Víctimas Invisibles

Según la Organización Internacional del Trabajo, el empleo informal es “todo aquel remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos”, lo que significa la ausencia de contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores. “De los cinco millones de trabajadores campesinos que hay en Colombia, el 85% desarrollan actividades laborales de manera informal”, aseguró la ministra de Trabajo, Alicia Arango, durante la cumbre de ministros en Agroexpo. Los campesinos independientes no hacen parte de la cadena de producción alimentaria en masa: se dedican a cultivar sus tierras o criar ganado, para luego negociar sus productos con cadenas informales. Cabe resaltar que en este tipo de comercio no existen contratos ni acuerdos fijos en cuanto a precios y cantidades, como sí es el caso de los productores formales.

Aunque estas personas no hacen parte del entorno urbano, donde se han concentrado los contagios de Covid-19 y las medidas de prevención y contención respectivas, también están viviendo un cambio exponencial en sus estilos de vida y trabajo. Cambios que, en ocasiones, requieren mucho más esfuerzo de adaptación. La situación en el campo es real y no está aislada de la coyuntura actual. Cuatro campesinos de distintos lugares de Colombia dan cuenta de este fenómeno sistémico: don Vidal Amorocho, cuya finca dedicada a la piscicultura (crianza de peces) y la ganadería está ubicada en la vereda Casa de Tabla, municipio de San Alberto, Cesar; don Guillermo Pérez, el cual tiene un conjunto de fincas con plantaciones de piña, tomate y limón Taití en la vereda Llano de Palmas, municipio de Rionegro, Santander; doña Alba Galeano, que en su poderío tiene una finca llena de gallinas ponedoras, cercana al municipio de Tona, Santander, y don Jorge Pimienta, quien sostiene grandes extensiones de tierra ocupadas por vacas lecheras cerca al municipio de Curumaní, también en el Cesar.

Estos trabajadores rurales tienen algo en común: no se encuentran debidamente registrados dentro de la cadena de abastecimiento y producción de alimentos que cobija con garantías laborales a sus empleados. Al no pertenecer de manera formal, quedan por fuera de las excepciones consignadas en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que imparte los parámetros instructivos en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19 y el mantenimiento del orden público. Dicho decreto, en su Artículo 1, expresa que “para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, salvo por las excepciones previstas”. Aquí es cuando nace uno de sus problemas: como no hacen parte de las excepciones estipuladas, no pueden salir a vender sus productos durante el aislamiento preventivo obligatorio, salvo por el día de ‘pico y cédula’ que les corresponda.

“Antes de la cuarentena podía llevar un bulto de pescado en la moto en cualquier momento. Ahora tengo que esperar mi día de pico y cédula para poder salir a comercializar el pescado”, afirma don Vidal; un claro testimonio de las limitaciones que las medidas implementadas por el gobierno colombiano imponen en el transporte de productos. Su metodología de distribución y comercio tuvo que ser modificada para adecuarse a las condiciones actuales: antes iba a la plaza y vendía el pescado, pero ahora tiene que ir casa por casa o vender sobre pedido, hasta reunir lo necesario para comprar los insumos que su finca requiere (fertilizantes, insecticidas, alimento para su ganado) y solventar los gastos de su familia. Prácticamente, don Vidal es el que mantiene a su familia y a su finca, ya que la otra fuente de ingresos con la que cuentan es la pensión de su esposa, quien recibe una pensión por invalidez: siendo profesora sufrió de una enfermedad crónica en la garganta que le imposibilitó dar más clases, pero está destinada al pago universitario de dos de sus tres hijos. Para él, las dificultades en el transporte de sus productos no solo entorpecen el intercambio mercantil, sino que también significan un gasto más en los costos de producción, lo que implica la necesidad de aumentar el precio a sus productos o enfrentarse a pérdidas monetarias.

Para doña Alba, “las distintas restricciones del gobierno nacional hacen que se complique el transporte de los huevos”, ya que tampoco se le permite salir en toda la semana, solo puede negociar el producto cuando el pico y cédula la habilite. Aparte, expresa un problema adicional: “hay semanas donde el día de abastecimiento del proveedor no coincide con mi día de pico y cédula, por lo que hay semanas donde me he quedado sin poder comercializar”. Aunque ella se considere como trabajadora independiente en vez de informal, las complicaciones en cuanto al transporte de la materia prima que produce (huevos y gallinas) también desestabilizan su economía.

A su vez, don Jorge, quien de manera introvertida no se pronunció mucho en la entrevista, expresó que, en el entorno ganadero, los camiones que sacan el ganado de las fincas y lo transportan hacia los mataderos escasean: “La dificultad para conseguir el transporte para ganaderos se ha incrementado, escasean los camiones y los pocos que están trabajando cobran más caro”.

El incremento en los costos de los insumos para la alimentación agrícola y para el mantenimiento de los cultivos es otro contratiempo por el que los productores primarios están pasando. Los campesinos manifiestan que se está abusando en la fijación de los precios de venta de los insumos, lo que consecuentemente genera un sobrecosto de producción. Organizaciones como Dignidad Agropecuaria (movimiento que agrupa a los diferentes sectores agrarios del país) ya le habían informado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los elevados costos de los agroinsumos. 

“Los campesinos no pueden seguir pagando insumos caros en medio de esta coyuntura económica”, manifestó el representante a la Cámara del partido Cambio Radical Julio Cesar Triana en una misiva dirigida al Ministerio de Agricultura para que este impartiera medidas regulatorias en pro de la disminución de los precios de agroinsumos.

Frente a esto, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, expidió el Decreto 471 del 25 de marzo de 2020, en el que sometía bajo el Régimen de Libertad Vigilada a insumos esenciales, con el fin de “preservar el campo y proteger a los campesinos y, por ende, salvaguardar el abastecimiento de productos y la seguridad alimentaria del país". A simple vista, se piensa que si el Ministerio asume el control de la política de precios, la volatilidad de estos se estabiliza, pero la percepción cambia cuando se lee el significado de “Régimen de Libertad Vigilada”. Según lo consignado en los reglamentos técnicos y metrología legal de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la libertad vigilada “los vendedores determinan libremente el precio de sus productos, bajo la única obligación de reportar sobre sus operaciones”, lo que quiere decir que los agentes del mercado seguirán determinando libremente los precios que cobran por sus productos, solo que ahora informarán cuando lo hagan. En este caso, los precios serían informados al SIPSA (Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario).

