El desplazamiento forzado y el regreso

Muchos colombianos recuerdan el 2010 y 2011 como unos de los años que más vieron llover. El país enfrentó la ola invernal más fuerte en las últimas cuatro décadas y se declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica por los desastres naturales.

En Bogotá los paraguas nunca cerraron, las botas pantaneras se convirtieron en los zapatos del día a día y los impermeables remplazaron las chaquetas. Las calles mantenían inundadas y para muchos bogotanos los planes al aire libre, las salidas en bicicleta y los domingos de sol, se acabaron. El mejor lugar para resguardarse de los tremendos aguaceros y el granizo, eran sus casas. O bueno, para la mayoría, pues a los vecinos de Brisas del Volador, ni el techo los pudo proteger.

En esos dos años se registraron más de 2,4 millones de damnificados y más de 7.500 viviendas afectadas por las lluvias, las avalanchas, los deslizamientos y las inundaciones, de acuerdo con información de la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior.

A comienzos del 2010, Ana Benilda Parada, la entonces presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, recuerda que el IDIGER los visitó para hacer estudios técnicos sobre el riesgo de deslizamientos y realizó algunas jornadas de sensibilización y concientización con los vecinos. “Ellos vinieron y en las charlas nos decían que el barrio estaba en riesgo alto por deslizamiento. Pero esas charlas no sirvieron mucho porque iban poquitos vecinos y tampoco les entendíamos lo que decían. Eran muy técnicos”, recuerda.

A los vecinos de Brisas del Volador, la tarde del 17 de noviembre del 2010 no se les va a olvidar. Elías Reyes, quien ya tenía algunos años viviendo en el sector luego de llegar desplazado de Santander, fue testigo de una catástrofe.

Reyes salió de su casa a las 4:30 de la mañana hacia su trabajo como vigilante en un parqueadero. Como era costumbre por esos días, la mañana inició con lluvias. Salió cuando aún estaba oscuro y regresó hacia las 6 de la tarde. Tomó el colectivo que lo llevaba a su casa y en el camino se detuvo en Vista Hermosa, un barrio cercano a Brisas del Volador. El conductor les dijo a los pasajeros que hasta ahí pudo subir, porque más adelante había un derrumbe.

Reyes bajó del colectivo y, como el resto de las personas, caminó hasta su casa sin saber qué pasaba. A unos 700 metros de su vivienda, los vecinos estaban intentando mover el lodo de la carretera para poder pasar. Cuentan los vecinos que a las 3 de la tarde, cuando el fuerte aguacero llevaba más de dos horas, una gran masa de la montaña se desprendió deslizándose hasta el abismo del cerro. Cerca de 45 viviendas resultaron afectadas, recuerda la presidenta de la JAC, Ana Benilda Parada, quien con su esposo y los demás vecinos intentaban despejar la vía.

“Nos tocó pasar por encima pisando todo el barro. Había policía, funcionarios de la Alcaldía, bomberos y todo”, cuenta Reyes, mientras recuerda cómo la tierra había arrastrado árboles, palos de madera, tablas, bolsas, latas de zinc e incluso ladrillos. Llegó a su hogar y vio que en su vivienda solo las tejas se habían roto, daños menores en comparación con algunos de sus vecinos, quienes sí lo perdieron todo.

Para esos vecinos de Brisas del Volador, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar dispuso de los programas de reubicación, en los cuales primero son reasentados en albergues. Ana Benilda Parada ofreció su casa como refugio para dos vecinos y sus familias, quienes vivieron por más de dos meses en su garaje, acomodados en colchonetas que la Alcaldía les brindó. “Nos dieron colchonetas y cobijas, y cada mes mandaban un bono de 150.000 pesos para mercado y les giraban 270.000 pesos como auxilio para las dos familias”, narra la líder del barrio.

El Programa de Reasentamientos, liderado por la Caja de Vivienda Popular y la Secretaría de Hábitat, les cubría con un auxilio económico de arrendamiento, que según Parada era insuficiente para pagar el arriendo de un apartamento donde pudieran vivir cuatro personas o más. También les ofrecían la alternativa de subsidiar la compra de una vivienda usada o nueva para reasentarse definitivamente en una vivienda sin riesgos por desastres.

Parada recuerda que, aunque la mayoría de los 45 hogares se acogieron a las ayudas del Distrito, con el tiempo fueron desistiendo del proceso por las demoras o dificultades, y sin otra alternativa volvían a autoconstruir su vivienda en los mismos predios de donde meses atrás se vieron forzados a salir.

Esta reincidencia en las zonas de riesgo se explica precisamente por las vulnerabilidades con las que ya vienen las familias, como la de Elías Reyes. "Los factores de riesgo no deben ser atendidos mediante asuntos policivos, porque a la gente que se le saca de cualquier lugar porque está en una zona "ilegal" -que en realidad es "no formalizada"-, pues se va a ir a otro lugar en condiciones similares. De hecho, va a perder las condiciones de hábitat que había construido allí y va a generar un aumento de su vulnerabilidad, porque lo que hace es perder su capacidad de relacionamiento social, vecindad y tejido", afirma Gutiérrez.

