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"Si no se tienen suficientes ingresos, las personas tienen que resolver como se pueda, usualmente, mediante procesos informales de producir ciudad": el origen de Brisas del Volador

Brisas del Volador, al igual que muchos otros barrios en Bogotá, nació a partir de la parcelación de lotes en una hacienda o finca de un terrateniente. En este caso, las antiguas finca La María y hacienda Casablanca eran terrenos que se extendían desde lo que hoy se conoce como Meissen hasta Quiba. Miriam Benavides, vecina del barrio desde sus inicios, recuerda que hace aproximadamente 50 años se empezó a habitar la zona. “Cientos de familias, de todas las partes del país, fueron llegando al barrio. Había bogotanos que vivieron toda su vida aquí, pero también desplazados de la violencia o campesinos buscando oportunidades. Unos compraban, otros se asentaban”, relata la mujer.

Esta forma desigual y particular de habitar la ciudad figura como un problema para los expertos. Patricia Acosta, docente e investigadora de Planeación y Estudios Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que las ciudades en América Latina están caracterizadas por un desarrollo desigual en términos de oportunidades, vivienda y empleo. “En nuestras ciudades, si uno tiene suficientes ingresos puede pagar por condiciones básicas de vivienda; pero si no, tiene que resolver como pueda, usualmente, mediante procesos informales de producir ciudad”, indica la urbanista.

Asentamiento informal ubicado en el costado sur de Brisas del Volador. Más de 50 viviendas se han construido en este sector del barrio. Foto: Nicolás Díaz
Asentamiento informal ubicado en el costado sur de Brisas del Volador. Más de 50 viviendas se han construido en este sector del barrio. Foto: Nicolás Díaz

Precisamente, Brisas del Volador y gran parte de Ciudad Bolívar nacieron a partir de esa autoconstrucción y en muchos casos en medio de problemas de titulación y regularización de los predios. Desde 1960 en varias zonas de la localidad se desarrollaron proyectos de extracción minera a cielo abierto, puntualmente de arena, arcilla y piedra que hoy continúan usándose para la construcción de vías, edificios y obras de infraestructura de Bogotá.

Este tipo de proyectos atrajo mano de obra. Decenas de personas construyeron sus casas cerca de las canteras mineras, particularmente, Limas, Santa Helena y El Volador, que durante muchos años funcionaron en el cerro El Volador, ubicado entre el barrio Brisas y Paraíso.

Pero más que traerle beneficios directos a la comunidad, ocurrió todo lo contrario. Debido a incumplimientos ambientales, las canteras fueron selladas por la Secretaría Distrital de Ambiente y las consecuencias ecológicas en el terreno se empezaron a evidenciar. En 1997, el antiguo FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de Emergencias) -hoy IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático)- emitió un informe de sitio en el que alertó, por primera vez, que “la actividad extractivista modificó las propiedades de los cerros y alteró su estabilidad”. Desde ese momento se categorizó al barrio Brisas del Volador como una zona de alto riesgo por deslizamiento de tierra y desprendimiento de rocas, dificultando que las personas puedan habitar el sitio. La señora Benavides recuerda que por ese momento ya vivían más de cien personas en el barrio.

A continuación, puede ver la comparativa entre dos mapas de marzo del 2000 y agosto de 2024 que demuestran los procesos de crecimiento urbano en el sector de Brisas del Volador.

Y es que la urbanización en Bogotá empezó a crecer de manera rápida. La progresiva llegada de víctimas del conflicto armado, campesinos, indígenas y afros desplazados buscando mejores condiciones de vida en Bogotá aceleró el crecimiento de barrios como Brisas del Volador y otros asentamientos en la periferia de la ciudad. No obstante, muchos de ellos llegaron chocándose de frente sin oportunidades de vivienda y empleo.

"Justamente las personas que no tienen recursos en Colombia, personas sin tierra, desplazados por la violencia o desplazados por factores económicos terminan asentándose en lugares que son de mayor riesgo, como aquellas con potencial de deslizamiento, como en Ciudad Bolívar y otras localidades de Bogotá", manifiesta el antropólogo Juan Carlos Gutiérrez.