“Es estrambótica y ridícula la forma como están creciendo los costos de producción”, expresa don Guillermo en contradicción con las anunciaciones del Ministro de Agricultura. Este agricultor informal muestra la otra cara de la moneda: al hacer cuentas de la inflación en el precio del Fertilizante Yara, estima que “un bulto de este fertilizante que antes costaba $105.000 pesos, ahora está en $140.000 pesos”. Lo mismo sucede con los insecticidas indispensables para el apto crecimiento de los cultivos: uno que usualmente costaba $50.000 pesos ahora está a $85.000 pesos. Los costos de producción están aumentando en un 40% o 30%, dependiendo del insumo requerido, ocasionando que “la agricultura se vuelva un negocio de ricos”, como explica don Guillermo.

Don Vidal también hace cálculos y comparaciones con los precios pre-pandémicos. En su caso, el bulto de sal (mineral esencial para el óptimo desarrollo de las vacas) le costaba $11.000 pesos, pero con la coyuntura actual este insumo para el ganado ha subido a $15.000 pesos. Según él, se debe a las dificultades que está presentando el país para transportar los insumos de un lugar a otro. En este caso, la sal que se compra en el departamento del Cesar es proveniente de las costas del mar Caribe, en Manaure y Bahía Honda, en La Guajira, y los proveedores de esos lugares no estarían encontrando los camioneros necesarios para su distribución.

Manuel Gutiérrez, dueño de varias veterinarias agropecuarias distribuidoras de insumos, afirma que “la economía y producción agropecuaria ha estado tan cara gracias al precio del dólar (...) porque la mayoría de los insumos son importados”. Este experto en el comercio de insumos agropecuarios explica que la economía del campo se ha visto afectada por la incapacidad que tiene el país para producir materia fundamental para sí mismo y por la ausencia de subsidios para mejorar la calidad en este sector. De por sí no se producen suficientes insumos agropecuarios en Colombia y, así se produjeran, la competencia con el exterior haría que estas empresas quebraran, ya que países como Venezuela y Brasil subsidian este tipo de producciones y hacen que la importación de este material sea más viable.

Según Gutiérrez, la única empresa productora de fertilizante en Colombia es Monómeros colombo-venezolanos, quien “produce abonos, pero no suple la necesidad de Colombia”. Y como la única opción que tiene el país para suplir la necesidad de estos insumos es la importación, se tiene que atener a su elevado precio a causa del alza en el dólar. Además de esto, “el cierre de todo tipo de transporte aéreo ha contribuido en este encarecimiento, pues las materias primas eran traídas por los vuelos (…), ahora se tienen que contratar vuelos privados o los importadores que tienen materia prima guardada se aprovechan de esto y le ponen el precio que les plazca”, asegura Manuel.

Entre las medidas de precaución que el gobierno ha establecido frente a la coyuntura actual, se encuentra el cese del funcionamiento de varios sectores de la economía, los cuales eran abastecidos por productores primarios. Ahora, los productores que a su vez hacían el papel de proveedores, ya no tienen la oportunidad de comerciar con pequeñas empresas como restaurantes, plazas de mercado, comidas rápidas de barrio, etc. Su campo de negociación quedó limitado a la interacción con grandes empresas, las únicas que actualmente cuentan con permiso de funcionamiento. Esto, en parte, les disminuye la cantidad de producto vendido y genera producto retenido. Aquí es donde las empresas toman ventaja, ya que al no existir mayor competencia, pueden imponer los precios de los productos, bajando su costo y aprovechando la incapacidad de los campesinos de negarse a ceder, pues de lo contrario nadie más comprará su producto y este se perderá.

“Si el gobierno no hace una reingeniería en el sector agropecuario en los sectores pequeños y medianos, si no mira a ver cómo soluciona la intermediación, la comercialización y la adquisición de los insumos, el problema va a ser terrible porque puede afectar hasta la seguridad alimentaria del país”, especuló don Guillermo refiriéndose a la crisis que están viviendo los pequeños y medianos productores del sector agropecuario. Como muchos, él ha tenido pérdidas considerables a causa de la coyuntura actual: en el último cultivo de su producto estrella (la piña) contaba con 100 mil plantas que usualmente eran vendidas a $5.000 pesos cada una, pero como sus compradores cerraron, que mayoritariamente eran fábricas de mermelada y pizzerías de barrio (por la pizza hawaiana), tuvo que trasladar la fruta al mercado fresco. Allí tuvo que bajarle el precio a cada planta de piña en un 90% para poder competir con la Piña Oro Miel, la favorita en dicho mercado.

Doña Alba señala tres momentos en la comercialización del huevo durante la pandemia. Al principio la demanda era muy alta, debido a que la gente se estaba abasteciendo de manera desmesurada, preparándose para lo que sería el aislamiento preventivo obligatorio. A la mitad de la pandemia “no había huevo represado en las granjas, por lo que su precio subió y la gente fue desabasteciendo”. Y ahora “nuevamente hay huevo represado en las granjas, lo que ocasiona que el precio de los huevos disminuya y se estandarice un poco. El problema ahora es que las personas no tienen dinero suficiente para abastecerse como al principio”, explica.

Se preguntarán: “¿de qué se quejan si la demanda y el precio de los productos están subiendo exponencialmente?”. El problema es que la demanda ha aumentado, pero los que se enriquecen con esto son los comercializadores, a costillas del bajo precio con el que le compran al productor primario. “Los precios de las frutas y verduras han subido considerablemente, pero eso no se traslada al productor primario”, afirma don Guillermo. “Se benefician son las grandes empresas que producen más de mil canastas de huevos. Estas son las que le van poniendo el precio a los pequeños proveedores de huevo”, añade doña Alba. Sus voces apuntan en dirección a la misma declaración: el pequeño productor no está recibiendo lucro por el alza de los precios en la canasta familiar, son los comercializadores los que están sacando provecho de eso.

Que gran parte de los órganos gubernamentales, de los entes económicos, de la población en general se encuentren en el sector urbano, no es excusa para descuidar de manera tan abrupta el sector rural. Los campesinos imploran ayudas y es el deber del gobierno colombiano escuchar su llamado: regular el precio de los insumos; facilitarles el transporte de sus productos, que son su fuente de ingresos; garantizar una óptima y competente competencia mercantil, e impedir que grandes empresas se aprovechen de sus necesidades a causa de la pandemia. Todo esto para garantizar una digna calidad de trabajo y de vida a los campesinos y asegurar la estabilidad de la seguridad alimentaria del país.