La entonces presidenta de la JAC cuenta que al siguiente año la misma montaña que había sufrido el deslizamiento ya estaba nuevamente habitada, se veían más de 20 casas construidas. Frente a esta situación, la Alcaldía Local programó jornadas de desalojo con la Policía en Brisas del Volador con el propósito de desmontar las estructuras y reubicar nuevamente a los habitantes, quienes ya habían recibido alertas. A estas personas las sacaban, pero meses después los predios volvían a ser construidos ante la incertidumbre de no tener un hogar.

Elías Reyes recuerda que por un tiempo venían muy seguido funcionarios de la Alcaldía a insistir en que le darían una vivienda segura, pero, dice, no garantizaban soluciones a corto plazo más que un albergue. “El problema fue que descuidaron a las personas afectadas, no les dieron soluciones y llegaron esos tierreros y aprovecharon el desorden”, cuenta acerca del momento en que bandas criminales llegaron a amedrentar vecinos como él para apoderarse de predios y venderlos a quienes los necesitaban.

En medio de esta emergencia, Parada y Reyes lideraron un programa de huertas comunitarias en el barrio para integrar a los vecinos. “A mí me gusta mucho la agricultura y vi que algunos viejitos del barrio también eran campesinos, entonces aquí trabajábamos todos cultivando curuba, hortalizas, arracacha y más. Era para el beneficio de la comunidad”, cuenta Reyes de la huerta que construyó en su hogar y a la que todos podían entrar a trabajar. Incluso, contaron con apoyo del Jardín Botánico y la Secretaría de Integración Social.

Aunque el proyecto trajo muchos beneficios para los vecinos, la Secretaría de Hábitat emitió nuevamente una carta de desalojo a Reyes, alegando que su vivienda se encontraba en riesgo no mitigable de un deslizamiento, como había ocurrido con otros vecinos un año atrás en Brisas del Volador. A su casa llegó la notificación de que se acogería al Programa de Reasentamiento y su vivienda sería desmontada el próximo mes.

Reyes aceptó y se fue a vivir en arriendo a un apartamento con una de sus hijas. A los pocos días llegó un camión, trabajadores de la Secretaría de Seguridad y uniformados de la Policía para desmontar la madera, las placas de zinc, el plástico y los demás materiales de recuperación con los que había construido, como él le dice, ‘su rancha’.

Aún así, las autoridades le permitieron continuar con la huerta, siempre y cuando no se le volviera a dar un uso residencial al predio. Quedó entonces un pequeño lote con cultivos y sin alguna construcción habitable, como le habían ordenado.

Tres años duró Reyes buscando una vivienda que cumpliera con las condiciones que el Programa de Reasentamientos le exigía, hasta que consiguió un apartamento en Candelaria La Nueva, Ciudad Bolívar. Desde 2014 vive allí, pero nunca abandonó la huerta ni Brisas del Volador. Constantemente iba a trabajar en sus cultivos y con la fundación Laudes Infantis que hace trabajos sociales en el barrio.

A pesar de que el desalojo y el desmonte parecía un episodio superado, seis años después se volvería a protagonizar una tragedia. Meses antes del confinamiento por el covid-19, Reyes cuenta que un señor llamado Neftalí lo contactó para poder participar en la huerta. Como era comunitaria, asegura que al hombre le dieron la bienvenida y participaba con los demás vecinos de las cosechas. En marzo del 2020, la ciudad inició el periodo de cuarentena y, como todos los bogotanos, los vecinos de Brisas se confinaron. Como en su mayoría participaban adultos mayores, las autoridades les ordenaron que suspendieran las actividades en la huerta para evitar contagios del virus.

Con todo y la advertencia, Neftalí habría frecuentado la huerta, pero, cuenta Reyes, los vecinos notaron que la estaría destruyendo. Reyes fue alertado de la situación, llegó a la huerta y afirma que vio los cultivos destruidos, algunos árboles talados y el suelo completamente pelado.

"La gente me decía: '¿y es que usted le vendió el pedazo a ese señor Neftalí? Porque anda sacando tierra. Está haciendo como un parqueadero o unos lotes'. Cuando se le preguntaba a ese señor por lo que estaba haciendo, respondía grosero y con amenazas", afirma Reyes. Según denuncia, se dio aviso a las autoridades de esta presunta ocupación, pero al parecer no se obtuvo ninguna respuesta favorable a su petición.

Ante las amenazas, Reyes y varios integrantes de la fundación lo denunciaron. Pero cada vez más personas empezaban a construir y habitar los lotes del predio. Cifras oficiales suministradas por la Policía Metropolitana de Bogotá, indican que se adelantaron 27 jornadas de desalojos en la zona en 2020, pero rápidamente volvían a ser habitados. Incluso, realizaron 23 operativos de seguridad en 2021, pues localizaron en ese punto bandas criminales dedicadas a la venta de estupefacientes.

“A esos ranchos ha venido la Policía y han terminado hasta en balaceras, muertos y capturados con bandas que se esconden ahí detrás de gente humilde”, relata Reyes sobre las acciones de la fuerza pública, entra ellas una en 2022 cuando capturaron ocho integrantes de una banda dedicada al microtráfico en la parte alta de la localidad.