, contundentes y conocedoras del tema para que no sean destrozados por el interrogatorio que pueda hacer Nicaragua con la habilidad de abogados que los asesoran”, dice.

Sobre esto, Juliana Hurtado, máster en Derecho de los Recursos Naturales, afirma que si Colombia creía que no estaban preparados, había manera de buscar la estrategia para hacerlo. “Sin duda alguna creo que sí fue un error de Colombia el no haber contado con las personas realmente afectadas”, afirma.

Los retos del Raizal Team siguen siendo trabajar por los derechos ancestrales de los pescadores artesanales, en un área que ahora es Zona Económica Exclusiva de Nicaragua. También, “conseguir la solidaridad de organismos internacionales para que los derechos étnicos ancestrales del mundo sean protegidos frente a cualquier Estado”, señala Francis.

El inicio de la controversia

¿Qué momento se podría considerar como el origen de la controversia entre Nicaragua y Colombia? Según Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, ese punto de partida se da en 1969, cuando Nicaragua empezó a oponerse a la interpretación de Colombia sobre los alcances del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.

En esa época, de acuerdo con Abello, las pretensiones de Nicaragua eran otorgar licencias de exploración y explotación de recursos petroleros en aguas colombianas. “En respuesta, Colombia hizo una nota de protesta, en donde afirmó que el meridiano 82 es la frontera. Pero Nicaragua contestó que esta no lo era”, relata Abello. Desde ese momento la Cancillería del país vecino empezó a hacer un estudio sobre la legalidad del Tratado Esguerra-Bárcenas.

El tratado, según Francis, “otorgó a Nicaragua la Costa de la Mosquitia y las islas Mangle Grande y Mangle Chico, todo lo que era territorio ancestral del pueblo raizal hace 400 años”. También definió la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de las islas, islotes y cayos que hacen parte de este.

Sin embargo, “Colombia cometió un error que luego propició el fallo de La Haya de 2012: no incluyó una buena definición de límites marítimos”, señala Abello. En las notas del tratado solo se definió que el meridiano 82 de Greenwich era la línea que marcaba la separación entre los dominios territoriales de Nicaragua y Colombia. En palabras de Harold Bush, también politólogo, “las áreas marítimas de Colombia nunca fueron establecidas de manera legal en el Tratado Esguerra-Bárcenas”.

A pesar de esto, Bush afirma que toda la responsabilidad no puede recaer en Colombia. “Estamos hablando de 1928, cuando no existía el derecho internacional. Este empezó a surgir durante la posguerra cuando ya las cuestiones de seguridad y el interés de extraer petróleo comenzaron a impulsar la necesidad de definir áreas marítimas”, asegura.

Colombia intentó cambiar esta realidad, pero los resultados no fueron positivos. “Esto ocurrió en los 70 y 80, cuando empezó a firmar acuerdos limítrofes con países como Honduras, Jamaica, Costa Rica y Panamá. Sin embargo, esto no fue suficiente como para consolidar las áreas que Colombia quería”, agrega Bush.

En 2001 Nicaragua decidió presentar una demanda jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, en la que solicitaba la anulación del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y pedía establecer el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua.

En su decisión, la CIJ determinó en el año 2007 que el Tratado Esguerra-Bárcenas si tiene validez jurídica, pero confirma que no es un tratado de delimitación marítima. “En consecuencia, la Corte se declaró competente para delimitar la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia para darle fin a la controversia”, explica Abello.

Es así como en 2012 el mapa cambia para Colombia, al ser anunciado por el tribunal que ahora le corresponden a Nicaragua extensas zonas de agua que rodean a los Cayos de Quitasueño y Serrana. Esto significó para el país la pérdida de aproximadamente el 40% de su Zona Económica Exclusiva.

La Reserva de Biosfera Seaflower no tiene fronteras

En su defensa, Colombia no tuvo como prioridad los efectos del fallo de 2012 en la Reserva de Biosfera Seaflower, los cuales tienen una gran implicación a nivel social, económico y ambiental. Tampoco presentó la importancia de los recursos naturales que esta área marina alberga para los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Con el fallo de La Haya de 2012, un poco más de la mitad de la Reserva de Biosfera Seaflower quedó en manos de Nicaragua. “Esto representa una preocupación para Colombia, pues el país alega que Nicaragua no tiene la capacidad técnica ni científica para cuidarla”, asegura Hurtado.