Por: Jafeth Carvajal

“Conocí a mi expareja hace dos años cuando me devolvía del trabajo. El bus que cogía de donde laboraba a mi casa me dejaba frente a unos talleres, así que todos los días pasaba por ahí. Mi mamá siempre me recomendaba que pasara rápido por esa zona y así lo solía hacer, hasta un día que me crucé con él, quien era mecánico, y ahí empezó nuestra ‘historia de amor’. Yo desde un principio lo amé mucho, aunque nunca supe el porqué. Ahora creo que era porque él me decía que me amaba tanto como yo a él y me lo demostraba todo el tiempo, o al menos eso me hacía creer. 

Meses después de entablar la relación yo quedé embarazada. Apenas nos enteramos de la noticia, pensamos en irnos a vivir con mi madre y con mi hermana, pero ese apartamento era pequeño y no daba abasto para cinco personas. Además, él decía que allí no tendríamos ‘privacidad como familia’, que era mejor formar nuestro propio espacio. Así que terminamos por mudarnos a una pieza económica y pequeña en las afueras de la ciudad.

Mi embarazo desde un inicio fue jodido, no podía moverme y siempre había un complique. Mi expareja me recomendó que por mi condición dejara de trabajar, decía que tomar dos buses para llegar a mi trabajo podía ser riesgoso; comentaba que él era el hombre de la casa y que él podría responder por los tres. Yo lo hice y, aunque me indemnizaron, empecé a depender de él económicamente.

En cuanto a nuestra relación habían días buenos y otros muy muy malos, todo dependía de qué tanto le obedecía, de si yo salía o de si él estaba tomado. Yo a él lo conocí bebedor, así que nunca le puse problema por el alcohol. Pero después, a medida que pasaban los meses, él empezó a quedarse por fuera de la casa. Uno de esos días en los que llegaba amanecido, yo le hice reclamo y le pregunté en dónde había estado; ante esto el respondió golpeándome y me dijo que era ‘una loca enferma’. Ese día decidí volver a la casa de mi madre. Él, dos días después, apareció y suplicó perdón, yo sabía que teníamos muchos problemas, pero todavía lo amaba y pensaba que podía cambiar, así que volví, pero no pude tomar peor decisión…

Unas semanas después empezaría la cuarentena y, así, empezaría a vivir los peores días que he vivido en mi vida. Día tras día fui abusada tanto emocional como físicamente por mi expareja. Cada día que el Presidente alargaba la cuarentena, para mí se alargaba el suplicio. El confinamiento buscaba ayudarnos a todos, pero a mí me terminó fue de confinar a un ciclo de abuso y daño”.

De igual forma, a medida que se iban implementando medidas para prevenir el Covid-19, distintos países reportaron un aumento de las llamadas por parte de mujeres en busca de ayuda, así como también un incremento notorio de casos de violencia contra la mujer.

¿Cuál es la situación en Colombia? 

Ante este panorama, Colombia no es la excepción. Según muestra el último informe hecho por el Observatorio de Feminicidios Colombia, sistema de información de la Red Feminista Antimilitarista,  desde el día que inició la cuarentena hasta el 16 de junio, es decir 90 días después, se han presentado a nivel nacional 104 feminicidios, un delito por discriminación que tiene como trasfondo el desprecio hacia las mujeres y que está impulsado por una cultura desigual, de odio y machista.

Tras esta situación, el 17 de junio diferentes colectivas feministas y distintas mujeres se sumaron al movimiento #EmergeciaNacionalPorFeminicidios, en la que, mediante distintos comunicados, posts y acciones de protesta, se declararon en estado de emergencia y exigieron a los entes competentes acciones que protejan sus vidas y garanticen sus derechos.

Durante un debate realizado en la Comisión Primera de la Cámara el pasado 14 de abril, la Fiscalía General de la Nación reportó que durante los primeros 20 días que llevaba hasta ese entonces el aislamiento preventivo obligatorio había 19 mujeres registradas como víctimas de feminicidio. Sin embargo, según rastrea el  Dossier de cuarentena que sacó el Observatorio de Feminicidios Colombia, estos 19 feminicidios ocurrieron únicamente en los primeros 15 días del aislamiento preventivo, los 15 últimos días del mes de marzo.

Este informe expone cuántos feminicidios se han presentado cada mes dentro del periodo que se ha mantenido el aislamiento. Mientras en el mes de abril se presentaron 27 feminicidios, en el mes de marzo se presentaron 31. De igual forma, en lo que va de junio se han registrado 27 feminicidios. Solo el día 16 de junio se presentaron 8 de estos asesinatos. 

Según el Décimo Boletín sobre las líneas de atención telefónica a mujeres en el contexto de medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, frente al 2019, este año aumentó en un 147% el número de llamadas efectivas recibidas a la Línea 155. Mientras entre el 25 de marzo y el 28 de mayo del 2019 se recibieron en promedio 52 llamadas diarias, este año, durante el mismo periodo, se recibieron 128, más del doble.

De estas llamadas, 3 de cada 4 fueron catalogadas como violencia intrafamiliar y, de estas últimas, 9 de cada 10 fueron realizadas por una mujer. De igual forma, el boletín expone que este año el número de llamadas a causa de violencia doméstica incrementó en un 162% frente al año pasado. 

Así mismo, según un informe de Sisma mujer, organización colombiana de carácter feminista que trabaja con mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de su género, este año, solo hasta el 23 de abril, estimaron que cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar y cada 21 minutos se emitió una denuncia por delitos sexuales.

¿Cuáles han sido las medidas tomadas por el Estado?

El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, ante el constante aumento en las denuncias y en las llamadas por violencia de género en contra de la mujer, se han visto en la necesidad de implementar medidas.

Por su parte, el Gobierno puso en marcha la campaña mediática #JuntosPorEllas. Esta campaña, liderada por la ministra del Interior, Alicia Arango, tuvo como propósito minimizar el abuso y la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en el país. A través de las redes sociales se difundió cómo las mujeres y las familias que son víctimas de cualquier tipo de abuso o agresión podían acercarse a denunciar a las autoridades.

