En el marco de la búsqueda del gobierno nacional y las entidades internacionales por erradicar definitivamente el narcotráfico, nace en Bogotá una alternativa social que pretende cambiar el paradigma de la política estatal antidroga para mejorar la situación que hoy vive Colombia.
Organizaciones como “Échele cabeza cuando se dé en la cabeza”, “Colombiannabis” y “Unión Canábica de Bogotá” , entre otras, proponen diversas estrategias para evitar riesgos a la hora de usar alucinógenos y luchan por la creación de una política que tenga en cuenta los contextos nacionales, en cuanto a producción, consumo y porte, y de acuerdo con los parámetros internacionales, para acabar con una problemática que azota al país desde hace varias décadas.
Julián Quintero, coordinador del Área de Sustancias Psicoactivas del proyecto "Échele cabeza cuando se dé en la cabeza", comenta que esta iniciativa se inauguró formalmente en 2010 a través de la entidad no gubernamental Acción Técnica Social (ATS), la cual asiste a los jóvenes en el consumo controlado y responsable de sustancias psicoactivas, con el fin de minimizar la delincuencia, violencia y corrupción.
“Échele cabeza nace porque en Colombia hacía falta un proyecto que dejara de tratar a los consumidores como enfermos sociales, que les impidiera usar las sustancias psicoactivas y que no les diera información, pues es gente que consume, no lo va a dejar de hacer, se preocupa por su salud y necesita respuestas diferentes”, menciona Quintero.
El consumo de estupefacientes, en Colombia y el mundo, es un tema de discusión que merece una lectura más profunda. El gobierno nacional afirma que “el abuso y la adicción deberán ser tratados como una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado, conforme a la normatividad vigente y las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental”, según la ley 1566 de 2012.
Así mismo, según La Ley de Seguridad Ciudadana de 2011 (n° 1453), “aquel que introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas, contempladas en el Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de 10 a 30 años de prisión”.
De acuerdo con el Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986, “droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus funciones fisiológicas; y estupefaciente es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia.” Por lo tanto, dentro de estos conceptos cabrían desde una planta indígena como el Yagé hasta los químicos industriales utilizados para uso personal.
Sin embargo, Quintero menciona que “es aquí donde la política guerrerista antidroga tiene su falla, pues nosotros hacemos una clasificación de estupefacientes que implica tener en cuenta los contextos culturales y socioeconómicos de los jóvenes consumidores, cosa que no hace el gobierno nacional y por eso no tiene claro cuáles son las necesidades de la gente”.
Según los estudios del mencionado proyecto de ATS, existen dos tipos de narcóticos: los que nacieron para psico-activar la mente (cocaína, heroína) y los que se usan para eso, pero que no es su función principal. Los cuales, a su vez, se dividen en ilegales, legales y de uso indebido.
Por otra parte, La Red Americana de Intervención en Situación de Sufrimiento Social en Colombia (RAISS COLOMBIA) afirma que los consumidores de SPA (Sustancias Psicoactivas) ilegales no son enfermos ni delincuentes y deben ser reconocidos como ciudadanos funcionales y productivos social, económica y políticamente. Así mismo, se refieren a las políticas vigentes como “represivas, que matan más y ocasionan más daños a la sociedad que las mismas sustancias psicoactivas”.
Como propuesta para cambiar el paradigma de la guerra contra la droga, los colectivos invitan a los ciudadanos a consumir las sustancias psicoactivas legales e ilegales controlando sus actos y de manera responsable; siendo conscientes del lugar, el momento y la compañía. Así mismo, ofrecen “asesoría y seguimiento a casos en los que los derechos del consumidor hayan sido vulnerados, ya sea por agentes de la fuerza pública, por no tener acceso a los servicios de salud, por discriminación, estigma, etc.”
