Aurora Iglesias es una mujer trans que ha desarrollado durante más de cinco años activismo en pro de los derechos de las personas trans en el Caquetá. Estudió Licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad de la Amazonia y actualmente se desempeña como el Enlace LGBTI de la gobernación del departamento.
Debido a varias amenazas por parte de diferentes grupos armados en el departamento, Aurora decidió irse a la capital del departamento para empezar a estudiar en el Sena y dejar atrás su vida en Curillo, pues su hermano mayor había sido asesinado en Nariño por los paramilitares y meses después un tío suyo. “Esto acabó con la poca unión familiar que tenía, ya nada me ataba a nada”, afirmó Iglesias.
Para ella, el hecho de haber accedido a la educación, le permitió escalonar al liderazgo y activismo político y le ha dado el lugar que tiene hoy en día, sin contrarrestar las luchas a las cuales ha tenido que enfrentarse y se sigue enfrentando para desarrollar su trabajo en la gobernación del Caquetá.
Sin embargo, por su activismo, críticas constantes, búsqueda de datos de personas trans y pese a su puesto en la gobernación, Aurora Iglesias fue amenazada en el mes de septiembre por una persona con un arma de fuego en la puerta de su casa. “Alguien tocó en la noche la puerta, yo fui a abrir y me dijeron apuntándome con un arma en la cabeza que dejara de ‘joder tanto’ con mis temas LGTBI. Ya la Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento de esto, pero así es la vida con nosotras las trans, estar con miedo”, afirmó.
Los casos que registra la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del Caquetá, solo existen desde el año 2018. Para Aurora Iglesias, de las épocas más complejas para personas trans, fueron aquellas del conflicto armado, pues las atacaba la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares. Pero, esto es lo preocupante del asunto, pues de acuerdo a estos archivos, no hay datos de los posibles asesinatos o violencias antes del 2018.
De acuerdo a la información suministrada, en el transcurso del 2018, todos los hechos de violencia ocurrieron en la ciudad de Florencia y tres de ellos en el centro penitenciario ‘Las Heliconias’. Durante el 2019, uno ocurrió en el municipio de Puerto Rico y los demás en la capital del departamento. Y en el registro del año 2020 se encuentra uno en Cartagena del Chairá, otro en San Vicente y el restante el Florencia.
La Defensoría del Pueblo expresó que los perpetuadores de las violencias que sufren las personas trans son variados. Sin embargo, la mayoría de las denuncias son por hechos de personas desconocidas, seguido de grupos armados organizados, instituciones y por último familiares y conocidos.
Todos los hechos denunciados son por violencia psicológica y seis de ellos incluyen amenazas de muerte. Uno se registra con violencia sexual y otro como tentativa de feminicidio. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo afirma que “Esto no determina directamente la tipificación del delito en la investigación adelantada por la fiscalía general de la nación”.
Igualmente, dentro del archivo no hay reportes de algún caso de homicidio de una persona trans. Sólo en el 2019 se presentó una tentativa de feminicidio contra una mujer trans en Florencia.
A pesar de que las cifras podrían ser ‘alentadoras’ para algunas personas, la realidad en el Caquetá es diferente. Según una fuente anónima de la Defensoría del Pueblo, en el Caquetá no hay una ruta de denuncia con enfoque de género. Si no hay ruta de denuncia para estas personas y un desconocimiento de la ley, lo más probable es que no haya denuncias y por esto el bajo número de registros de personas violentadas en el Caquetá, afirmó.
Según la fuente de la Defensoría, durante este año y junto a Aurora Igliesas, se intentó crear dicha ruta, pero la falta de compromiso de funcionarios públicos no ha permitido que esta se lleve a cabo.
“La Defensoría del Pueblo está para asesorar, no para crear dichas rutas. Yo estuve en el acompañamiento junto al enlace LGTBI de la gobernación, pero asistieron sólo dos funcionarios cuando en realidad debían hacerlo alrededor de 20. Sin el quórum y con la pandemia, ha sido imposible y lo seguirá siendo si no ponen de su parte para crear esta opción de denuncias hacia esta población tan invisibilizada”, afirmó.
En un informe de Colombia Diversa llamado “La Discriminación, una guerra que no termina” del año 2017, establecen que una problemática en departamentos como el Caquetá, es que no se cuenta con fiscales para investigar crímenes contra personas LGBTI y es tampoco se han establecido criterios claros para la selección de estos fiscales o fiscal.
Aurora Iglesias expresa que el Caquetá no tiene una base de datos de la cantidad de personas trans ni en el departamento ni en Florencia. Para ella, saber la cantidad de personas que hay en Florencia que hacen parte de la comunidad, les ayudaría a exigir ayudas y nuevas políticas públicas y la aplicación de estas, de acuerdo a sus necesidades.
“Yo me puse en la tarea de ir en las noches a la zona de tolerancia a hablar con las chicas trans, no como funcionaria, sino como ‘Zunga la Perra Roja’.
Aunque la política pública diseñada durante el anterior gobierno del departamento, establece que se diseñarán e implementarán estrategias para prevenir y proteger la violación de los derechos de las personas con género diverso en el Caquetá, según Aurora Iglesias nada de eso se está llevando a cabo. Por ahora, el acto más ‘recordado’ en pro a los derechos de las personas LGBTI, ha sido el de una bandera colgada en la gobernación del Caquetá. Tristemente, estas banderas no salvan vidas, no protegen, no promueven acciones más concretas y totalmente necesarias.
