Dicho documento en el que se analiza inicialmente el periodo entre 2002 y 2008, comprende seis de los ocho años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). Así, la cifra, que todavía es preliminar y muy superior a la que se conocía hasta el momento, tampoco coincide con los reportes de algunas organizaciones de derechos humanos que sostienen que en realidad fueron cerca de 10.000 asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas.
Este tribunal especial para la paz estudia si las ejecuciones extrajudiciales a los civiles fueron promovidas a través de incentivos a los militares como beneficios económicos o vacaciones más extensas. Esto demostraría que dichas víctimas engrosaron las cifras de rendimiento operacional de las Fuerzas Armadas al ser presentadas como guerrilleros o delincuentes “dados de baja”.
Es el caso de Mario Alexander Arenas Garzón, que salió de su casa en Soacha el 2 de enero hacia Bogotá, motivado por la promesa de un trabajo, pero su hermana, Cecilia Arenas, asegura que nunca más lo volvió a ver. Hasta que siete meses después, gracias a los medios de comunicación, se enteró de que el cuerpo de Alexander estaba en Santander, Floridablanca y que el Ejercito aseguraba que murió en medio de un combate.
Cecilia Arenas, quién ahora es líder de la organización de las Madres de los Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), lucha en una batalla desigual contra el Estado colombiano para poder esclarecer el crimen cometido contra su hermano. Aunque, obtuvo resultados cuando la Justicia finalmente reconoció que Alexander no solo no era un guerrillero o un delincuente, sino que fue engañado con una oferta laboral, que fue reducido a la fuerza y, además, que el Ejército le disparó por la espalda para obtener el beneficio que le otorgaba a los militares la Directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa. Circunstancias que se hicieron públicas cuando la Procuraduría destituyó a un sargento y dos soldados implicados en el caso.
Gracias a testimonios como ese y al esfuerzo de organizaciones como las Madres de Falsos Positivos de Soacha, hoy en Colombia se conoce la magnitud del dolor y la devastación de las familias, causados por las fuerzas militares. Hasta ahora los datos apuntan a que la mayoría de ‘falsos positivos’ fueron personas de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos que tiene Colombia. La sociedad civil y ong's también han esclarecido que los crímenes en las ciudades fueron perpetrados contra civiles en condiciones de vulnerabilidad, así como de trabajadores informales, personas en situación de pobreza y con necesidades de empleo, habitantes de calle e incluso personas en condición de discapacidad.
Las denuncias por los falsos positivos ya alcanzaron la instancia de la Corte Penal Internacional (CPI), y en el informe que todavía no es el final de la JEP superan en número de víctimas de asesinatos y desapariciones a los que se ejecutaron durante 20 años de dictadura en Chile. Sin embargo, ante este nuevo reporte Marta Giraldo, otra de las representantes de la MAFAPO, asegura que tanto ella como los demás familiares ya saben que los asesinaron y no quieren volver a escuchar las condiciones en que se perpetraron, pues esto ya se esclareció en los procesos de justicia ordinaria, sino que menciona que “el aporte que tendrían que hacer es en términos de la implicación que tuvieron militares de alto rango en ese caso", así se lo hizo saber a la agencia EFE.
Si bien, el proceso avanza y se han producido condenas, pocos son los militares de los más altos rangos cuya responsabilidad se ha esclarecido. Es por eso que algunos ciudadanos todavía se preguntan se preguntan quién o quiénes dieron la orden. En este contexto, la JEP ha denunciado manipulación de testigos como impedimento para clarificar la cuota de participación que tuvieron el poder Ejecutivo, los generales, los coroneles o los Mayores del Ejército Colombiano.