A esa preocupación se suma que con el reciente fallo del 21 de abril la Corte decidió que la armada no puede ejercer control ambiental en aguas nicaragüenses. “Ellos hacían un monitoreo de las tallaslas tallas son las dimensiones mínimas que deberían tener los peces para su captura y comercialización. Estas medidas se plantean como un mecanismo precautorio para que se puedan evitar situaciones indeseables, como el colapso o la desaparición de las principales pesquerías. AUNAP y vedas, entonces eso ahora va a dificultar que la Armada pueda llegar a estos lugares y hacer respetar estas políticas colombianas relacionadas con la protección y conservación de los recursos naturales”, señala Hurtado.

En un contexto en el que los métodos de conservación y protección de especies son muy distintas en Colombia y Nicaragua, “es necesario una estrategia bilateral que sea consensuada entre ambos países y que permita un desarrollo sostenible y amigable entre las comunidades y su entorno. La naturaleza no respeta fronteras, los peces no saben si son de aquí o Nicaragua”, indica Hurtado.

Francis coincide con que “las líneas de los derechos de los países son imaginarias porque el mar es uno solo, es indivisible y los países no pueden establecer separaciones”.

La negociación: un arma de doble filo

¿Qué se debe hacer tras el nuevo fallo dictado por la CIJ el 21 de abril? Según Abello y Bush, ambas naciones tienen que sentarse a negociar bajo el principio de la reciprocidad.

“No se nos debe olvidar que los derechos que estamos pidiendo para nuestra comunidad raizal son derechos que por mera reciprocidad le deben ser otorgados a la comunidad nicaragüense. Entonces, si nosotros queremos ir a pescar allá, ellos pueden venir a pescar acá”, afirma Abello.

En ese sentido, Bush explica que la negociación puede llegar a convertirse en un arma de doble filo, teniendo en cuenta que “Nicaragua va a querer los mismos derechos por el lado nuestro y los pescadores de San Andrés y Providencia no lo van a aceptar”.

Por el contrario, Francis piensa que la relación familiar que existe entre las comunidades creole que habitan en Colombia y Nicaragua puede ser un punto importante para lograr una buena negociación. “Nosotros somos un pueblo que puede llegar a un acuerdo para la seguridad alimentaria del pueblo raizal en el archipiélago y poder compartir principios de administración y dirección para la sostenibilidad de la Zona Económica Exclusiva de ambos países”, indica Francis.

De acuerdo con Bush, para lograr eso “la negociación debe tener como elemento central la pesca y los intereses del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cuales son de tipo económico, ambiental y cultural”.

Desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los pescadores artesanales han decidido ser protagónicos en la conquista de sus derechos y la recuperación de su dignidad, la cual les fue arrebatada con el fallo de La Haya de 2012, una sentencia que les negó la posibilidad de su autodeterminación.

El fallo afectó las relaciones entre Colombia y Nicaragua, ante las pretensiones del país centroamericano sobre otros territorios colombianos. Más que eso, provocó una grave violación a la soberanía territorial de los pescadores artesanales raizales y puso en riesgo su seguridad alimentaria. La sentencia también despertó un conflicto histórico entre los pescadores artesanales e industriales que ha venido ocasionando el deterioro de la Reserva de Biosfera Seaflower.

Ante esta situación, Colombia se ha visto obligada a buscar nuevas estrategias. Desde el 2016 ha venido trabajando con el equipo denominado “Raizal Team”, el cual le permitió a Kent Francis realizar una intervención oral ante la CIJ para resaltar los intereses del pueblo raizal durante el fallo del 21 de abril de 2022. En octubre de ese mismo año fue nombrada la ex embajadora de Colombia en Kenia, Elizabeth Taylor Jay, como coagente de Colombia, siendo la primera raizal en representar diplomáticamente y al más alto nivel los intereses del país.

Esta controversia, que aún no ha llegado a su fin, tiene un nuevo capítulo: las pretensiones de Nicaragua de obtener una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, caso en el que interviene la coagente raizal. De este modo, los ojos del mundo están puestos otra vez sobre las islas, ante una reclamación sin precedentes en la historia y que se conocerá su rumbo a inicios del año 2023.