La persecución policial disminuye para los vendedores informales en Bogotá

Viernes, 12 Marzo 2021 15:24
Escrito por Mariana Bermudez

La pandemia de la Covid-19 ha sido el evento propicio para que la situación de vulnerabilidad de los trabajadores ambulantes en Bogotá frente a los procedimientos policiales fuera expuesta y demandara cambios en el trato de la policía hacia los ciudadanos, pero no por modificaciones estructurales de la institución, sino por la alta demanda de derechos constitucionales.

Ilustración Abuso policial en Pandemia||| Ilustración Abuso policial en Pandemia||| Nicole Acuna Cepeda|||
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  • Coautor 1: David Franco

Durante el inicio de año, en Bogotá, se han tomado medidas para evitar una propagación acelerada del contagio por la pandemia de la Covid- 19. Las cuales fueron, cuarentenas generales de fines de semana, restricciones por unidades de planeamiento zonal (UPZ), toques de queda nocturnos y restricción a la movilidad por localidades. Esto ha tenido una afectación directa en la actividad de los vendedores ambulantes y así mismo en su relación con la policía metropolitana. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo, para el año 2021 se estima una pérdida entre 0.8% y 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), por el costo económico que traen las nuevas restricciones a la movilidad. Lo cual a su vez representaría un aumento en la tasa de desempleo que oscila entre 146 mil a 220 mil nuevos desempleados, lo cual tiene como resultado un alza en la cantidad de vendedores informales.

Ante los procedimientos, los policías manifiestan que actualmente no tienen permitido proceder a retirar a los vendedores ambulantes utilizando el artículo 140 numeral 4, el cual fue demandado ante la Corte Constitucional, y ahora establece que “cuando se trate de personas en situación de debilidad manifiesta, pertenecientes a grupos de especial protección o que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima, no se les aplicarán las medidas correccionales de multa, decomiso o destrucción, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, en garantía de los derechos a la dignidad humana, mínimo vital y trabajo.” 

“Cuando nos dan la orden de mover a un vendedor ambulante, les pedimos el favor amablemente y si no hacen caso, procedemos con el artículo 35 numeral 2 del Código de policía, que establece que se puede multar a una persona por “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía.”- asegura la agente de policía  - CAI Ciudad salitre, localidad de Fontibón. Sin embargo, los vendedores ambulantes manifiestan que cuando se les hace un procedimiento, pocas veces se hace amablemente, y en ocasiones se sigue utilizando el argumento de invasión al espacio público, “nos ponen multas de 980.000 pesos” Martha Padilla, vendedora informal en la localidad Antonio Nariño.

Frente a esto, los vendedores manifiestan que en lo que va del año 2021 los policías no han hecho prácticas que vulneren sus derechos como era común ver al inicio de la pandemia, cuando les decomisaban su mercancía en las denominadas “batidas” por establecerse en espacio público. “Ahorita ellos no molestan tanto porque la alcaldía sabe que nosotros tenemos derecho al trabajo y vivimos del diario, cuando me sacan un parte yo sé que sentencias me cobijan, y yo sé que ellos no nos pueden perseguir ni quitarnos nuestros productos” Paola, vendedora ambulante en el barrio Ciudad Salitre, localidad de Fontibón.  

Más de 40% de ocupados son informales en Bogotá según el DANE

Actualmente, en la ciudad de Bogotá hay una proporción de ocupados informales del 42.2% según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de los cuales, hay por lo menos 53.457 vendedores ambulantes, según el último reporte anunciado por el Instituto para la economía social (IPES). Esta cifra va en ascenso en el año 2021  por las dificultades económicas que trajo la pandemia para el trabajo formal y así mismo, influye en los procedimientos policiales desde el inicio de la pandemia, ya que, el respeto a las normas de aislamiento y cuarentena es la prioridad de la actividad policial, pero tiende a chocar con el derecho al trabajo y al sustento mínimo apelado por los vendedores que subsisten con un ingreso diario.

El cambio en las actividades policiales, frente al creciente número de nuevos trabajadores ambulantes, no se da porque haya un balance estructural en los procedimientos con la ciudadanía sino porque la pandemia ha expuesto la vulnerabilidad y las dificultades económicas de la población, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas de distancia antes las actividades económicas.