En el mismo sentido, el Gobierno distrital de la ciudad de Bogotá implementó diferentes acciones para actuar dentro del marco de la pandemia. Una de estas acciones fue la estrategia de #EnCasaSinViolencias o ‘Espacios Seguros’, la cual se consolidó mediante una alianza entre Fenalco y la Secretaría Distrital de la Mujer. 

Esta iniciativa buscó multiplicar los canales de atención que tienen las mujeres para denunciar cualquier tipo de violencia o abuso, así como disminuir y prevenir agresiones futuras. Para lograrlo, se convirtió a 638 almacenes, entre los que se encuentran Justo & Bueno, D1, Droguerías Farmatodo y Ara, en líneas de atención rápida donde las mujeres pudieran comunicar de manera segura su situación.

Así mismo, frente al incremento de casos, el Gobierno buscó solidificar la Línea Purpura ‘mujeres que escuchan mujeres’, creada por la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Salud en el 2015 para mujeres mayores de 18 años que habitan en Bogotá. A través de esta línea, diferentes profesionales brindan información, atención y orientación guiada a aquellas mujeres que llaman denunciando una situación de violencia. A pesar de que en ella se atiendan casos de violencia es importante esclarecer que no es una línea de emergencia, es decir que no es la línea a la cual se debería contactar si alguien se encuentra viviendo una situación potencialmente mortal en ese determinado momento, para eso está la Línea 123, por ejemplo.

Por último, otra acción llevada a cabo por la Secretaría Distrital de la Mujer, fue el lanzamiento de la ‘Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio’. Ruta que contiene información específica para las mujeres que se encuentran en riesgo en época de cuarentena en Bogotá y que busca desnaturalizar este tipo de violencias.

¿Son estas medidas suficientes en Bogotá?

A pesar de los diferentes mecanismos empleados por el Gobierno, las cifras parecen no disminuir en la capital, la ciudad que suele registrar mayores cifras en cuanto a llamadas de auxilio. El último reporte de atenciones hechas por la Secretaría de la Mujer, consolidado entre el 20 marzo y el 19 de mayo, expone que el 59% de llamadas atendidas desde los servicios telefónicos de la Secretaría respecta a temas asociados a la Línea Púrpura Distrital.

De igual forma, según aparece en los microdatos oficiales del registro de atenciones, durante la cuarentena esta misma línea ha recibido en promedio 400 llamadas al día, así como 170 mensajes diarios a través de WhatsApp.

Ante estas alarmantes cifras, organizaciones de la sociedad civil han puesto sus equipos de trabajo a disposición para prevenir y contener más hechos de violencia contra la mujer durante el confinamiento.

Una de estas organizaciones que se consolidó con el fin de brindar ayuda ante esta situación es la Red Solidaria de Mujeres, una red conformada por colectivas e individualidades feministas organizadas de manera autónoma y autogestionada para brindar primeros auxilios psicológicos, apoyo jurídico, asesoría de rutas, asistencia psicosocial y auxilio material a mujeres que ante la situación de aislamiento preventivo se encuentran expuestas a afrontar diferentes formas de violencia.

Estas mujeres, en vista del desbordamiento que se estaba presentando por las altas cifras que manejan las líneas de atención oficiales en la capital, el 30 de marzo empezaron a brindar su apoyo a las mujeres que sufren a causa de la violencia de género.

Dos meses después de que esta colectiva inició de forma voluntaria esta labor, 2 mujeres de las 37 integrantes de la Red, quienes por políticas de la misma pidieron guardar su identidad, se dispusieron a informarnos y comentar su experiencia.

En principio, las dos voluntarias comentaron que existe un tipo de violencia institucional dentro de las líneas oficiales y que, de hecho, este fue uno de los distintos motivos por los que ellas decidieron articularse. “Existe un tipo de violencia institucional debido a que muchas veces no hay claridad en las rutas y que, del mismo modo, en muchos casos la atención no llega a ser del todo efectiva. Problemas como estos generan que las mujeres, muchas veces, no sepan qué hacer o cómo resolverlo, y que, por lo mismo, se vean en la necesidad de pasar una y otra vez por distintas instancias que pueden desencadenar en una revictimización”, comentó una de ellas. 

“Esta violencia institucional se ve muchas veces reflejada en la Línea Púrpura. A todas estas personas contratadas por el Estado para prestar apoyo en estos servicios —explicaba la otra integrante—,  muchas veces les desbordan demasiados casos. Situación que resulta problemática, no solo por la explotación que puede estar vivenciando una funcionara, sino también para la mujer que está siendo atendida y que puede no obtener la atención que debería.

Si una persona tiene muchos casos que atender al tiempo, lo más probable es que remita la llamada o que no esté en la capacidad de cumplir a cabalidad la ruta que debería de llevar ante una situación de violencia. En este sentido, la capacidad mental y física de alguien que está trabajando desde su casa no será del todo óptima, así como tampoco lo será el poder suplir las necesidades de las mujeres”.

Un punto que en distintos momentos ambas resaltaron fue como muchas instituciones las han buscado a ellas a lo largo del aislamiento preventivo. Por ejemplo, narraron cómo en algún momento la Defensoría las contactó, a una red voluntaria, para buscar apoyo de cosas que, según el trabajo que lleva a cabo la institución, debería de conocer. “Apreciamos tanto el que se reconozca que se carece de alguna información, como el hecho de interesarse por cumplir la labor, pero resulta preocupante evidenciar que una entidad así no tiene mecanismos certeros para accionar en la actual situación”, expuso una de las voluntarias. 

A su vez, indicaron que aunque bien existen días donde se comunican con ellas entre 7 y 8 personas, hay otros donde no hay comunicación alguna y que, por lo mismo, el promedio que manejan de llamadas efectivas corresponde entre 3 y 4 personas diarias. Aquí algunas llegan remitidas y otras por cuenta propia. Ellas, en su página web, actualizan semanalmente el número de personas que atienden, el porcentaje de mujeres atendidas por localidad en Bogotá y el número de mujeres junto al tipo de atención brindada.

Cuando se les preguntó si habían podido observar algún patrón en las llamadas que reciben respondieron que no se sentían en la capacidad de estipular si había un patrón específico que se pudiera evidenciar en todas. No obstante, señalaron que sí hay un tema que podría verse de manera transversal en la gran mayoría de los casos y que este se encuentra relacionado con el factor económico. Aun así, también añadieron que a este no se le estaba dando relevancia suficiente.

