Según el informe ‘Panorama del Sector Vivienda: Colombia’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cerca del 40% del ingreso de los colombianos se destina al arriendo, situándolo en el puesto 29 de los 30 países analizados. La organización sugiere que lo anterior dificulta el acceso a obtener vivienda propia y promueve la informalidad en el acceso a esta.
El proyecto de vivienda Unir fue la respuesta para miles de ciudadanos como Rosa que, en su necesidad de habitar la ciudad, adquirieron vivienda por medio de los urbanizadores piratas, pues siente que para personas con sus ingresos no hay créditos de vivienda. “A uno los bancos no le prestan, nadie le ofrece créditos. Y si llegan ofreciendo lotes con esa facilidad de pago directamente, pues uno accede porque de qué otra forma va a tener casa en Bogotá”, relata Rosa.
La urbanista Acosta denuncia que, actualmente, la política pública de vivienda en Bogotá no es asequible para el grueso de la población. “No se contempla a poblaciones que devengan menos de dos salarios mínimos, por ejemplo. Y es responsabilidad del Estado responder precisamente por esos grupos excluidos del mercado formal de vivienda”, puntualiza.
Es en esta situación que, explica la experta, las poblaciones vulnerables habitan la ciudad de las formas que pueden. Esta problemática es uno de los focos que Acosta propone solucionar urgentemente dentro de las siguientes administraciones locales.
En el gobierno saliente de Claudia López, el sector Hábitat fue el tercero que recibió mayor inversión, detrás de Movilidad y Educación. Puntualmente, en proyectos como la legalización de urbanizaciones informales, a corte de septiembre del 2023, se registró avance en 188 barrios de 250 propuestos. En 2022, la Unidad Catastro Distrital informó de más de 270 asentamientos informales en la ciudad, que deberán ser atendidos en la siguiente administración con miras a reducir las desigualdades en la ciudad y a garantizar el derecho a habitarla.