La lucha por encontrar su espacio para habitar la ciudad se reducía a la informalidad o al pagadiario para estas comunidades. Elías Reyes, quien venía de Santander, trabajó en vigilancia por muchos años y así lograba pagar por noches una habitación, o en los mejores casos el arriendo del mes. En 1992, un amigo suyo le presentó a Roberto Lagos, un propietario de grandes terrenos en Brisas del Volador. “Yo le dije (a Lagos) que estaba buscando un pedazo de tierra para armar casa, que había llegado desplazado y no tenía cómo comprárselo. El señor accedió y me dio un lotecito. Él no necesitaba tanta tierra”, cuenta Reyes.

Así como él, muchas de estas familias que iban llegando a Bogotá construyeron sus viviendas en lotes baldíos y lo hacían de forma artesanal y autónoma, en la mayoría de los casos con material recuperado como zinc para las tejas y paredes, y madera para los suelos y bases de la vivienda. Al asentarse en zonas periféricas y poco habitadas, la ubicación de las viviendas llegaba a estar en laderas de las montañas con inclinaciones casi verticales de hasta 70 grados, según se registra en los estudios del antiguo Fopae.

Por estas características, el IDIGER diagnosticó desde 1997 un riesgo alto en todo el barrio a causa de posibles deslizamientos de tierra que hasta hoy se mantiene. En la siguiente línea del tiempo se muestran algunos de los hechos más relevantes que en los informes técnicos se han registrado, donde se pueden ver fecha, documento de alerta y una corta descripción de la emergencia y recomendación, que año tras año ha realizado la entidad en este barrio. Se evidencia una repetición incesante de eventos catastróficos, alertas y recomendaciones poco atendidas que dejan cada vez más saldos de víctimas. El problema no se ha solucionado de raíz.

Al tiempo, las autoridades identificaban que en estas viviendas no solo existía inseguridad estructural, sino que tampoco se satisfacía la seguridad alimentaria y social entre los habitantes. Entidades como la Secretaría de Integración Social y la Secretaría Distrital de Planeación determinaban que se trataba de familias numerosas, en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios públicos y con dificultades para acceder a la educación y al empleo.

Estas condiciones, junto a las dificultades geográficas, lograron que a Brisas del Volador llegaran bandas delincuenciales a establecer sus actividades.

“Se presentan allí modalidades delictivas asociadas a las organizaciones armadas ilegales que permiten ocupar terrenos u obligan a ciertas personas a que se asienten en un sector, a cambio de servir de fachada para el microtráfico de armas y/o drogas, pero con el agravante que no les permiten salir de la zona, los mantienen amenazados y les cobran vacunas por su seguridad y permanencia en el territorio”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad a través de derechos de petición en los que se le consultó sobre estos asentamientos.

Así pues, a Brisas del Volador, recuerdan sus vecinos, llegaron grupos a instalar sus rentas criminales, entre ellas, la urbanización ilegal. La Policía Metropolitana de Bogotá identificó que en muchos casos estos terrenos eran promocionados y vendidos de forma irregular por tierreros. Estos delincuentes, según la Secretaría de Gobierno, se apropian de predios públicos o privados que generalmente carecen de vigilancia, realizan adecuaciones (tala de árboles, instalación fraudulenta y artesanal de servicios públicos, entre otras), lo 'lotean' y aperturan vías para personas y/o vehículos en zonas de alto riesgo. A la par, ofrecen los inmuebles a muy bajo costo mediante publicaciones en redes sociales, medios de comunicaciones locales o volanteo, con posibilidades de financiamiento, firma de una promesa de compraventa, entre otras figuras.

En Brisas del Volador, los delincuentes ofrecían lotes a precios accesibles y con falsas escrituras a las familias vulnerables aprovechándose de su necesidad de conseguir vivienda. De acuerdo con las autoridades, las víctimas terminan adquiriendo créditos no bancarios a tasas por encima de las permitidas.

Esta dinámica empeoró aún más las condiciones de vida de los habitantes. Ante esto, la alcaldesa local de Ciudad Bolívar en 2023, Tatiana Piñeros, respondió a un derecho de petición que “el propósito es el de prevenir la propagación de estos asentamientos ilegales. Por lo tanto, las funciones de la Policía son realizar el desmonte de estructuras que están siendo levantadas, pero aún no son habitadas”.

Así las cosas, las estrategias que se han propuesto desde las autoridades inician con jornadas de sensibilización con la comunidad y llegan hasta el desalojo y desmonte de las viviendas, donde cientos de personas, aunque son avisadas, quedan a la deriva de la ciudad y sin vivienda digna.