“Las posibilidades económicas que tienen las mujeres versus los hombres dificultan muchas veces el que se puedan salir de sus casas, denunciar o finalizar con una relación que está siendo violenta. Pues muchas de ellas, al no tener una fuente de ingresos seguro o al no poseer un trabajo, dependen de su agresor para lograr subsistir. Y aunque el Estado sí parezca ser consciente de esto, las medidas que otorga parecen estar ignorando esta realidad”, explicó una de ellas.

‘Sandra’, quien brindó su testimonio para este artículo, pertenece a ese grupo de mujeres a las que se les ha dificultado terminar su relación debido a su contexto económico. “Si yo seguí aguantándomelo a él y a su violencia día tras día en la cuarentena era porque no sabía que iba a pasar conmigo y con el futuro bebé si me llegaba separar de él. Yo no tengo forma de sostenernos, yo renuncié a mi trabajo, porque eso acordamos, y mi mamá a duras penas puede con ella y con mi hermana”, relató.

Lina Morales, integrante de la Red Jurídica Feminista, organización en la que brindan asesoría jurídica feminista y acompañamiento en el proceso judicial a mujeres víctimas de violencia; y que hace parte de la Red Solidaria para Mujeres, también entabló un dialogo con Plaza Capital y habló sobre el mismo punto.

Morales expuso que debido al aislamiento, y a que muchas mujeres trabajan de manera informal o en oficios en relación al aseo o al cuidado, hoy hay más mujeres afectadas por la incapacidad de conseguir alimentos para sus familias. A su vez, explicó que es una situación que, aun cuando evidencia una brecha de género, está siendo pasada por alto.

En semejanza con la respuesta brindada por las voluntarias de la Red Solidaria para Mujeres, Lina enunció que si bien el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital de Bogotá, que es donde trabaja su colectiva mayoritariamente, habían tomado ciertas medidas en pro de ayudar, lo que este panorama hizo fue evidenciar la ineficacia del Estado ante la posibilidad de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres.

“Al entrar en cuarentena —respondió Morales— se hizo evidente que no había capacidad institucional para garantizar la seguridad de las mujeres. Se evidencio que: las rutas de atención no son eficientes, que no hay suficientes personas, que no se tiene una ruta clara y que las mujeres no conocen la ruta. En el mismo sentido también se pudo observar que las mujeres no saben cuáles son las violencias de género y que, si bien se han venido implementando medidas, estas no han sido suficientes y adecuadas, pues muchas de estas han puesto en riesgo a mujeres y distintas poblaciones.

Atender casos de violencia de género tiene que dejar de ser aleatorio y que cualquier persona la asuma. La violencia de género tiene unas estructuras claras que deben ser atendidas por profesionales que tengan conocimiento y capacitación en violencias de género”.

Esta visión fue compartida por las dos voluntarias de la Red Solidaria de Mujeres. Ambas comentaron cómo diferentes medidas que habían sido tomadas en casos que conocían fueron ineficaces y hasta “resultan peligrosas para las mujeres”. Un ejemplo de esto fue la campaña Espacios Seguros. “Esta medida no sólo podía poner en riesgo la seguridad de quien atendía, pero de la misma mujer que debía ir a pedir ayuda. Por más que la intención sea facilitar el denunciar o el adquirir información, resulta contraproducente hacer una campaña tan mediática y con tanta publicidad. Si el agresor se da cuenta de que estas medidas existen, podría impedirle a la mujer incluso el salir de la casa; estas medidas por ayudar podrían terminar condenando más”, explico una de las dos integrantes. 

¿Hay soluciones?

Una integrante de la Red Solidaria para Mujeres comentó en repetidas ocasiones la importancia de que las estrategias para combatir este fenómeno fueran tomadas con base en un enfoque de género, sin embargo, también recalcó cómo este enfoque no existía en las medidas implementadas. “No hay enfoque real de género, lo que hay es una improvisación en las medidas y en la atención. De hecho, muchas de estas medidas parece que sólo intentarán posicionarse bien mediáticamente, pero de fondo no hay una verdadera mirada de género que reconozca las estructuras sobre las que se construye nuestra sociedad”.

Por su parte, Morales también enfatizó la relevancia de que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales implementen medidas con una perspectiva de género: “Pensar las políticas públicas en clave del enfoque de género es que se tenga en cuenta que hay una situación diferencial entre hombres, mujeres y disidencias de género o identidades de género diversas. Pues las necesidades y las violencias de género sufridas por las mujeres y las disidencias de género distan mucho de la de los hombres. Hay toda una estructura patriarcal y de machismo que sustenta y perpetúa esta brecha de género que nos separa. De hecho, es a causa de estas diferencias, que surge una necesidad a nivel nacional e internacional de que se examinen las cosas desde este enfoque.

En este sentido, cuando se pide que haya políticas públicas con enfoque de género lo que se pide es que se busque garantizar mediante estas políticas una especie de equidad entre hombres y mujeres en el acceso a los derechos. De esta forma se logrará que no se aumente más la brecha. Es una cuestión de equidad, de acceso a los derechos y de que se tengan en cuenta las violencias estructurales que sufren las mujeres y los otros cuerpos disidentes”, expusó Morales.

Frente a esto ONU Mujeres, la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, a través de su instagram @onumujeres ha decidido exponer, de manera detallada en diferentes posts, cuál es el impacto que tiene la emergencia por el Covid-19 en las mujeres y hacer un llamado a los gobiernos a transversalizar la perspectiva de género en respuesta a la pandemia. Según lo exponen, es una inmensa necesidad. 

¿Estás en riesgo? Aquí algunas líneas de contacto a las que puedes acudir:

• Línea 123: Línea de emergencia nacional y de denuncias para todo el país.

• Línea 414: Línea de protección de niños, niñas y adolescentes. 

• Línea 155: Iniciativa que surge como parte del Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Esta línea busca brindar orientación a mujeres víctimas de violencias en todo el país. Y, aun cuando no es una línea de emergencia, informa sobre el acceso a los servicios de justicia, psicológicos y médicos en todo el país. 

• Línea y Whatsapp Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 y WA 300 755 18 46

Líneas de la Fiscalía: Estas líneas reciben denuncias de delitos de violencia basada en género y tienen una ruta de atención activa.

• Celular: 122

• Teléfono de contacto: 01 8000 919 748

Por: María Alejandra Gonzales

El 25 de marzo empezó a regir una cuarentena obligatoria en la ciudad de Bogotá con el fin de mitigar el avance del contagio del Covid-19. Debido a las restricciones impuestas, los refugios y fundaciones protectoras que se dedican al cuidado de animales que llegan a sus puertas por diversas razones, principalmente abandono y maltrato, han tenido que reinventarse para seguir cumpliendo con su principal razón, en sus palabras, que cada ‘peludo’ encuentre una familia que adquiera el compromiso de cuidarlo y amarlo por toda su vida.

Con el inicio de la cuarentena, y el incremento de casos positivos de Codiv-19, las personas buscaban por cualquier medio evitar el contagio que, según creencias urbanas, podía inclusive llegar por medio de las mascotas. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá por medio del IDPYBA han sido enfáticos en asegurar que no hay evidencia científica de que el Covid-19 pudiera infectar animales. Esto significa que no son un foco de contagio para las personas.

Según datos de la Alcaldía de Bogotá, para el 2 de abril más de 200 perros y gatos ingresaron al IDPYBA principalmente a causa de abandono y maltrato. Por su parte, Nelson Gómez, director general de IDPYBA, indica que el instituto ha realizado, entre el 20 de marzo y el 17 de mayo, 212 visitas de verificación de maltrato animal y ha atendido 261 urgencias veterinarias. Las verificaciones se realizan por el Escuadrón Anticrueldad, conformado por médicos veterinarios, personal de apoyo técnico y abogados, que cuenta con el acompañamiento de la Policía Ambiental y Ecológica y la Inspección de Policía. Las visitas se realizan con el fin de evaluar las condiciones del animal, como su salud, nutrición, espacios cómodos y comportamiento. El Escuadrón Anticrueldad solo emite conceptos técnicos para que las entidades competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación, realicen los procedimientos necesarios para asegurar el bienestar del animal.

Es importante resaltar que el IDPYBA no es el único receptor de animales abandonados, numerosos refugios y fundaciones protectoras de animales en toda Bogotá también los reciben, algunas de manera independiente y otras en alianza con el IDPYBA. Según Gómez, el instituto está cerrando mayo con aliados en 350 fundaciones, organizaciones, colectivos, hogares de paso, proteccionistas y refugios.

Este es el caso de la Fundación La Huella Roja, que desde el 2004 atiende animales de compañía o domésticos y animales callejeros. En este momento tienen a su cargo más de 150 perros y gatos dentro de la fundación, pero con las rutas de atención a animales callejeros suman un aproximado de 180 animales atendidos directamente. Alirio Pulido, director de la fundación, menciona que la cuarentena ha afectado directamente a los animales que atienden porque no se pueden dar en adopción, ya que es prácticamente imposible realizar las jornadas, y porque la cuarentena ha golpeado económicamente a la organización. La Huella Roja se ha sostenido económicamente desde su conformación por medio de donaciones, créditos y personas que apadrinan animales. Pulido asegura que la fundación, a pesar de ser apoyada por algunas personas, se está haciendo insostenible ante la coyuntura actual del país.

La Fundación Rufo Salvando Vidas atraviesa una situación similar, la cual atiende a 130 animales directamente en la fundación, algunos animales callejeros en zonas vulnerables de la ciudad y unos hogares de paso. Andrea Clavijo, representante legal de la fundación, menciona que lo único fijo económicamente es el pago del arriendo, ya que reciben asistencia de una persona, lo demás es por medio de apoyo económico, donaciones de comida, entre otros. Clavijo dice que están en una situación difícil a causa de la cuarentena, “porque como la gente no tiene dinero, menos ayudas llegan”. Por su parte, la Fundación Rufo ha recibido varias solicitudes de adopción durante la cuarentena, pero la mayoría no se han concretado. “Yo no corro por buscarles hogares, lo principal es que queden en buenos hogares”, dice la animalista.

Por otro lado, Diana Bonilla, directora de la Fundación Mascotas Colombia, entrega unas cifras alentadoras en cuanto a la entrega de mascotas en adopción. Menciona con orgullo que en la red de refugios a la que pertenece la fundación, la adopción ha aumentado aproximadamente un 30% con respecto a lo que se registraba antes del inicio de la cuarentena. Dice en tono alegre que “es alentador saber que las mascotas se están adhiriendo a familias que seguramente las van a amar y cuidar durante toda su vida”. Junto con el aumento de la adopción en la red de refugios, Diana Bonilla menciona que han tenido que cambiar la forma en la que se realizan las adopciones. Antes de la cuarentena lo más común era que las personas fueran a las fundaciones o a las jornadas de adopción en busca de su ‘peludo’, pero en medio de la coyuntura actual, la Fundación Mascotas Colombia ha empezado a realizar las adopciones a domicilio para no solo asegurarse de que la familia a la que llega la mascota es la indicada, sino también para revisar que lleguen al mejor entorno posible.

La Fundación La Huella Roja y la Fundación Rufo Salvando Vidas coinciden en que la adecuación de la labor del IDPYBA durante la cuarentena no ha sido la mejor, principalmente porque las necesarias jornadas de esterilización y vacunación no se están realizando, generando problemas en la atención de nuevos animales que llegan a las fundaciones. Frente a esto, el director del IDPYBA aseguró que aunque actualmente estén suspendidas las jornadas de esterilización, el instituto está identificando zonas y puntos de la ciudad en los que existe mayor concentración de caninos y felinos sin esterilizar, con el fin de crear una nueva modalidad con protocolos de bioseguridad que en este momento, asegura el director, están en espera de aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Secretaría Distrital de Salud.

Según datos del IDPYBA, actualmente tienen a su cargo 480 animales de compañía que se encuentran en procesos de recuperación tanto física como comportamental, con el fin de ser entregados al programa de adopción. Actualmente el instituto cuenta con 280 perros y gatos en espera de ser adoptados. Gómez indica que, con el fin de mantener los programas de adopción y la entrega de animales, en la página web se estableció un apartado de adopciones en el que se encuentran todos los requisitos de los adoptantes y las fotos de los animales disponibles para entregar en adopción. Del 20 de marzo al 17 de mayo el instituto recibió 3.108 solicitudes de adopción y entregó 94 animales.

Aunque la Fundación Mascotas Colombia indica que el abandono de animales ha incrementado entre el 30% y el 40%, el director del IDPYBA asegura que se está cayendo en un error de apreciación en cuanto al incremento del número de animales callejeros, ya que son apreciaciones subjetivas que carecen de una fuente oficial para corroborar esta información. Aunque no se conoce una cifra exacta del número de animales callejeros en Bogotá, el Concejo de Bogotá asegura que al menos uno de cada diez perros es callejero. 

Desde el IDPYBA, en cabeza de su director Nelson Gómez, se hace la invitación al trabajo conjunto de los diversos sectores para la promoción de la adquisición y tenencia responsable de los animales de compañía. Junto con la labor de los diferentes refugios, hogares de paso, organizaciones y demás actores protectores de animales, buscan crear una conciencia social en cuanto al cuidado de los animales y que todos puedan, como coinciden los demás entrevistados, llegar a una familia que les brinde amor y cariño durante toda su vida.

Por: Manuel Quintana

Fernando Ramírez Maldonado es un adulto mayor de 86 años que reside en el municipio de Villeta, Cundinamarca, junto con su esposa, quien padece de Alzheimer hace 13 años y actualmente está en silla de ruedas. Ambos abuelos, afiliados a la EPS Compensar (Empresa Prestadora de Salud), han visto como la situación de pandemia y confinamiento ha afectado sus vidas; están aislados de sus familiares queridos, sometidos al encierro por decreto presidencial y con grandes dificultades para acceder a sus citas médicas y a sus medicamentos. Con esta situación conviven a diario desde el 17 de marzo, día en que el presidente Iván Duque declaró que “hasta el 30 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares”.

La pareja de abuelos le da cara a una situación por la que han atravesado cientos de personas mayores con la llegada de la pandemia: verse muchas veces obligados a salir a la calle,  a pesar del decreto presidencial y siendo la población más vulnerable ante el Covid-19; encontrarse sin posibilidad de manejar tecnología, clave para sus controles médicos, y en muchas ocasiones sufrir enfermedades y no tener la posibilidad ni los insumos para tratarla o controlarla. De una u otra manera, siguen siendo los adultos mayores quienes más posibilidades tienen de perder en esta época de enclaustramiento. Para finales de mayo, según información del INS (Instituto Nacional de Salud), había más de 2.700 contagiados y 360 muertos de la tercera edad por Covid-19 en Colombia.

La atención médica, la principal dificultad

Si bien el caso de Fernando Ramírez y su esposa parece una situación aislada, desde que se decretó el confinamiento obligatorio, la situación de personas de tercera edad ha sido preocupante. En primer lugar, la atención médica que recibían antes de manera presencial ahora resulta casi imposible. Su poco conocimiento para manejar plataformas virtuales, diligenciar formularios y utilizar bien aplicaciones como Zoom, Microsoft Teams o Skype ha sido un calvario. Las citas de control médico, las citas con especialistas y las citas prioritarias se deben llevar a cabo de manera virtual o telefónica. Y es en este punto donde se presenta la primera dificultad: buena parte de las personas mayores no tiene conocimiento sobre cómo utilizar estas plataformas de comunicaciones, lo que conlleva a que a veces las citas virtuales entre los especialistas y las personas mayores, cuando son posibles, se realicen sin audio o video. Esto sumado a que en varias ocasiones se llevan a cabo con un límite de tiempo no mayor a 30 minutos, a veces mucho menos, debido a la gran demanda de citas virtuales y atención médica que hay en época de pandemia.

“Mi EPS se ha ‘puesto las pilas’ en ese sentido, aunque encuentro un problema para quienes no tenemos el conocimiento de manejar estas plataformas y computadores. Se nos presenta mucha dificultad para acceder a determinadas líneas de acceso. Falta una estructura más fácil o quizás un apoyo telefónico al paciente. Yo diría que la EPS no ha contemplado ese aspecto para personas que tengan dificultades con la vista”, comenta Fernando, quien debido a su edad y a una enfermedad del glaucoma, solo puede ver claramente por su ojo izquierdo, resultando muy difícil que los procesos virtuales que ofrecen las EPS sean amigables con sus necesidades.

Un gestor de una importante EPS en el país, cuyo nombre se mantiene anónimo por razones de seguridad laboral, afirmó que “a raíz de la pandemia todo ha tenido que ser de forma domiciliaria o virtual. Para los adultos mayores de 70 años ha habido muchas dificultades. No estábamos preparados para esta situación y para el volumen de solicitudes de citas o entrega de medicamentos. Otra dificultad aparte es que los adultos mayores no tienen manejo de las herramientas tecnológicas. Se evidencia que hay mucho adulto mayor solo que no tiene a nadie que le pueda ayudar a facilitar estos trámites”.

El poco conocimiento de los adultos mayores para manejar plataformas virtuales los obliga irremediablemente a salir de sus hogares para que la cita se realice presencial. Los abuelos salen a los mayores focos de contagio como lo son las EPS y, en algunas ocasiones, ni siquiera su visita presencial garantiza que los controles o el seguimiento de sus enfermedades sean valorados por un médico.

En más de una ocasión no se ha prestado un buen servicio ni de manera presencial, ni de manera virtual, como es el caso de Iliana, de 62 años, quien vive sola y también está afiliada a la EPS Compensar. Gracias a la pandemia, Iliana se ha visto envuelta en diferentes problemas para acceder a su servicio de salud. ”Primero el médico me recetó un medicamento, me pusieron una nueva cita virtual y a pesar de conectarme por la plataforma, jamás me cumplió”, afirmó. Pese a hacer los reclamos y las peticiones necesarias a la EPS para garantizar que la atendieran de manera óptima, resultó imposible. “Se supone que la cita era virtual, el médico nunca me llamó. Por ese motivo me pusieron una nueva cita para tres días después de manera virtual. Un día después de asignarme la nueva cita, me llamaron y me dicen que la cita ahora era presencial”. Sin embargo, Iliana salió de su hogar para asistir a la cita presencial en una sede de Compensar, en pleno crecimiento de la propagación de la pandemia. “A mí me tocó ir al consultorio del doctor el día 17 de abril. Y me parece terrible porque salgo con un riesgo inmenso y el motivo por el que salí ni siquiera se vio resuelto por parte de la EPS”. Su situación nunca se solucionó porque de ninguna manera pudo acceder a su medicamento. 

Así como a Iliana, a pesar de tener una buena relación con las plataformas tecnológicas, poder acceder a sus citas de control y con especialistas resultó un dolor de cabeza. La única respuesta que recibía de distintas personas de la EPS era que tenía que esperar hasta el 30 de mayo y volver a hacer el proceso de reclamación de medicamento, sin ofrecerle una garantía segura de que en su visita tras el 30 de mayo podría acceder a su medicamento. En fin, personas de la tercera edad al verse agobiadas por la tecnología y no tener un acompañante que les facilite los procesos digitales, se ven obligadas a salir a las calles para poder continuar sus procesos y tratamientos médicos, sin garantía de que lo logren.

El acceso a los medicamentos, otro dolor de cabeza

Sumado a las graves dificultades que existen para que las personas de tercera edad puedan tener control de sus enfermedades y servicios médicos, los medicamentos son importantes para que las intervenciones médicas o los tratamientos puedan realizarse. Y es en este punto donde un nuevo problema se presenta para la población de tercera edad.

Según una fuente perteneciente a la gestión y autorización de medicamentos de una importante EPS del país, quien prefiere permanecer anónima por su compromiso ético con la entidad, “la logística antes de la pandemia (para esa EPS en particular) estaba planeada para recibir 10 mil solicitudes de medicamentos, actualmente estamos teniendo aproximadamente 120 mil”. Y esta alta demanda es la que tiene consecuencias negativas en decenas de personas viejas, cohibiéndolas de tomar sus medicamentos en las fechas y horas estipuladas por sus médicos.

Frente a esta dificultad, que puede verse en varios casos de personas mayores, la mayoría de las EPS tomaron una postura de dinamizar la logística para que la entrega de los medicamentos correspondiera con las fechas en que las personas mayores deben tomarlos. Alternativas como enviar los medicamentos por domicilio, utilizar mensajería urbana y multiplicar los esfuerzos del personal para que los medicamentos sean autorizados y distribuidos fácilmente fueron algunas de ellas. Sin embargo, estos esfuerzos parecen no ser suficientes, puesto que muchas personas mayores en diferentes ocasiones tienen que salir de sus hogares para hacer los trámites del medicamento o utilizar el dinero de su pensión o ahorros propios para comprar un medicamento necesario y fundamental para su estabilidad y salud física. Medicamentos que sus EPS no suministran y a veces no dan razón suficiente de ello, alegando que se encuentra desabastecido, que hay mucha demanda o que sencillamente no lo pueden proveer en ese momento específico.

Este es el caso de una persona de tercera edad de 74 años: el medicamento que necesita nunca fue aprobado por una importante EPS con sede en Bogotá, a pesar de constantes llamadas por vía telefónica y mensajes mediante el ingreso web. Esta persona, que pertenece a ese amplio grupo de ciudadanos que en época de pandemia tiene dificultades con sus medicamentos, no tuvo más remedio que sacar dinero de su bolsillo (aproximadamente 80 mil pesos) y comprarlo por sus propios medios. A esta situación se ha visto obligada durante los últimos 2 meses, desde que inició la cuarentena.

La negación de medicamentos no es el único problema. Hay situaciones en donde la EPS obliga a la persona a ir a recoger el medicamento, como lo es el caso de Fernando Ramírez. Fernando cuenta que todos los medicamentos que son importantes le llegan a domicilio, pero que los pañales necesarios para el cuidado de su esposa no los llevan y es obligatorio salir de su hogar, arriesgar su vida e ir a la EPS a recogerlos. “Es un flagelo… Los pañales son insumos de primera necesidad. La EPS tiene obligación de suministrarlos…. Si exigen que la persona tenga que salir e ir personalmente, ¡hágame el favor! Es un riesgo grandísimo”, ratificó.

También hay casos en los que los medicamentos recetados por los especialistas están desabastecidos, como es el caso de Iliana. “A mí me hicieron una cirugía bariátrica y debo tomar un suplemento vitamínico de por vida. Pero resulta que luego de salir y estar dos horas haciendo fila en la calle, me dicen que el medicamento está desabastecido y que solo puedo volver hasta el 30 de mayo. Ni siquiera me recomendaron un medicamento similar…”, cuenta.

Y si estas personas pagan y están afiliadas, ¿cuál es la situación de las personas suscritas al Sisbén?

A pesar de que una afiliación a una EPS sondee entre los 100 mil y los 6 millones de pesos mensuales, un gran sector de la población de adultos mayores afiliada por pagos sigue siendo vulnerable. Pero, y si esto pasa con estas personas que pagan una gran proporción de dinero, ¿qué está pasando con aquellos adultos mayores beneficiados por el Estado?

Aproximadamente 1 millón 700 mil personas de la tercera edad son dependientes del régimen subsidiado en Colombia. Y teniendo en cuenta que en el país hay alrededor de 4 millones 500 mil personas mayores, esto significaría que aproximadamente 1 de cada 3 personas mayores en Colombia están afiliadas al Sisbén. ¿Cuántas deben ver obstaculizado su acceso al sistema de salud y al control médico que necesitan en esta época de pandemia?

Cabe decir que una población del régimen subsidiado es enviada por decisiones gubernamentales a las EPS, como una política pública de inclusión y mejora de acceso a la salud. Una fuente anónima de la EPS Compensar afirma que “obviamente esas personas tendrán mayor dificultad y sería más difícil el acceso a sus servicio que aquellas personas que pagan un monto mensual en esta época de pandemia”.

“Estas personas deben estar muy mal. Porque si a uno no lo atienden y no le prestan el servicio, calcule a una persona que no paga, muchas veces no le darán el servicio ni los medicamentos”, opina Fernando.

A día de esta publicación se intentó contactar por medio telefónico y vía correo electrónico a diferentes EPS como Compensar y a personal del régimen subsidiado (Sisbén) para conocer su capacidad de atención para las personas de tercera edad durante la pandemia, sin embargo, por el momento no ha habido una respuesta institucional de ninguno.

Aunque muchas EPS tienen eslogans parecidos a “estamos dispuestos a brindar el mejor servicio”, aún quedan muchos vacíos y retos en el sistema de salud para proteger realmente a la población mayor, también víctima de fuertes cargas emocionales. Con todo y esto, son muchas las personas de tercera edad que sin familiares o sin recursos se han tenido que debatir a diario sobre si salir y arriesgar su vida o privarse de atención médica hasta que la pandemia pase.

Por: Tomás Tarazona